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CONSULTA EN AMÉRICA LATINA SOBRE INTERNET

Son muchos los desafíos que aún enfrentamos para asegurar el ejercicio de derechos y para hacer una realidad la sociedad del conocimiento…

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A finales del año pasado, el Observatorio de Regulación, Medios y Convergencia (Observacom) realizó por encargo de la Consejería de Comunicación para América Latina de la UNESCO la Consulta en América Latina para recibir aportaciones sobre el estudio para “la universalidad de internet” con la finalidad de enriquecer las discusiones que se llevarán a cabo en este año 2015, como parte de la Agenda Post 2015 de la Sociedad de la Información.

La consulta fue contestada por 102 personas entre expertos, académicos y organizaciones dedicadas a la promoción y protección de la libertad de expresión de Argentina, Brasil, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, EE.UU., El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Republica Dominicana, Uruguay y Venezuela. El cuestionario para la Consulta, fue el mismo que elaboró la UNESCO París, con cuatro bloques con los temas referidos a el acceso a la información y el conocimiento, la libertad de expresión, la privacidad y las dimensiones éticas de la sociedad de la información.

Los resultados de la consulta serán debatidos en Paris los próximos 3 y 4 de marzo de 2015. El borrador del estudio global incluye los resultados de América Latina y puede y ser comentado por quienes lo deseen aquí.

 

Resultados de la Consulta en América Latina.

Lo que a continuación se presenta es una muy breve síntesis de algunos de los temas consultados, que en lo general dejan ver que aún existen muchos vacíos en materia de política pública y armonización de normativas respecto del uso de las redes y la garantía de los derechos a la libertad de información y expresión. Además algunos temas resultan de especial complejidad por representar contradicciones entre derechos o bien son situaciones nuevas a los cuales los múltiples debates aún no tienen respuestas del todo convincentes tales como el derecho al olvido o la retención de datos por parte de empresas y gobiernos, lo que supone retos a nivel global para que la Sociedad de la Información sea una realidad inclusiva de ejercicio material de derechos.

En el contexto actual esta claro que en la región latinoamericana la libertad de expresión y el derecho a la información aún tienen serios rezagos para su disfrute lo cual impacta de manera directa el uso de Internet como plataforma tecnológica que brinda enormes posibilidades para hacerlos viables.

 

Partir de lo básico: el acceso a la información. 

Sobre las preguntas relacionadas con el campo del acceso a la Información y el conocimiento, la falta de leyes y políticas que garanticen el acceso a la información pública es ya de entrada una barrera importante para estos componentes, en la medida que muchos gobiernos aún no ponen a disposición de la población información respecto de sus instituciones y su quehacer, por lo que una política de gobierno abierto, es lo que se considera necesario para también acceder de manera práctica a la información gubernamental.

La región tiene en la mayor parte de los países profundos rezagos para la conectividad, por lo que la garantía del acceso a la información incluye también  desarrollar infraestructura así como políticas de gestión del espectro para que la mayor parte de la población pueda acceder a la banda ancha y al internet. Si bien hay algunos países de la región con marcos legales que  reconocen el derecho de acceso a las tecnologías de la información como un derecho de las sociedades, en la práctica ese acceso no ocurre.

De conformidad con el principio de acceso universal, es decir con los derechos de igualdad y no discriminación, deben ser establecidos mecanismos regulatorios –que contemplen regímenes de precios, requisitos de servicio universal y acuerdos de licencia—para fomentar un acceso amplio a Internet, incluyendo a los sectores vulnerables y las zonas rurales más alejadas.

 

La neutralidad de la red.

Dentro de las respuestas de las personas consultadas, la neutralidad de la red ocupa un lugar prioritario para que los Estados la garanticen e impongan límites a las empresas. Este es uno de los temas a enfrentar por los reguladores y las empresas que proveen los servicios, en la medida que las tensiones son crecientes entre la defensa de la más amplia libertad de información en la red y la presión de la competencia en los diferentes mercados. En ese sentido las normas sobre neutralidad de la red deben exigir que los prestadores del servicio de Internet sean transparentes respecto de las prácticas que emplean para la gestión del tráfico o la información.

Las medidas de bloqueo de contenidos o aplicaciones pueden ser potenciales mecanismos para controlar o limitar la difusión de discursos especialmente protegidos o que tienen presunción de protección, algunos gobiernos han utilizado esta capacidad para impedir que la población pueda tener acceso a información fundamental de interés público que están interesados en ocultar o para evitar el disenso de la oposición política o ciudadana. Junto con las normativas y políticas gubernamentales también se hace necesario fomentar la responsabilidad de los buscadores para garantizar la neutralidad de la red, así como la creación de motores de búsqueda independientes, universales, no comerciales y respetuosos de la diversidad cultural.

 

Oposición de derechos.

Tal como sucede con la libertad de expresión off line en la on line, este derecho se ve muchas veces confrontado con otros derechos fundamentales, por lo que una buena parte de las instancias consultadas fueron especialmente enfáticas en retomar estándares ya establecidos por organismos internacionales de promoción y protección de la libertad de expresión, para resolver los nuevos desafíos de la libertad de expresión en internet, si bien hay un reconocimiento de que algunas situaciones implican especifidades para la protección de este derecho, las bases sentadas en diversos Tratados y su interpretación por diversas instancias deben ser la guía para los Estados y particulares.

En ese sentido cualquier regulación en internet tenga una revisión a luz de los estándares internacionales en materia de libertad de expresión, desde una perspectiva sistémica digital que involucre una amplia participación de los sectores involucrados, en especial la sociedad civil. El Marco Civil de Internet de Brasil es considerada como una buena práctica que debiera de ser observada por los Estados.

