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Democratización de la comunicación en Uruguay depende de las urnas

La iniciativa legal más importante de los últimos años para democratizar los medios de comunicación en  Uruguay espera en algún cajón del parlamento -con media sanción de la Cámara de Diputados- a que pasen las elecciones nacionales del domingo 26 de octubre. El Frente Amplio y el Partido Nacional son los únicos partidos que dedican tramos de su programa de gobierno a la agenda de la comunicación, pero con importantes diferencias.

 Fabián Werner*/Uruguay, octubre 2014.

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El Frente Amplio (FA) promovió durante el gobierno encabezado por José Mujica un proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) que fue considerada como un “modelo”, tanto en su proceso de discusión como en su redacción final, por los Relatores Especiales para la Libertad de Expresión de la ONU y de la OEA. Sin embargo, a pesar de ese respaldo notable, los legisladores oficialistas no pudieron -o no supieron- aprobarlo a tiempo a fin de evitar prohibiciones constitucionales para la creación de nuevos cargos en la administración pública.

La iniciativa fue apoyada con vaivenes por el gobierno de José Mujica pero fue rechazada con monolítica vehemencia por empresarios y políticos de la oposición, que incluso llegaron a anunciar que en caso de ganar las elecciones se encargarían de evitar su aprobación (o de derogarla en caso de que esta ya se hubiera aprobado.

A pesar de esta polémica mediática ninguno de los partidos políticos que desafía al oficialismo en estas elecciones presidenciales ha incluido el tema en sus programas electorales. El Frente Amplio, si bien defiende los avances conseguidos en esta y otras temáticas vinculadas a las telecomunicaciones, tampoco habla del tema en los actos públicos de sus candidatos.

 Claves estratégicas del Frente Amplio.

“Las Telecomunicaciones constituyen una de las áreas estratégicas de desarrollo de las sociedades”, afirma el documento frenteamplista y destaca los avances registrados en el último período de gobierno en cuanto al despliegue de fibra óptica al hogar que “posiciona a Uruguay en los primeros lugares del mundo en banda ancha y conectividad”. Este aspecto destacable, incluso por los redactores del programa del opositor Partido Nacional, no está acompañado de medidas concretas que permitan vislumbrar cuáles serán los modos por los cuales un eventual tercer gobierno del FA aprovechará esa moderna infraestructura.

El documento frenteamplista destaca el acceso equitativo a los servicios de telecomunicaciones, el desarrollo del sector (“donde el acceso a la información y el conocimiento es un factor clave”) y la soberanía (a fin de “garantizar la seguridad cibernética del país, con políticas alineadas con los demás países de la región”) como los tres ejes de su programa en el tema.

La izquierda también destaca el rol cumplido en los últimos años por ANTEL, la empresa pública de telecomunicaciones, a la que califica como “nave insignia” en la aplicación de las políticas públicas en esta materia. Sin duda la batalla en este terreno con la oposición será feroz, ya que las bases programáticas del Partido Nacional –principal desafiante, de centroderecha- plantea unas perspectivas totalmente opuestas, con un marcado fortalecimiento del rol de las empresas privadas tanto en telefonía móvil como en servicios de Internet.

En cuanto a los medios de comunicación, el Frente Amplio sostiene que “El pluralismo y la diversidad del sistema de medios de comunicación es un indicador de desarrollo mediático por su alto impacto en la fortaleza del sistema democrático y la promoción de una ciudadanía informada”. Luego de esa definición conceptual, el programa cuestiona la situación del sistema de medios uruguayo, en el que “los principales grupos empresariales de la televisión privada comercial nacional han crecido sin regulación alguna y conformaron una red nacional de emisoras de televisión abierta y por cable, con la cual dominan la agenda informativa del país, la facturación publicitaria y la audiencia.”[1]

