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El Salvador. Nos oponemos al control del sector privado y también al control del Estado en los medios

El pasado 30 de marzo la titular de la Superintendencia de Energía y Telecomunicaciones (SIGET), Blanca Coto, junto a diversidad de representantes de los medios de comunicación televisivos y radiales dio a conocer un pliego de reformas a la actual Ley de Telecomunicaciones.

Esta propuesta tiene como objetivo, principalmente, actualizar la ley ante la inminente digitalización de los medios televisivos en el 2018, así como incorporar el internet al cuerpo legal, además de permitir tanto al sector de organizaciones sin fines de lucro y al Estado adquirir concesiones del espectro radial y televisivo. Algo que la ley actual no permite, puesto que solo contempla al sector privado comercial.

No obstante, mientras esta propuesta era entregada al legislativo para su estudio, el plazo que había dado la Sala de lo Constitucional a la Asamblea Legislativa para reformar dos estipulaciones de la ley se vencía. La Sala ha exigido a los diputados que incorporen otros mecanismos para dar concesiones a los medios de comunicación, más allá de la subasta. Y aunque previo a la llegada de las reformas de la SIGET hubo una especie de acuerdo, al llegar el nuevo pliego todo se detuvo, pues la petición de la SIGET es mucho más integral y cumple la sentencia de la Sala.

Leonel Herrera, director de ARPAS y miembro de la Red por el Derecho a la Comunicación (ReDCo), ha sido uno de los principales impulsores de una reforma más integral y de pensar el acceso de los medios como un derecho. En esta entrevista, el periodista de profesión explica su postura frente a ambas propuestas, así como el estado del espectro radioeléctrico del país.

¿Por qué están ustedes apoyando la propuesta de reformas a que presentó la SIGET y no las que buscaban cumplir la sentencia de la Sala de lo Constitucional?

Principalmente son tres las razones: la primera es que esta propuesta de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones es más integral y más allá de eso, cumple con la sentencia de la Sala de buscar otro tipo de mecanismos para otorgar concesiones además de la subasta y sobre los requisitos que deben tener los concesionarios, estos dos puntos que eran los que estipulaba la Sala los contempla la reforma porque establece el mecanismo de concurso público para las instituciones sin fines de lucro, el Estado que podrá adquirirlas automáticamente y el sector privado que podrá ser a través de subasta.

Un segundo punto es que estas propuestas buscan modernizar una ley que ya está por demás obsoleta. Esta legislación es de los años noventa, por lo que no contempla muchos de los puntos de las nuevas tecnologías y la digitalización. El tercer punto es que da facultades a la SIGET para ser un verdadero ente regulador y no un simple administrador del espectro radioeléctrico. Esto a su vez ha generado mucho mayor certidumbre jurídica a los concesionarios actuales que de hecho han respaldado la propuesta, incluso asistieron todos como ASDER, ARPAS, RSM, entre otras, a la presentación de la propuesta a la Asamblea, porque tiene un verdadero respaldo de todos los sectores. Ahora ahí andan algunos criticando algunos puntos luego de haber dado su respaldo, pero eso es otra cosa.

¿Qué es lo que están criticando?

Sobre todo lo que tiene que ver con el pago de las tasas a la SIGET, pero es que lo que pagan ahora los concesionarios es realmente bajo. Solo para arrojar un dato, lo que la SIGET recibe anualmente a través de los concesionarios es de $500,000 anuales. Imagínese y una corporación de radios, por ejemplo no voy a decir cuál, factura solo una de las radios $100,000 anuales. ¿No cree que es demasiado poco? Es más se estima que una sola corporación está pagando anualmente $20,000. Entonces ahora están peleando para que bajen estas tasas.

¿Cómo se establecieron estas tasas?

Con una fórmula, pero no tengo el dato, pero con esta reforma sí sube, aunque no es mucho en comparación a las ganancias que se han estado teniendo.