En ese sentido existe una preocupación por legislaciones o políticas de los gobiernos que implican  la vigilancia , retención de datos e intervención de las comunicaciones que tienen como base una supuesta protección de la seguridad nacional o de combate a la delincuencia, dejando un margen muy amplio a la interpretación, lo que pone en riesgo la privacidad y la protección de datos personales. Además la utilización de este tipo de conductas inhibe de manera importante la libertad de expresión, ya que los usuarios de internet al saberse vigilados pueden limitar sus expresiones. Es importante que en las legislaciones sobre este tema se establezcan los controles judiciales y otras salvaguardas a fin de evitar que sean utilizadas indebidamente para el espionaje de opiniones disidentes u otras conductas indebidas.

En relación con el punto anterior y a fin de evitar la censura en internet, resultan también de relevancia la protección de la posibilidad de ejercer la libertad de expresión de forma anónima a través de internet, restringir ese derecho puede generar efectos intimidatorios y limitar la libertad de expresión.

También hay que tener especial cuidado respecto del llamado derecho al olvido, reconocido por primera vez por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que se ha tratado de imitar por tribunales y órganos reguladores de algunos países que han terminado por tener un efecto contrario al derecho a la información, al restringir potencialmente información de interés público por involucrar casos ligados con corrupción, delitos, etc. Al determinar este derecho deben de observarse las salvaguardas necesarias para evitar la restricción al derecho a la información.

Otra de las limitaciones que se plantean para llegar plenamente a una sociedad del conocimiento se refiere a los derechos de autor. Esta permanente tensión en limitar ciertos contenidos y aplicaciones para garantizar los derechos de autor, especialmente de las grandes empresas, colisiona con la demanda ciudadana de garantizar la libertad de información, en ese sentido la mayor parte de las propuestas expuestas fueron encaminadas a flexibilizar las medidas para la defensa de los derechos de autor, de tal manera que los gobiernos sean capaces de equilibrar entre los intereses de las grandes corporaciones y el derecho de las mayorías del disfrute del derecho a la información.

Mención especial es la tendencia que existe en varios países de la región de adecuar sus normas legales o políticas púbicas en materia de internet de acuerdo a Tratados internacionales comerciales, en los que generalmente se excluye a la sociedad de sus contenidos y por lo tanto de su debate, por lo que es importante que los organismos multilaterales de protección y promoción de la libertad de expresión apoyen en la emisión de estándares que mitiguen la tensión de estos dos derechos.

 

Alfabetización digital.

El reto que tienen los Estados es no solamente la infrestructura, sino también de implementar políticas que aseguren la alfabetización digital no solamente para acceder a información necesaria para el desarrollo de las poblaciones vulnerables, sino también como medida para que se fomenten y potencien la producción de contenidos locales, que permitan la generación de mayores contenidos con pertinencia cultural, lingüística, etarea, entre otros. Uno de los puntos relevantes para hacer frente a estos retos es subsanar la carencia de estudios,  indicadores y estadísticas sobre la situación de estos sectores respecto de su situación al acceso sustantivo a internet. Los órganos gubernamentales con competencia en materia educativa debieran contar con planes específicos para la alfabetización digital tanto en la educación formal como no formal.

 

Concentración.

Así como en el sector mediático tradicional en América es sumamente concentrado, limitando seriamente la libertad de expresión, esa misma lógica está reproduciendose en internet al existir la centralización de la red en pocas manos lo que ocasiona un control de la información que fluye en las redes a través de prácticas como la indización de contenidos ejecutadas por grandes intermediarios como Google. Esta concentración también se encuentra en las suministradoras u operadores de servicios de internet lo que inhibe la competencia y genera servicios caros y de mala calidad.

En el otro extremo se encuentran los monopolios de servicios de internet estatales que permiten la posibilidad de que se filtren contenidos cuando no existen legislaciones que protejan la neutralidad de la red, lo que puede dar paso a la censura. El control de los servicios de Internet en manos del poder político deja abierta la posibilidad de que se filtren y contenidos que pudieran resultar críticos para la gestión gubernamental o que pudieran implicar ejercicios de contraloría social, mediante los que se seque a la luz pública cualquier situación de corrupción y omisión del Estado. Este tipo de contenidos que resultan incómodos para las autoridades políticas suelen ser censurados.

La centralización/concentración de la red  con actores en convergencia dominan más del 80 % de la información que fluye por Internet. La concentración empresarial de las suministradoras de servicios de telecomunicaciones reproduce el escenario mediático previo pero con otros actores, por lo que es indispensable la promoción de creación de contenidos locales y la vigilancia sobre el acaparamiento de mecanismos de identidad digital, tales como nombres de dominio, en manos de grandes corporaciones.

Al igual que en el sector audiovisual, es necesario, que los órganos reguladores de los servicios de internet tengan suficiente independencia de los poderes económicos y gubernamentales, a fin de proteger la libertad de expresión, de tal manera que su actuación pueda estar protegida de presiones indebidas por las presiones de mercado o de gobiernos específicos.

 

La agenda Post 2015.

Como puede observarse son muchos los desafíos que aún enfrentamos para asegurar el ejercicio de derechos y para hacer una realidad la sociedad del conocimiento. En ese sentido el trabajo de agencias como la UNESCO para sentar las directrices para todos los actores involucrados requerirá de mucho más que buena voluntad. La agenda que se discutirá en este año resulta crucial tanto a nivel global como la para región latinoamericana.