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Análisis - Costa Rica

Debate en Costa Rica sobre radiodifusión. Entre la Ley Mordaza y el debate interesado de los medios.

“El error político de la Administración Solís, de replicar esas normas vigentes en una propuesta de ley, motivó que los reclamos, en apariencia legítimos, disfrazaran una campaña por demeritar el debate sobre una nueva ley que regule los servicios de radio y televisión del país”.

 Giselle Boza */ Costa Rica, junio de 2015

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Una propuesta de ley, surgida del seno del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) para regular los servicios de radiodifusión sonora y televisiva en Costa Rica, provocó, en las últimas semanas, un cisma en el Poder Ejecutivo: la caída de dos Ministros y un viceministro, la integración de una Comisión Presidencial para asesorar al mandatario en temas de libertad de expresión y el nombramiento de un Ministro de Comunicación. El asunto no era menor: los más importantes medios de prensa del país advertían sobre el intento del Gobierno del Presidente Solís de impulsar una ley mordaza, al incluir en el texto borrador  una serie de artículos que sancionaban la publicación de contenidos.

Sin embargo, el despliegue mediático omitió señalar que tales normas ya existen en el ordenamiento jurídico costarricense, en la misma Ley de Radio y Televisión que han defendido por seis décadas los operadores comerciales. El error político de la Administración Solís, de replicar esas normas vigentes en una propuesta de ley, motivó que los reclamos, en apariencia legítimos, disfrazaran una campaña por demeritar el debate sobre una nueva ley que regule los servicios de radio y televisión del país.

La posición cómoda de los operadores comerciales con esta Ley, que data de 1954, explica por qué durante tantos años los medios no cuestionaron la mordaza vigente. La Ley de Radio, permite la prórroga automática de las concesiones, la cesión de las mismas –en montos exorbitantes- con la sola notificación al Ejecutivo, impuestos ínfimos calculados con base en la economía de los años 50, no reconoce a operadores diversos sino que ha sido un instrumento al servicio de la radiodifusión comercial, ni prevé políticas afirmativas para el estímulo a la producción audiovisual de carácter  nacional e independiente.

Este marco normativo obsoleto, que ha propiciado la concentración de frecuencias en algunos grupos económicos y excluido la radiodifusión con fines sociales, que carece de garantías para la diversidad y la pluralidad y que además contiene normas –como las cuestionadas- que sancionan la publicación de contenidos, es el único referente legal para el proceso de migración a la televisión digital en que se encuentra inmerso el país. Esta situación preocupa a la academia y algunos sectores sociales que consideran que la digitalización profundizará las desigualdades ante la ausencia de políticas públicas.

El sobredimensionado despliegue periodístico sobre la denominada Ley mordaza y las reacciones de los sectores de oposición al Gobierno dio como resultado la salida de la Ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, Gisela Kooper y el Viceministro de la cartera, Allan Ruiz. La misma presión mediática motivó también la sustitución del Ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez.

En el contexto de la discusión se invisibilizó siempre la necesidad del país de avanzar hacia un marco jurídico que atienda los más altos estándares de libertad de expresión en términos de diversidad, pluralidad y no discriminación.

La preocupación de los sectores académicos, en especial el Programa de Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Opinión Pública de la Universidad de Costa Rica (PROLEDI) es que la campaña organizada desde las más importantes empresas de comunicación con el apoyo de la Sociedad Interamericana de Prensa provoque una retirada del Gobierno en el debate en torno a una  nueva Ley de Radio y Televisión.

A la par de la firma de la Declaración de Chapultepec, por parte del Presidente Solís, y el compromiso de derogar los incisos vigentes de la Ley de Radio, que aunque inaplicables representan una amenaza a la libertad de información, se notó en los encuentros de la SIP con sectores locales un intento por cuestionar a quienes proponen un cambio de modelo en la radiodifusión costarricense.

El debate

La discusión en Costa Rica de una nueva ley reguladora de la radiodifusión sonora y televisiva se origina no sólo por la existencia de un mandato de la Contraloría General de la República Informe No. DFOE-IFR-IF-05-2013 que obliga al Poder Ejecutivo a proponer un texto de ley, sino en especial, por la presión de los sectores académicos y sociales que consideran, desde hace varios años, que Costa Rica cuenta con un marco normativo obsoleto, que no se ajusta a las transformaciones sociales, culturales y tecnológicas de las últimas décadas y que limita el ejercicio amplio de los derechos a la comunicación y la información de la ciudadanía.