Ahora, por qué ustedes no están de acuerdo con la propuesta que se iba a aprobar hace algunas semanas que buscaba cumplir con la sentencia de la Sala, solo porque era muy limitada…

Pero no solo eso, más allá de la sentencia, que en sí mismo la sentencia también daba la posibilidad a la Asamblea de legislar más allá, en la misma sentencia dejaba el espacio para poder hacerlo, pero no solo eso también tiene varias deficiencias.  Mire este párrafo en el mecanismo para la concesión de frecuencias es una reforma al artículo 115 que dice: “Corresponderá a la libre elección de los concesionarios elegir el mecanismo ya sea de subasta o de concurso”, o sea que es el interesado en la concesión el que va a decidir por qué mecanismo la quiere obtener. Eso jurídicamente es inviable porque no es el sujeto el que determina la norma a la que se va a acoger, sino que es la norma la que determina al sujeto. Esto es como que un juez le da la opción al procesado por qué delito quiere ser procesado. Esto no es posible. A nosotros nos extraña que habiendo abogados en esa comisión, porque está René Portillo Cuadra que es abogado, planteen una cosa semejante. No, la reforma debe decir claramente quién y bajo qué condiciones se va a por concurso y quién y bajo qué condiciones se va por subasta.

Luego tiene cosas discriminatorias como esta que se refiere a las concesiones que se obtendrán por concurso, dice que se obtendrán por concurso las concesiones de los servicios de radiodifusión con cobertura local a los sinfines de lucro”. O sea que a los sin fines de lucro les pone el mecanismo de concurso y los restringe al ámbito local. Eso quiere decir que ninguna institución sin fines de lucro, es decir ninguna iglesia, ninguna ONG, ninguna institución no lucrativa, la Universidad de El Salvador, podría aspirar a tener un medio de comunicación nacional.

¿Y los que ya lo tienen?

Claro, además quedan en vilo, significa que entonces televisoras que hay ahorita que son de iglesia o radios de organizaciones sin fines de lucro no pueden seguir funcionando como medios de cobertura nacional. Es decir esta propuesta es jurídicamente inviable, es ganadora de un contundente veto presidencial porque no se podría ni aplicar.

Además fácilmente podría ser objetada si le aplicamos desde la Sala de lo Constitucional el mecanismo que tiene la Sala para la verificación de sus sentencias. Aquí vería que hay cosas que vulneran lo del pluralismo informativo y otras cosas que la Sala argumenta en sus sentencias. Entones esta sentencia de ARENA además de ser limitada, de enfocarse solo en los mecanismos de otorgamiento de concesiones, además tiene serios problemas de contener disposiciones realmente discriminatorias y sin sentido. Ahora el problema es para las concesiones a través de concurso que le pone una serie de restricciones.

¿Y cuáles son esas concesiones?

Las que se hacen a las organizaciones sin fines de lucro. Esta propuesta es indefendible y nosotros hemos criticado que Marico Ponce y Karla Hernández hayan sido los abanderados de esta propuesta que la elaboraron en algún lugar oscuro que no conocemos y que no se debería aprobar. Hicieron dos intentos de aprobarla en diciembre, pero no tuvieron los votos en el pleno, GANA se les echó para atrás. A nosotros nos parece que GANA ha tenido una actitud muy responsable en este debate. Entonces ARENA y PCN se quedaron sin los votos y luego sacaron un dictamen hace tres semanas pero como la SIGET al día siguiente presentó la propuesta que ya comentamos de consenso. Nosotros creemos que como efecto político el dictamen que ya habían aprobado un día antes quedaba ya descartado y que ahora todos iban a apoyar esta propuesta de la SIGET, unos voluntariamente, otros a regañadientes, porque ARENA y Mario Ponce estaban descompuestos. Se les miraba que no esperaban que llegar la superintendenta acompañada de ASDER y TCS y todos los concesionarios. Eso es lo que ha pasado.

¿A su criterio, qué hay detrás de eso? ¿Qué hay detrás de esta propuesta y de no querer estudiar a la de la SIGET?

