Sobre el marco legal boliviano

Sobre el marco legal boliviano

Bolivia ha actualizado su normativa sobre servicios de comunicación audiovisual a partir de la aprobación de una normativa más amplia, la Ley N°164 General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación de 2011 [1] y su posterior reglamentación a través del Decreto Supremo N°1391 de 2012 [2].

La legislación se incluye en el ámbito de una revisión general de todo el marco jurídico boliviano que se produjo luego de la aprobación de una nueva Constitución Política del Estado en 2009 en la que se reconoce el derecho a la comunicación y la información, se prohíbe la formación de monopolios y oligopolios en los medios de comunicación social y se reconoce el derecho a la creación de medios de comunicación comunitarios en igualdad de condiciones y oportunidades [3].

La Ley de Telecomunicaciones reconoce la existencia de cuatro sectores de radiodifusión sonora y televisiva: el estatal, el comercial, el social comunitario y el conformado por pueblos indígenas y comunidades afro-bolivianas. Las emisoras comunitarias están definidas por el Decreto Supremo N°29.174 de 2007 [4] tanto para radio como televisión, pero exclusivamente a manera de servicios en áreas rurales y localidades con población menor a 10.000 personas.

También se establecen reservas de espectro radioeléctrico dentro del que es utilizado para servicios de radio en frecuencia modulada y televisión analógica de hasta un 33% para el Estado, hasta un 33% para el sector comercial, hasta el 17% para las emisoras social-comunitarias y hasta un 17% para los “pueblos indígena originario campesinos, y las comunidades interculturales y afrobolivianas” [5].

Las licencias para emisoras comerciales se otorgan a través de mecanismos de licitación pública, mientras que para la radio y televisión comunitarias se asignan por concursos donde se valoran los proyectos comunicacionales presentados y no la capacidad económica [6]. En el caso de las emisoras estatales, la licencia la otorga el Poder Ejecutivo de manera directa [7].

El otorgamiento de licencias para servicios de radiodifusión corresponde al Poder Ejecutivo [8] a través de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) [9], mientras que los Gobiernos Indígena Originario Campesinos Autónomos podrán autorizar el funcionamiento de emisoras comunitarias dentro de su jurisdicción.

Las licencias se otorgan por un período de 15 años, y pueden ser prorrogadas por otros 15 años siempre que hayan cumplido con los compromisos asumidos. Posteriormente podrán presentarse a una nueva licitación [10].

El organismo de regulación y fiscalización de los servicios de comunicación audiovisual es la ATT, bajo la tutela del Ministerio de Obras Públicas y cuyo presidente es elegido directamente por este Ministerio.

 


Nota: El texto del resumen del marco regulatorio nacional toma como base un trabajo realizado por Gustavo Gómez a principios de 2014 y publicado por el Banco Mundial en el libro “La regulación de medios y la televisión digital en América Latina – Situación actual, tendencias y desafíos”. El original puede encontrarse en esta liga. Periódicamente se actualiza el resumen para incorporar los dinámicos cambios legislativos producidos en cada país. Por tanto el contenido final es de entera responsabilidad de OBSERVACOM.

Referencias:

[1] http://bolivia.infoleyes.com/shownorm.php?id=3175
[2] http://www.lexivox.org/norms/BO-DS-N1391.xhtml
[3] Art. 107, http://www.lexivox.org/norms/BO-CPE-20090207.html
[4] Reglamento de provisión de servicios de telecomunicaciones en áreas rurales del territorio nacional aprobado el 20 de junio de 2007. http://www.abs-cgroup.com/docs/telec/ds/DECRETO%20SUPREMO%20N%2029174%20DECRETO%20DE%2020%20DE%20JUNIO%20DE%202007%20203-214.pdf
[5] Art. 10
[6] Art. 10
[7] Art. 11
[8] Art. 8 I
[9] Art. 30 I
[10] Art. 30 II