Periodistas muertos, hostigamiento y agresiones contra medios y comunicadores, fuerte concentración mediática y la criminalización y falta de reconocimiento legal de las radios comunitarias e indígenas resumen la grave situación en materia de libertad de expresión que vive este país centroamericano.
Este diagnóstico surge del último informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión correspondiente a lo acontecido en 2015: «Situación de los derechos humanos en Guatemala: diversidad, desigualdad y exclusión«.
En materia de diversidad y pluralismo, estos organismos vienen reiterando desde el 2000 «la necesidad de un marco jurídico más justo e incluyente para la radiodifusión y la descriminalización de la radiodifusión sin licencia». Sin embargo, afirma el informe «no se observan avances en la obligación asumida en múltiples oportunidades por el Estado para reconocer legalmente al sector de la radiodifusión comunitaria e implementar la asignación efectiva de autorizaciones para utilizar frecuencias por parte de este sector».
Por el contrario, «han continuado las detenciones de radialistas y decomisos de equipos» de los medios comunitarios sin permiso, con posibles penas de prisión. La CIDH considera que «el establecimiento de sanciones de tipo criminal por conductas relacionadas al ejercicio irregular o no autorizado de la radiodifusión comercial o comunitaria, resultaría desproporcionado» de acuerdo a la Convención Americana de Derechos Humanos y, por tanto, una medida ilegítima.
El informe llega en momento que un proyecto de ley para reconocer a las radios comunitarias se encuentra a estudio del Congreso de Guatemala.
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