Detrás de esto existe el temor de algunos sectores que han gozado históricamente de todos los privilegios en el control oligopólico del espectro radioeléctrico, el temor a que cualquier reforma afecte sus intereses. Ese temor fue el que los hizo sacar discursos infundados, diría yo. Uno de los discursos que se decía de los que defendíamos era que queríamos expropiar las frecuencias y cerrar medios y no sé qué más. Ahora han visto que uno de los pilares es precisamente la seguridad jurídica para todos los concesionarios. Yo creo que lo que domina es un temor infundado sin sentido que cualquier proceso de reforma cambie el estatus quo y les afecte. Creo que ese temor es el que ha prevalecido.

Pero uno de los argumentos es que se ha caído en desacato…

Nosotros hemos planteado dos argumentos con relación a esto, porque ARENA hasta fue a la Corte a decir “yo no fui”. Ese es un ruidito irrelevante porque mire aquí hay dos cosas. Primero, si ponemos en la balanza si el cumplimiento de un requisito formal o un plazo que dio la Sala a la necesidad que tiene el país de una reforma integral, amplia que armonice. Entonces qué más da si nos pasamos un tiempito, pero hacemos una mejor reforma. Y lo otro es que el desacato en esencia, y esto lo decía Astor Escalante, que es abogado y ha sido fiscal, que el desacato se da cuando la institución muestra falta de voluntad para cumplir con la sentencia. En este caso hubiera desacato si la Asamblea Legislativa se hubiera mostrado renuente a cumplir con la sentencia y hemos visto lo contrario.

Hemos visto que la Asamblea Legislativa vino dando los pasos para cumplir con la sentencia, creó una comisión ad hoc, esta comisión ad hoc empezó a hacer virtud y en su seno recibió a representantes de medios de comunicaciones, gremiales, recibió a la SIGET, a la Superintendencia de Competencia. Paralelo a la comisión, la SIGET, por instrucciones de la Presidencia, inició un esfuerzo de diálogo de conducción colectiva de unan propuesta colectiva con todos los funcionarios y lo que pasó es que en ese proceso de discusión a la Asamblea no le alcanzó el tiempo. El desacato es si la Asamblea hubiera dicho no aceptamos esa sentencia. En ningún momento hay desacato. Eso de que si se cumplió o no el plazo me parece irrelevante, tan irrelevante que ni los magistrados se han pronunciado.

¿Cree que hay una clara intencionalidad de retrasar la aprobación de estas reformas integrales?

Es que esto ha sido un pretexto para no entrar a discutir una reforma de fondo que es lo que se necesita. Eso es lo que nosotros vemos extraño el rehuir a un proceso de actualización de la ley necesario y que en cualquier momento se va a tener que hacer, porque viene el proceso de digitalización en el 2018 y el próximo año viene el proceso de renovación de las concesiones y es necesario que haya un procedimiento en la ley. Es como estar a espaldas de la realidad el querer posponer, pero de alguna manera la tenemos que hacer, porque es una ley que no está a tono con las realidades tecnológicas del ámbito infocomunicacional y en sintonía con los estándares que hay en materia de libertad de expresión que son de aplicación universal que provienen de la UNESCO, del sistema de integración de la OEA que dice que hay que establecer media antioligopólicas, que hay que establecer los medios sin fines de lucro. Esos criterios el Estado salvadoreño tiene la obligación de incorporarlos. Esperamos que en los próximos días se apruebe.

¿Qué beneficios trae esta propuesta de la SIGET a las radios comunitarias?

Hay un beneficio a las radios comunitarias en el sentido que se les reconoce formalmente porque ahora no lo están. La ley actual asume que todos son del área comercial. Entonces hay un reconocimiento de comunitarios, pero esto no lo hemos visto, nunca lo hemos planteado como una propuesta sectorial reivindicativa de los medios comunitarios. Nosotros planteamos una cuestión más amplia y hablamos de esto como una reforma democrática pendiente de hacer en el país. La relatoría de libertad de expresión de la OEA en su declaración de principios de libertad de expresión y el numeral 12 dice que la existencia de monopolios y oligopolios de medios conspira contra la democracia.  Me llama la atención el verbo que usa porque bien podría decir afecta la democracia perjudica, daña, pero dice conspira, o sea que la concentración mediática tiene un supuesto componente maquiavélico, perverso en relación a la democracia porque afecta el pluralismo y la diversidad. Nosotros lo que planteamos es que el país necesita un esquema mediático lo más plural, diverso y democrático posible y eso pasa por modificar la ley.