Tras destacar las medidas tomadas en los últimos gobiernos vinculadas a la radiodifusión comunitaria, la despenalización de delitos de comunicación y de acceso a la información pública, el documento frenteamplista también subraya los nuevos procedimientos para el otorgamiento de frecuencias de radio y TV, el reparto equitativo del espectro para los tres sectores y reivindica “el uso no político de la publicidad oficial, como se había hecho en gobiernos anteriores.[2]

El nuevo marco normativo para la TV digital y el llamado a nuevos operadores de los tres sectores, junto con el impulso de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, también son aspectos de la gestión de gobierno destacada en el documento, y dan pie para plantear algunas líneas estratégicas para las telecomunicaciones en el próximo período: “seguir protegiendo y promoviendo el ejercicio de la libertad de expresión; la aplicación integral de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual; la aprobación de una legislación sobre publicidad oficial; la ampliación del presupuesto de los medios públicos; el fomento a la autorregulación de los medios de comunicación y al respeto de los derechos de los sectores sociales más vulnerables como la niñez; el respeto de los derechos de los trabajadores de la comunicación, y la adopción de políticas activas del Estado para promover y apoyar a los medios comunitarios”.

En cuanto al acceso a los medios, el FA se compromete a asegurar la equidad en los sectores público, privado-comercial y social-comunitario así como a “limitar y evitar la concentración indebida en la propiedad y control de los medios, manteniendo la política de ampliar la competencia en el sector privado, permitiendo e impulsando la entrada de nuevos actores en los servicios de comunicación audiovisual a la vez que revirtiendo los monopolios y oligopolios existentes tanto a nivel nacional como departamental”.

Menos Estado, más mercado.

El Partido Nacional es el único de la oposición que desarrolla una propuesta programática sobre las telecomunicaciones, con un énfasis muy marcado en el desarrollo del mercado gracias al aumento de las posibilidades para la inversión privada. Si bien se reconoce la buena posición del país en el tema, y los avances registrados especialmente en los años recientes en materia de infraestructura, los blancos –como también se conoce a los dirigentes de este partido- aseguran que no se ha construido una “institucionalidad moderna”. En esa línea, critican la preponderancia de la empresa ANTEL[3] y la debilidad de la unidad reguladora de servicios de comunicación (URSEC).

“La importante inversión realizada en la red de fibra óptica debe ser rentabilizada permitiendo la participación de nuevos actores en su utilización”, plantea el Partido Nacional, lo cual da la pauta de que en un eventual cambio de partido de gobierno se producirá un fortalecimiento del sector privado en desmedro de la empresa pública de telecomunicaciones. En esa línea, preocupa especialmente al Partido Nacional la existencia de “un monopolio de derecho en la telefonía fija” y “la competencia muy imperfecta” que existe en el sector de la telefonía móvil donde “sólo tres actores se distribuyen un mercado que tiene niveles de facturación crecientes”. Si bien faltan propuestas concretas en la materia, estas afirmaciones permiten vislumbrar la intención de habilitar nuevas empresas privadas en el mercado de la telefonía celular, con el consiguiente retroceso de la presencia estatal.

Los blancos son los únicos que plantean el tema de la neutralidad de la red como un asunto de política pública, la definen como “una condición para proteger el ejercicio de la libertad de información y de expresión” y plantean la necesidad de asegurarla mediante una ley, como se ha hecho en Chile y Holanda. De todos modos no se adelantan medidas concretas para garantizar la neutralidad, aunque se asegura que será necesaria la aprobación de normas que sin impedir que prestadores de servicios de conexión a Internet ingresen en el negocio de los contenidos sí eviten que el operador les dé prioridad a sus contenidos respecto a los de terceros.

