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Chile: Una ley integral de medios, otro de los desafíos de Bachelet

Durante su campaña, Michelle Bachelet levantó como propuesta programática la creación de una señal de Televisión Nacional educativa y cultural, pero la sociedad espera más…

Faride Zerán*.Chile, mayo 2014.

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Ya resulta un lugar común que al hablar de la situación chilena en distintos ámbitos la palabra concentración económica se repita con frecuencia. En la riqueza, en la distribución de los ingresos, en la banca, en el comercio, en los operadores de cable, en la telefonía, y, por supuesto, en los medios de comunicación. La cerrada concentración de la propiedad de los medios y la dificultad de ampliar los márgenes de la cancha para que participen más y diversos actores en el ecosistema mediático, es una característica del espectro de medios chileno que no ha sido modificada sustancialmente desde los inicios de la transición política a la democracia, en los ’90.

De hecho, en esa primera década, Chile aparecía frecuentemente en los informes de organismos internacionales no solo por la falta de pluralismo y diversidad informativa sino  además por graves atentados a la libertad de expresión.

De esta manera, como parte de la deuda con la ciudadanía de los cuatro gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia (1990-2010) podemos señalar: El cierre sistemático de medios independientes por falta de avisaje, en un país donde los estudios confirman el sesgo ideológico conservador del empresariado a la hora de elegir dónde publicitar sus bienes y servicios; la creciente concentración en la propiedad –vertical, horizontal y como conglomerados-, en la participación en el mercado publicitario y en el mercado de audiencias, en todas las industrias (prensa, radio y televisión, a lo que se sumaron las telecomunicaciones); y la inexistencia de medios públicos.

Ello, no solo por la naturaleza de la transición, que abogaba por dar vuelta la página en materia de verdad y justicia en violaciones a los derechos humanos cometidos por la dictadura, entre otros puntos. Además, por la hegemonía del discurso de la elite política que bajo la premisa de “la mejor política comunicacional es la que no existe”, asumió que el mercado debía regularlo todo. Incluido el derecho a la comunicación.

De ahí que en la última campaña presidencial de Michelle Bachelet (militante socialista, abanderada del pacto Nueva Mayoría que agrupa a los partidos históricos de la Concertación más el Comunista), su equipo tuviera que tomar nota del creciente malestar de la sociedad ante el estrecho panorama mediático. Esto ya lo venían registrando los informes del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de las últimas décadas, y quedó en evidencia en las movilizaciones sociales del año 2011, cuando diversos actores y especialistas pusieron en el banquillo de los acusados la criminalización de la protesta por parte de las elites gobernantes, pero también a través de las imágenes y contenidos (re)producidos y puestos en circulación por los medios de comunicación, incluyendo acusaciones de manipulación informativa de la protesta.

En este contexto durante su campaña, Michelle Bachelet levantó como propuesta programática la creación de una señal de Televisión Nacional educativa y cultural, anunciando, además, su rechazo al veto introducido por el entonces Presidente Sebastián Piñera al proyecto de ley de Televisión Digital Terrestre que limitaba el concepto de pluralismo. Bachelet anunció, también, que introducirían modificaciones al Consejo Nacional de Televisión, incorporándolo al Ministerio de Cultura y Patrimonio (aún no creado) para ampliar sus atribuciones “manteniendo su rol regulador de la televisión abierta y enfatizando su rol de fomento de la calidad de la industria televisiva”.

En esta línea también se apuntaba el  envío al Congreso de un proyecto de ley con modificaciones sobre la televisión pública, algo que no sucedió, pero que no cambiaría sustantivamente la que ya existe.

Sin embargo, nada se ha dicho aún en torno al derecho a la información y comunicación como un eje central  para fortalecer la democracia, el pluralismo y la diversidad. Y menos acerca de la necesidad de enriquecer el debate ciudadano a través de la creación de nuevos espacios de información  y debate; o sobre una ley de medios que efectivamente estimule la creación de otros que den cuenta de la diversidad del país.

Una ley capaz de ver todos estos aspectos en conjunto, incluido el destino de 60 millones de dólares que el Estado gasta anualmente en avisaje y campañas públicas. Millones que, en definitiva, han contribuido a consolidar la existencia de un sistema de medios estrecho y de difícil acceso para otros actores y para la ciudadanía en su conjunto.

*Coordinadora del Programa de Libertad de Expresión y Ciudadanía de la Universidad de Chile, Premio Nacional de Periodismo 2007.

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