El investigador argentino y miembro de OBSERVACOM, Guillermo Mastrini, analiza los desafíos regulatorios en el escenario de la convergencia digital.
Mastrini advierte que “la necesidad de una regulación convergente es, por ahora, un discurso que, pese a ser frecuente y reiterativo, no se traduce en una realidad”. Ante este escenario recomienda conservar “cierta dosis de escepticismo”.
A continuación, compartimos su nota de opinión “El mito de la regulación convergente”, publicada en LetraP.
El mito de la regulación convergente
Los nuevos teléfonos nacen viejos. Durante más de cien años, los aparatos utilizados para la comunicación interpersonal a distancia pudieron variar en su forma, tamaño y calidad de sonido, pero no en la función a cumplir. Sin embargo, en la década del 80, comienza un cambio, imprevisible en su alcance entonces, cuyo efecto ha alterado la forma de las comunicaciones en nuestros días. Si en 1984 se produjo la primera trasmisión celular, a partir de los 90, la comunicación móvil comenzó a formar parte de nuestras vidas. La digitalización y la expansión de la banda ancha en la primera década del siglo XXI posibilitaron no sólo un nuevo crecimiento de su consumo, sino, además, una verdadera revolución de sus funciones. Los aparatos que solemos llevar en nuestros bolsillos o carteras nos sirven para hablar, ver, escuchar con una sensación de comunicación ad infinitum. Los viejos smartphones que compramos hoy no nos permitirán aprovechar las múltiples aplicaciones que surgirán en los próximos días, meses y años. La convergencia está en los aparatos. El teléfono es un teléfono, una radio, un visualizador de contenidos, un televisor y hasta un teléfono que no necesita línea.
La inmediata obsolescencia de los aparatos telefónicos posiblemente sea una de las pocas certezas con las que contamos hoy. La digitalización ha traído aparejada la crisis de culturas empresariales instaladas por décadas. Los grandes operadores y las nuevas compañías digitales se han lanzado a una vertiginosa carrera para comprar y desarrollar aplicaciones y start ups. El modelo de negocios de los próximos años mantiene, sin embargo, una alta dosis de incertidumbre, aunque empresas como Google o Facebook parecen mejor posicionadas para encontrar pistas antes que nadie.
Mucho más difícil es la situación de los reguladores. Si durante años las telecomunicaciones y el sector audiovisual mantuvieron legislaciones estáticas y claramente diferenciadas, la revolución tecnológica aleja a los encargados de los marcos normativos de la zona de confort. Ahora bien, en el reino de la incertidumbre, algunas certezas suelen esconden intereses. La necesidad de una regulación convergente es, por ahora, un discurso que, pese a ser frecuente y reiterativo, no se traduce en una realidad. Como tempranamente nos advertía Nicholas Garnham, “a la hora de evaluar la naturaleza de estos retos y las respuestas políticas apropiadas a los mismos, la principal dificultad consiste en escapar del gran despliegue publicitario que los rodea… El peligro es que se utilice como atajo para crear una ilusión de naturalidad en una serie de procesos, empresas, mercados y modelos de desarrollo completamente diferentes”.
En los últimos años, hemos asistido a la creación de un organismo regulador convergente como la OFCOM británica, mundialmente indicado como el camino a seguir. En América Latina, la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en México anuncia la intención de recorrer un sendero similar. Ahora bien, cuando se analizan las leyes y el funcionamiento de ambos rápidamente se observa que, tras el manto convergente, subsisten claramente diferenciados las telecomunicaciones y el audiovisual. Martín Becerra sintetiza de manera adecuada esta divergencia: “La existencia de modelos económicos-productivos, de tradiciones de usos y consumos y también de principios regulatorios divergentes entre industrias culturales y telecomunicaciones, que conspira contra la perspectiva integrada de un megasector que hoy funciona tecnológicamente con los mismos soportes y que distribuye indistintamente contenidos culturales, informaciones, comunicaciones personales y datos”.
Converger no es superponer. Para alcanzar una verdadera convergencia regulatoria, deberían superarse las tradiciones divergentes de ambos sectores. Y es de suponer que esta situación está lejos de resolverse. En gran medida, porque el interés público que estructuró la regulación del audiovisual, la protección de la diversidad y el pluralismo en los contenidos es bien diferente del de las telecomunicaciones, que promovió el acceso universal a sus servicios. En Argentina, esos objetivos siguen pendientes.
La mayoría de los discursos de la convergencia está discutiendo acerca de los privilegios y/o protecciones que recibirán los grandes operadores. Esta disputa lleva años y no se podrá resolver con control de daños. En el entorno convergente parece haber lugar para menos jugadores y los reguladores detentan alguna de las llaves para determinar quiénes serán.
Por ello, una de las palabras más utilizadas en el discurso convergente es asimetría. Proteger a los débiles de los poderosos. A los empresarios nacionales de los conglomerados extranjeros, a los entrantes de los incumbentes, a casi todos de los nuevos prestadores OTT, que no pagan por usufructuar las redes. Y así podría seguir una lista interminable. Pero hay otras asimetrías que no aparecen en esos discursos: la de las culturas regionales y locales sin capacidad para producir un relato propio, la de los medios comunitarios vinculados directamente en la trama social, la de los artistas que ya casi no cobran derechos por su producción (mientras las discográficas la venden a los OTT), la de los usuarios de telefonía que incrementan su gasto cotidianamente sin que la calidad de los servicios mejore. Un debate democrático debería contribuir a dilucidar cuáles son los sectores más débiles que requieren la protección del estado.
Las repercusiones sociales, económicas, políticas y culturales del proceso de convergencia serán totalmente distintas según el interés público que guíe el proceso regulatorio. Un camino es elegir entre poderosos, promover inversiones y regular el interés público para solventar la sustentabilidad económica de los players. Otra opción, más ardua por cierto, es mantener valores que permitan afirmar el pluralismo informativo, cultural y lingüístico; la justa retribución de los creadores culturales (y no sólo la de los productores) y el derecho de la ciudadanía a formar parte de sistemas de comunicación universales y democráticos. Para ello, el interés público deberá estar orientado por criterios político-culturales más que económicos.
Frente a la ilusión del discurso de la regulación convergente, resulta prudente conservar cierta dosis de escepticismo, entendido como el método que duda de las opiniones seguras. La política hará el resto.
@gmastrini
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