Antes del escándalo, los operadores de radio agrupados en la Cámara Nacional de Radio defendían la necesidad de mantener la Ley. Andrés Quintana presidente honorario de la organización privada señaló que «… Veo innecesario variar la ley de 1954 y le propusimos al Micitt un nuevo reglamento técnico para regularla.”

Si bien existen opiniones diversas entre los mismos operadores comerciales, acerca de la necesidad de remozar el marco jurídico en materia de radiodifusión, quienes están a favor tampoco están dispuestos a ceder en un cambio de modelo. La propuesta de algunos sectores sociales y académicos de abrir espacios para iniciativas ciudadanas y comunitarias y para el fortalecimiento de los medios públicos es ampliamente criticada por estos sectores, quienes consideran que se trata de importar modelos de países con alta intervención estatal en los medios.

El mismo texto borrador del Gobierno, no sólo fue señalado por incorporar estas normas de control de contenidos o copiar textualmente algunos artículos de legislación extranjera, sino también -lo que evidencia que en el fondo se esconde una crítica al cambio de modelo–  se censuró por incorporar temas como la reserva de espectro para fines sociales, el reconocimiento de los medios comunitarios, los límites al capital extranjero y las políticas afirmativas para la producción nacional, entre otros aspectos.

Desde los sectores académicos se reconoció que por primera vez el Gobierno sometía a discusión un conjunto de propuestas para avanzar hacia un cambio en los servicios de radiodifusión sonora y televisiva, sin dejar de formular un conjunto de objeciones al texto borrador.  Por ejemplo, la propuesta del MICITT no establecía mandato claro, preciso y exigible de la obligación del Estado de garantizar la diversidad y el pluralismo en el sistema de servicios de radiodifusión, aspecto esencial para el desarrollo de la política pública sobre esta materia. El texto se concentraba en el rol promotor del Estado del desarrollo de los servicios en zonas rurales, de interés social o en zonas de frontera, más no establecía un deber de garantizar la diversidad y el pluralismo en los servicios de radiodifusión, en todos los ámbitos de cobertura, reconociendo la diversidad de operadores y previniendo la concentración de frecuencias en pocas manos.

Desde diciembre del 2014, la representación académica en los talleres de consulta convocados por el Micitt, advirtió que  si bien el texto acogía -en sus objetivos generales- la obligación de garantizar a los operadores públicos o privados la libertad de expresión, la libertad editorial, la independencia y la prohibición de censura previa, la sanción a la transmisión de contenidos diversos, bajo conceptos jurídicos indeterminados, por ejemplo noticias falsas, lenguaje vulgar o contrario a la buenas costumbres,   lenguaje injurioso, resultaban desafortunadas.

No obstante, la Administración del Presidente Solís no previó las reacciones de los medios en torno a un debate que se propuso ser abierto y transparente y que por años los Gobiernos habían optado por posponerlo.

La discusión pública sobre una nueva Ley de Radio y Televisión en Costa Rica parece reencauzarse. Mientras sectores sociales y académicos impulsan un proyecto de ley de iniciativa popular, el Presidente Solís y su Gobierno le han bajado el tono al debate, al firmar, ante los representantes de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la Declaración de Chapultepec y anunciar un proyecto de ley para derogar las cuestionadas normas vigentes.

El Programa de Libertad de Expresión de la Universidad de Costa Rica criticó la decisión del Gobierno de impulsar derogatorias parciales a la Ley de Radio de 1954, que si bien resultan urgentes y necesarias, posponen el debate sobre aspectos de igual urgencia y necesidad acerca de una ley, que como un todo, limita el ejercicio de la libertad de expresión de la ciudadanía.

*  Abogada y periodista.  Coordinadora del Programa de Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Opinión Pública (PROLEDI) de la Universidad de Costa Rica. Profesora de Derecho de la Comunicación en la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva e investigadora del Centro de Investigación en Comunicación (CICOM) y del Centro de Investigación en Estudios Políticos (CIEP)  de esta misma Universidad.

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