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Controversias por el régimen de sanciones del proyecto de Ley de Radio y TV en Costa Rica

Previo a su presentación oficial en la Asamblea Legislativa, se divulgó el documento borrador del proyecto de Ley de Radio y TV elaborado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT). Los principales medios, como el Diario Nación y Teletica, tildaron el proyecto de Ley Mordaza a partir del régimen de sanciones planteadas. Tras las controversias, el Gobierno planteó revisar este aspecto elaborando un nuevo borrador y solicitó formalmente la intervención de la OEA a través de una carta enviada al Relator Espacial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza.

 

La Ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, Gisella Kopper, expresó que “esas sanciones no son compartidas, ni son la voluntad del Gobierno”. A su vez destacó que el “Gobierno rechaza sanciones por contenido a medios de comunicación, esto tras el proceso de consulta que de manera amplia, transparente y participativa -desde diciembre del año 2014- se realiza de un documento borrador en torno a un eventual proyecto de Ley de Radio y Televisión”.

 

Las críticas al primer borrador del proyecto se centraron en el régimen de sanciones y quiénes son los encargados de definirlas. El proyecto establece tres tipos de infracciones: leves, graves (circulación de noticias falsas y uso de lenguaje vulgar) y muy graves, cada una de ellas conlleva a sanciones que van desde el pago de multas de 10 a 100 salarios mínimos hasta el cierre de emisoras. Otro de los cuestionamientos apuntó a que serían funcionarios del MICITT, quienes determinarían qué es una mentira o una frase contraria a las buenas costumbres.

 

También se criticó la atribución de concesiones a estaciones comunitarias, culturales, educativas, de experimentación u oficiales, especialmente la reserva del 30% de las concesiones asignables para la radiodifusión digital a emisoras regionales y comunitarias.

 

Promovido por la jefa de la bancada oficialista del Partido Acción Ciudadana (PAC), Emilia Molina y el subjefe, Javier Cambronero, así como por el legislador de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Jorge Rodríguez, 46 diputados acordaron interpelar en el plenario legislativo a la ministra de Ciencia y Tecnología, Gisela Kooper, sobre el borrador del proyecto de Ley.

Se prevé que la Contraloría General de la República realice la presentación oficial del documento a la Asamblea Legislativa a mitad de año.

 

 

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