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Digitalización de TV no siempre significa más diversidad y desconcentración de medios.

“Algunas decisiones regulatorias claves marcan si este proceso significará un impacto positivo para lograr un sistema de medios más plural, democrático y diverso o no…”

Abril, 2014.

Salvo en algunos países, el análisis de la situación en la región muestra que la digitalización de las señales de televisión abierta no está teniendo como resultado un cambio en el mapa de propiedad del sistema de medios.

Los países latinoamericanos se encuentran en distintos momentos del proceso de transición a la televisión digital, pero ninguno ha realizado aún el apagón analógico, como ya ha sucedido en Estados Unidos y algunos países europeos. México y Brasil fueron los países que iniciaron el encendido digital, y también lo han hecho Argentina, Colombia, Perú y Uruguay, pero en otros ni siquiera se han adoptado decisiones respecto al estándar técnico que utilizarán.

La mayoría de los países de la región han elegido el estándar japonés-brasileño o ISDB-T (es el caso de Argentina, Brasil, Chile, Perú y Uruguay, además de Costa Rica, Honduras y Nicaragua); Colombia y Panamá han elegido el europeo o DVB-T; y el norteamericano o ATSC fue adoptado por México y Guatemala.

El periodo máximo para la implementación total de la TV digital tiene plazos diferentes de acuerdo a las condiciones de origen de cada país y la prioridad que éstos le han dado al ingreso de la nueva tecnología, pero van desde los 5 a los 10 años o aún más, estimándose que el apagón analógico se realizará en algunos países a fines de 2015 o durante el 2016, mientras que en otros se prevé incluso para fechas posteriores a 2022.

Algunas decisiones regulatorias claves marcan si este proceso significará un impacto positivo para lograr un sistema de medios más plural, democrático y diverso o no. Entre ellas están la inclusión de mecanismos para impedir y reducir la concentración indebida de medios, la apertura al acceso a las señales de televisión a nuevos competidores comerciales, y el reconocimiento y promoción a los medios comunitarios y públicos.

La concentración de la propiedad y el control de medios audiovisuales en los países de América Latina es un hecho incontrastable, considerado por la comunidad internacional como un factor antidemocrático que atenta contra la libertad de expresión e información.

Sin embargo, salvo en algunos países, el análisis de la situación en la región muestra que la digitalización de las señales de televisión abierta no está teniendo como resultado un cambio en el mapa de propiedad del sistema de medios.

En algunos casos, incluso, la llegada de la televisión digital ha ampliado y consolidado la concentración comercial ya existente. Se da la paradoja que la posibilidad de multiplexación o multiprogramación de los canales en algunos países, tenga como resultado mayor cantidad de señales de televisión pero no necesariamente más diversidad y pluralismo, en tanto esta posibilidad está limitada a los mismos operadores dominantes o concentrados y no para permitir la entrada de nuevos competidores.

La apertura del mercado de la televisión abierta a nuevas emisoras comerciales, así como el ingreso de nuevas emisoras comunitarias, es una medida imprescindible para reducir la concentración y permitir que la población tenga acceso a una mayor diversidad de fuentes de entretenimiento, información y opiniones.

La entrada de nuevos operadores se convierte, así, en un claro indicador del rumbo de los planes de implementación de esta nueva tecnología. Sin embargo, no todos los países de la región parecen tomar nota de esta oportunidad y, al realizarse el apagón analógico, el mapa de la televisión será igual o peor que el actual, ya que en algunos casos las decisiones tomadas hasta el momento consolidan la concentración existente, como en Brasil, y en otros incluso se amplía, como en Perú. Las presiones de los operadores existentes para impedir o limitar la entrada de nuevos competidores es una de las principales razones que explica esta situación. Mientras tanto, y utilizando distintos procedimientos, Argentina y Uruguay han iniciado un camino hacia la presencia de nuevas señales y emisoras de televisión abierta.

