Tras un año sin reunirse y haciendo caso omiso a los mecanismos previstos por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Comunicación Audiovisual del Congreso designó a Emilio Alonso como director “transitorio” -por 60 días- de la Defensoría del Público, el organismo responsable de velar por los derechos de las audiencias de la radio y la televisión.
El nombramiento de Alonso se realizó sin que mediara audiencia pública y sin dar a conocer previamente sus antecedentes. Su designación responde a sus estrechos vínculos con la Presidencia ya que se venía desempeñando en la Dirección de Asuntos Políticos de la Secretaría General de la Presidencia. En este sentido, marca un retroceso en materia de independencia política de los organismos de supervisión y control de la comunicación audiovisual.
Desde fines de noviembre de 2016 hasta ahora, la dirección de la Defensoría estaba a cargo de María José Guembe –previamente era la Directora de Protección de Derechos y Asuntos Jurídicos del organismo-, quien reemplazó a Cynthia Ottaviano al concluir su mandato el 14 de noviembre de 2016 y no ser renovado por el actual gobierno. Este organismo ha sido destacado internacionalmente por su desempeño profesional y comprometido para la protección efectiva del derecho a las audiencias de los servicios de comunicación audiovisual.
La designación de Alonso generó el repudio de las asociaciones universitarias que reúnen a las carreras e investigadores en comunicación. La Federación Argentina de Carreras de Comunicación Social (FADECCOS) planteó que “La decisión gubernamental, viciada de irregularidad, se inscribe en una serie de ataques al Derecho a la Comunicación que tienen su máxima expresión en el desguace de hecho y por decreto de los artículos fundamentales de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en la falta de presentación en los plazos estipulados de un nuevo proyecto de ley de comunicaciones convergentes y en la constante negación a convocar a los diferentes actores del campo para la formulación de un nuevo proyecto”.
Además “solicita enfáticamente a las autoridades del Poder Ejecutivo y a los integrantes de la Comisión Bicameral que se realice una elección del Defensor/a del Público dentro de los 60 días que esta comisión se ha dado, con candidatas/os idóneos para el cargo y sujetos al conocimiento público para recibir adhesiones e impugnaciones. Asimismo, que se cumpla con la Ley convocando a las asociaciones nacionales de carreras y facultades de Comunicación a discutir las políticas regulatorias e integrar, por intermedio de sus especialistas, los organismos consultivos y de aplicación”.
En la misma línea, la Red de Carreras de Comunicación y Periodismo de la Argentina (REDCOM) señaló que “los ataques permanentes que ha sufrido la legislación y toda la institucionalidad vinculada a la comunicación sólo puede sembrar dudas y temores acerca de las acciones gubernamentales que hasta ahora demostraron más preocupación por responder a las demandas de los grupos concentrados que en atender el ejercicio del derecho a la comunicación de las personas”. Además, en el comunicado de REDCOM exhortan a que “haya una pronta designación de la nueva titularidad de la Defensoría y que ésta recaiga en una persona con probada experiencia, antecedentes públicos y comprometida con el derecho humano a la comunicación”.
También se manifestaron en contra de la decisión de la Comisión Bicameral, distintas organizaciones del sector comunitario y sin fines de lucro de América Latina y el Caribe en una declaración conjunta firmada por la Asociación Latinoamericana de Comunicación y Educación Popular (ALER), el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), IRFA (Venezuela), Red Amazónica (Brasil), Red Voces Nuestras (Costa Rica), ARPAS (El Salvador), ERBOL (Bolivia), FGER (Guatemala) y UDECA (República Dominicana), entre otros.
Desde OBSERVACOM compartimos la preocupación por el nombramiento de Alonso como interventor de la Defensoría del Público y pedimos se desarrolle a la brevedad un proceso de designación democrático de la Dirección del organismo.
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