También se plantea la protección del consumidor ante la formación de oligopolios y la eventual violación de su privacidad y seguridad en internet, por ejemplo mediante la creación de la figura del “ombudsman digital”. Se aclara, sin embargo, que “El Estado podrá acceder a la información que las nuevas tecnologías son capaces de proporcionar, pero sólo en un marco que ofrezca las debidas garantías y con intervención judicial. Es esencial el papel de auditores independientes que eviten el abuso de poder por parte de funcionarios estatales o privados”, señala el documento, aunque no anuncia medidas puntuales. Asimismo, el documento anuncia la voluntad de aprobar una nueva Ley de Telecomunicaciones “elaborada en diálogo con todos los actores públicos y privados, y esté orientada a fomentar la protección de los usuarios, el desarrollo de la inversión, la innovación tecnológica y la protección de las libertades”.

La mención al tema de las telecomunicaciones en los programas de los demás partidos que disputan la presidencia es totalmente insignificante, y en la mayoría de los casos se resume a alguna intervención aislada en discursos o entrevistas de prensa.

Por ejemplo en el Partido Colorado apenas se menciona el tema en la parte vinculada a la cultura asignándole a “las tecnologías de la información y comunicación” la difusión de expresiones culturales en todo el territorio nacional. Por fuera de su propuesta programática, el candidato colorado Pedro Bordaberry ha presentado propuestas para instalar parques tecnológicos enfocados a las nuevas tecnologías de la información, la división de la empresa pública de telecomunicaciones en dos servicios descentralizados (uno proveedor de infraestructura sin competencia y otro de servicios en competencia con los privados) y la promoción del acceso a Internet como “un derecho humano básico (modelo de Francia) para lo que se legislará al efecto y aprobación de la normativa sobre neutralidad en la red”. Esta última propuesta está incluida en un documento con 60 medidas de gobierno que el candidato lanzó en abril, antes de las elecciones primarias realizadas en junio.

En el Partido Independiente, en tanto, el programa sólo menciona a los medios de comunicación como parte de las políticas públicas de participación para incidir en materia de seguridad pública, y habla de telecomunicaciones cuando plantea la necesidad de mejorar la infraestructura existente en el país para impulsar el desarrollo. En sus exposiciones públicas, en cambio, el candidato Pablo Mieres ha sido uno de los más acérrimos críticos del proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual, sumándose así a los partidos Nacional y Colorado que le atribuyen amenazantes intenciones hacia la libertad de expresión.

En este contexto, el proyecto de ley deberá esperar el veredicto de las urnas para saber si avanzará hacia su aprobación o se ahogará sin llegar a la orilla. Desde la sociedad civil, que apoyó desde un comienzo este proceso de elaboración colectiva, ahora se espera que la dirigencia frenteamplista cumpla con su promesa de aprobar el proyecto después de las elecciones[5] y este mismo año, antes que  asuma el nuevo gobierno y la nueva legislatura y se comience inmediatamente a trabajar en la  reglamentación de la nueva norma que permitiría acercar al país al cumplimiento  de los estándares internacionales en materia de libertad de  expresión.

*Fabián Werner es coordinador del área de Libertad de Expresión del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) y director de Sudestada.com.uy.

 

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[1] Más allá de esta afirmación, el actual gobierno reforzó la concentración de medios con su política de desarrollo de la televisión digital ya que privilegió el derecho de los canales privados comerciales de acceder a una señal digital sin cumplir con los requisitos exigidos a los nuevos postulantes.

[2] El manejo de la pauta del Estado en plena campaña electoral ha sido un punto de cuestionamiento reiterado por parte de la oposición, que acusó al gobierno de utilizar las arcas públicas para promover su gestión.

[3] La empresa ANTEL sobrevivió a un intento de privatización del último gobierno del Partido Nacional (1990-95), junto con las demás empresas del Estado. Esta decisión del entonces presidente Luis Alberto Lacalle, padre del actual candidato, sólo pudo ser evitada a través de una consulta popular que con alrededor del 70 por ciento de los votos rechazó la privatización masiva que proponía el gobierno de turno, en diciembre de 1992.

[4] Bordaberry presentó 60 iniciativas:

[5] Ya son 500 personas y más de 30 organizaciones sociales las que piden al Frente Amplio que no postergue ley de Comunicación Audiovisual.

 

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