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El debate sobre la concentración de medios en Perú

“La transacción (…), ha originado un álgido debate en el Perú sobre los niveles de concentración mediática y sus consecuencias en el ejercicio de la libertad de expresión, en la diversidad política y cultural en el espacio público, al tener un solo grupo comercial la posibilidad de controlar la agenda…”

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Abril, 2014.

Un grupo de periodistas presentó en noviembre del 2013 una acción de amparo ante la Corte Superior de Justicia de Lima solicitando se anule la compra del 54% de acciones de EPENSA ( Empresa Periodística Nacional Peruana) por parte del Grupo El Comercio lo que le permite controlar cerca del 80% del mercado de la prensa, en términos de lectoría y captación de la inversión publicitaria, a través de nueve diarios: El Comercio, Peru.21, Trome, Gestión, Depor, Ojo, Correo, Ajá y El Bocón, así como diversas revistas. Además, la influencia editorial de El Comercio se amplía a través de los canales nacionales América Televisión (señal abierta) y Canal N (en cable) bajo un esquema de propiedad cruzada.

Esta adquisición es considerada por este grupo de periodistas como una concentración que contravienen el mandato constitucional que prohíbe el monopolio y acaparamiento en el campo de los medios de comunicación pues de acuerdo al artículo 61° de la Constitución, se establece que: “ El Estado facilita y vigila la libre competencia . Combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios. La prensa, la radio, la televisión y los demás medios de expresión y comunicación social; y, en general, las empresas, los bienes y servicios relacionados con la libertad de expresión y de comunicación, no pueden ser objeto de exclusividad, monopolio ni acaparamiento , directa ni indirectamente, por parte del Estado ni de particulares”.

La transacción que se llevó a cabo desde agosto del 2013, ha originado un álgido debate en el Perú sobre los niveles de concentración mediática y sus consecuencias en el ejercicio de la libertad de expresión, en la diversidad política y cultural en el espacio público, al tener un solo grupo comercial la posibilidad de controlar la agenda informativa y de la opinión pública. Incluso el Instituto de Defensa Legal de Perú acudió el pasado 24 de marzo a la audiencia pública del 150 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington para exponer las consecuencias de esta concentración.

Algunas cifras pueden dar una mejor idea de la capacidad de producción y distribución de contenidos periodísticos que El Comercio logra con la operación de compra. Se estima que el grupo superaría el millón y medio de ejemplares diarios. Teniendo en cuenta que entre 3 y 5 personas tienen acceso a un ejemplar de periódico, la influencia del grupo se extendería al menos a 4 millones y medio de personas. En el ámbito de la televisión de señal abierta, El Comercio (a través de América Televisión) tiene participación en aproximadamente un tercio de la audiencia nacional y un nivel similar de participación en términos de captación del total de la inversión publicitaria en televisión, que en el año 2012  fue estimada en 320 millones de dólares. El liderazgo de América Televisión en el campo de la señal abierta es compartido con el grupo ATV y Frecuencia Latina.

Si bien El Comercio no tiene participación en el mercado de la radio como accionista de alguno de los grupos más importantes, también en este ámbito un conjunto reducido de empresas domina el mercado: Corporación Radial del Perú (CRP), RPP –propietario también de un canal de noticias en señal de cable-  y Corporación Universal, este último grupo de origen provinciano. Si bien la mayor parte de emisoras de alcance nacional tiene un carácter musical, dos de los grupos tienen radios informativas: Radioprogramas y Capital, en el caso de RPP, y Exitosa, en el caso de Corporación Universal.

Así, en el mercado de la prensa se habría configurado un cuasi monopolio cuyo principal jugador es un conglomerado, pues más allá de sus ramificaciones en la televisión de señal abierta y en el cable, participa en otros ámbitos de la economía como el de la construcción y el transporte aéreo. A su vez, en la televisión y en la radio la participación predominante de un grupo reducido de operadores (tres en cada caso) configura estructuras de propiedad (y de poder) de carácter oligopólico, conformando un grupo de interés económico que sin reglas claras puede establecer barreras importantes a la competencia.

Especialmente en los últimos meses se han pronunciado en un sentido crítico a la compra, el presidente Ollanta Humala, el premio nobel de literatura Mario Vargas Llosa, entre otros destacados personajes de la política peruana, que aseguran que la concentración de medios en unas cuantas manos, pone en iriesgo la libertad de expresión y la democracia misma, mientras que los defensores de esta concentración afirman que las condiciones del mercado deben permitir el ejercicio empresarial de la actividad de la prensa y que cualquier injerencia de regulación estatal es una limitación a la libertad de expresión, como lo ha manifestado Álvaro Vargas Llosa, hijo del premio nobel.

El debate ha llevado a plantear la necesidad de elaborar un marco regulatorio que ponga límites a la concentración mediática, por lo que un conjunto de organizaciones de sociedad civil especializadas en la defensa del derecho a la comunicación (como Calandria, Artesanos de la Comunicación, AMARC ALC, WACC, Red TV entre otras), ha conformado el Foro El Derecho a la Comunicación, una instancia de debate y propuesta para una comunicación más plural y descentralizada, y el grupo parlamentario Acción Popular – Frente Amplio ha iniciado un conjunto de audiencias públicas sobre el tema con el propósito de preparar un proyecto de ley.

En tanto ese proceso avanza, también habrá que esperar la resolución de las instancias de justicia ante el amparo promovido por el conjunto de periodistas[1] que plantea la necesidad de resolver el debate entre pluralidad de medios informativos frente a la concentración y acaparamiento, que pone en conflicto la libertad de expresión e información y los límites a la libertad de empresa y libertad contraactual.

Su resultado marcará un antecedente relevante, puesto que en el Perú no existen órganos de regulación de competencia económica en el sector, por lo que tampoco hay una política que regule las fusiones que entre empresas mediáticas para evitar concentraciones que afecten no solamente la competencia eficaz, sino también la pluralidad de opiniones, lo que debería de incluir también la propiedad cruzada en un entorno multiplataforma producto de la convergencia y la transición digital.

Jorge Acevedo. Profesor Universidad Católica del Perú.
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