Para lograr un escenario mediático más democrático las recomendaciones internacionales insisten en la necesidad de reconocimiento y promoción a los medios comunitarios y públicos, de manera complementaria al desarrollo de medios comerciales o con fines lucrativos.

La situación de los medios comunitarios en el entorno digital está condicionada por la situación previa de la legislación vigente, ya que hay países de la región donde su derecho a existir no es reconocido o es reconocido solamente para prestar servicios de radiodifusión sonora pero no de televisión.
Varios países reúnen en su regulación de la televisión digital la posibilidad de que las organizaciones sin fines de lucro y comunidades accedan a frecuencias para fundar televisoras comunitarias, como es el caso de Argentina, Chile y Uruguay. En Brasil algunas iniciativas comunitarias podrán acceder al uso de canales de televisión pública[1].

Incluso se han definido reservas de espectro para este sector. En Chile, la Ley de TV digital estableció una reserva del 40% del espectro disponible luego del apagón analógico para medios regionales, locales y locales comunitarios[2], mientras que Uruguay dispuso que al menos un tercio de las frecuencias para televisión digital fueran reservadas para medios comunitarios y otros sin fines lucrativos (7 canales de 20 disponibles[3]). Argentina ha decidido incluir en su plan técnico una reserva de 33% para este sector en todo el país[4].

En la mayoría de los países analizados se ha dado mucha importancia al despliegue digital de las señales de la televisión pública, asumiendo un papel de “locomotora” del proceso de transición, incluso abriendo la posibilidad del ingreso de nuevos medios públicos, tanto a nivel nacional como regional y local, como es el caso de Argentina, Uruguay, México y Brasil.

Las nuevas frecuencias públicas son, en general, otorgadas por adjudicación directa e incluso han sido los primeros medios en transmitir señales digitales. Como contrapartida, tendrán la obligación de desplegar sus servicios en todo el territorio nacional, para asegurar la universalización del acceso de servicios de televisión abierta a toda la población.

En varios países las emisoras públicas pretenden aprovechar el salto tecnológico y el mejor aprovechamiento del espectro radioeléctrico para ampliar y diversificar las señales emitidas, aunque los fondos estatales asignados para cumplir este papel no siempre han sido suficientes para las inversiones en infraestructura que son necesarias para la transmisión digital, así como para la mejora de la calidad y la ampliación de la oferta televisiva resultante.

Todas las medidas de apertura reseñadas no serán suficientes si no se adoptan, a la misma vez, decisiones anti-monopólicas específicas que, al menos, eviten que se amplíen los monopolios y oligopolios existentes.

Los procedimientos y condiciones en que los actuales operadores analógicos podrán realizar la transición digital es un elemento trascendente de estas medidas, así como la posibilidad de obtener nuevas licencias y frecuencias, en particular si existe una concentración previa al comienzo de las transmisiones digitales.

La mayoría de los países otorgará automáticamente a los operadores existentes nuevas licencias y acceso a canales completos para su uso exclusivo, en las mismas condiciones que prestan los servicios de televisión analógica.

Uruguay se distancia de este camino y ha optado por adjudicar automáticamente solamente una señal digital (una cuarta parte de un múltiplex o canal completo) para transmitir la misma programación analógica actual, pero los operadores deberán concursar y firmar un nuevo contrato con nuevas condiciones si desean obtener un canal completo para su uso exclusivo[5].

En varios países se ha impedido que los actuales operadores puedan recibir nuevas concesiones de espectro para prestar servicios de televisión con objeto de no ampliar la concentración existente, como es el caso de Uruguay y el camino que adoptó México para que TV Azteca y Televisa no participen de la licitación de las dos nuevas cadenas de televisión digital, eso es lo que plantea la constitución, aunque aún falta la ley secundaria que lo confirme. Perú, por el contrario, lo permitió y ello derivó en una mayor concentración de la propiedad de emisoras en uno de los principales grupos mediáticos del país[6].

Gustavo Gómez. Director General de OBSERVACOM y docente de la Universidad Católica de Uruguay.

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