La Comisión Especial creada en la Cámara de Diputados para emitir su opinión sobre la Ley General de las Agencias Regulatorias (PL 6621/16) del Senado ya ha emitido 16 enmiendas. Si aprueba el proyecto con las modificaciones volverá al Senado para su consideración.
El proyecto busca unificar las disposiciones sobre la gestión, organización y procesos de decisión y control social de 11 agencias regulatorias, entre las que se encuentran la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (ANATEL) y la Agencia Nacional de Cine (ANCINE).
El objetivo es garantizar su autonomía, impedir la interferencia del sector privado y brindar transparencia a la gestión. El proyecto plantea la autonomía de las Agencias, que estaría dada por la “ausencia de tutela o subordinación jerárquica, por la autonomía funcional, decisoria, administrativa y financiera y por la investidura de sus dirigentes…”, señala el texto.
En cuanto al proceso decisorio, la iniciativa dispone que el organismo regulador deberá indicar los presupuestos en los que basa sus decisiones y que, para realizar cambios en los actos normativos, deberá realizar un Análisis de Impacto Regulatorio (AIR), con informaciones y datos sobre sus posibles efectos.
Además, el proceso de decisión deberá tener un carácter colegiado y las reuniones del Consejo Director o la Dirección Colegiada serán públicas y grabadas en un medio electrónico. El proyecto también indica que las decisiones del Consejo Director o Dirección Colegiada deben someterse a consulta pública previa.
La propuesta normativa también establece mecanismos relativos a la rendición de cuentas por parte de las Agencias Regulatorias, que deben someterse al control externo del Congreso Nacional con ayuda del Tribunal de Cuentas de la Unión. Para ello, los reguladores deben elaborar un plan estratégico en cada período quinquenal con objetivos, metas y resultados estratégicos esperados.
También se establece que cada Agencia deberá contar con un “veedor”, elegido y nominado por el Presidente del país con aprobación previa del Senado Federal. El veedor no tendrá subordinación jerárquica en la Agencia y entre atribuciones se encuentran velar por la calidad de los servicios prestados por la agencia, acompañar el proceso interno de cómputo de las denuncias y reclamos, entre otras cuestiones.
En cuanto a la articulación de las Agencias con el organismo de defensa de la competencia, se establece que deberán monitorear y acompañar las prácticas de mercado de los agentes de los sectores regulados de forma auxiliar a dichos órgano. Defensa de la competencia es responsable de la aplicación de la regulación sobre competencia de los sectores regulados, incluidos los actos de concentración. Se establece que los órganos de defensa de competencia pueden solicitar a los reguladores su parecer técnico sobre sus sectores de actuación, que serán utilizados como insumos para el análisis de actos de concentración e instrucción de procesos administrativos.
La iniciativa original del Senado (PL 52 de 2013), convertida en el PL 6621/2016, es del senador por Ceará, Eunício Oliveira y el relator en la Comisión Especial en la cámara de Diputados es Danilo Forte. Recientemente, Forte (PSDB-CE) presentó un nuevo parecer sobre el proyecto pero que mantiene sus aspectos esenciales, según TelaViva.
Entre los principales ajustes, se plantea que algunas propuestas sobre autonomía financiera y administrativa y transparencia también podrían ser aplicables al Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE).
También se abordan cuestiones relativas a los directivos del regulador. Se indica que si un directivo es apartado de su cargo y tiene condena penal, ésta no se puede recurrir. Además, el texto define que al final de su mandato, un presidente no podrá ser director, así como tampoco un director puede ser luego presidente.
Otra de las modificaciones tiene que ver con dar mayor flexibilidad a la implementación del Índice de Calidad Regulatoria para medir la eficacia de la activad de la agencia, entre otras.
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