¿Cuál es el problema de la actual ley?

Obviamente la Ley de Telecomunicaciones es una ley excluyente. Se hizo solo con una visión empresarial y se dejó de lado las otras visiones que son un servicio público que tiene que ver con que existan medios públicos y la visión de la comunicación como un derecho colectivo de los grupos organizados de la sociedad a tener medios y esto tiene que ver con los medios sociales comunitarios sin fines de lucro. La UNESCO dice que en los marcos normativos de las comunicaciones deben estar contemplados estos tres sectores y los tres deben desarrollarse. La ley de Telecomunicaciones nuestra únicamente favoreció el desarrollo de uno de los sectores que el privado comercial, a los otros dos no los reconoce y por eso es que dejó como único mecanismo la subasta al mayor postor, porque se pensaba en quien de más y no en otras opciones. Fue una ley pensada para fortalecer la concentración privada de los medios de comunicación.

En este sentido, ¿cree usted que tenemos un sistema monopólico en los medios?

Sí, sí, si revisamos, yo creo que el sector donde más apertura y más democratización hay creo que es el ámbito de los medios digitales, pero si usted revisa los medios impresos revisa y casi hay un duopolio, o sea dos grandes periódicos que controlan el mercado. Vea usted en televisión se encuentra un grupo dominante que, según un estudio de la Superintendencia de Competencia, este grupo dominante que es TCS controla el 37% del espacio televisivo y controla el 85% de la publicidad en televisión abierta. Este dato es terrible, es decir que todas las demás televisoras se reparten el 15% entre ellas. Este grupo también controla derechos de contenido y controla el mayor porcentaje de audiencia. Y en radio lo que tenemos es un oligopolio privado conformado por varios grupos y son 4 o 5 grupos radiofónicos los que controlan el espectro. Cooperación KL, Corporación FM, Grupo Samix, Corporación Radio Estéreo, Megavisión son los grupos que controlan el mayor número de frecuencias. Tenemos que no hay un esquema diversificado.

Cree que parte del rechazo a apoyar estas reformas sea porque hay temor de que el Estado pueda tener acceso directo a las concesiones, más allá que les den temor que las radios comunitarias o las fundaciones sin fines de lucro, ¿cree que por ahí vaya esto?

Mire si existe este temor me parece que también es un temor infundado. Nosotros mismos que propusimos esto no estaríamos de acuerdo con una predominancia del Estado en los medios de comunicación. Lo que se propone es que haya la mayor diversidad posible entre los tres tipos de medios, entre los tres sectores, entre los comerciales, los públicos estatales y el sector comunitario. Y eso no solo lo decimos nosotros, lo dice la UNESCO. Nosotros buscamos que haya mayor diversidad. Por eso nosotros nos oponemos al control del sector privado y también al control del Estado, lo que debe haber es una diversidad, eso es lo que dicen los estándares internacionales. Aquí algunos sectores de las derecha mediática se han movido con fantasmas, por ejemplo, esto que lo que se quería era expropiar frecuencias. Ha habido mucho discurso, mucho temor mal infundado y mucho discurso mal intencionado creo yo para querer descalificar.

A nosotros nos parece importante, como un avance y una evolución la postura de estos sectores que estén respaldado esta propuesta. Esta propuesta de reforma de SIGET ha tenido que ser únicamente apoyada por sectores que el discurso que manejaban hasta hace algún tiempo es que no había que cambiar ni una letra de la ley, que todo estaba bien,  decían que El Salvador era un país modelo de por como estaba regulado el espectro.

¿Qué es lo que ha cambiado en el discurso?

La realidad es que ir en contra de la realidad es difícil, no es sostenible ir en una posición que no coincida con la realidad, que vaya en contra sentido de la realidad y la realidad es que nosotros tenemos una ley obsoleta antidemocrática y que no cumple con los estándares de libertad de expresión y con las nuevas realidades tecnologías que hay que agregarle. Yo creo que el peso de la realidad es el que ha determinado.

Tomado de La Página

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