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Finalmente aprobada en Uruguay la discutida Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual

“Finalmente, y luego de ser discutida durante un largo proceso por la Cámara de Senadores, y Cámara de Representantes, y aprobada por el Parlamento el 30 de diciembre del 2014, el Poder Ejecutivo (PE) promulgó la Ley 19.307 de Servicios de Comunicación Audiovisual“.

 Francois Joss*/Uruguay, 2015.

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La Ley 19.307 modificó sustancialmente el mapa de la regulación de los servicios de comunicación audiovisual en Uruguay, estableciendo, por primera vez, un marco normativo coherente, explicitando y protegiendo los derechos de los ciudadanos, estableciendo mecanismos y límites temporales y de propiedad para la concesión de licencias de servicios de comunicación audiovisual, generando mecanismos de competencia entre los diferentes operadores de los servicios, incentivando la promoción de la producción nacional a través de cuotas, tasas y precios, generando un sistema de servicios de comunicación audiovisual públicos con mayor autonomía, y estableciendo un diseño institucional específico con la creación del Consejo de Comunicación Audiovisual y la figura del defensor de las audiencias, ambos institutos con un nivel importante de autonomía del PE.

En realidad, el proceso de discusión comenzó en octubre de 2010 cuando el PE, a través de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (DINATEL-MIEM) convocó un Consejo Técnico Consultivo (CTC) conformado por distintos representantes de la sociedad civil para discutir y proponer recomendaciones a los efectos de aprobar una ley que contemplara los elementos mínimos a regular del sistema de servicios de comunicación audiovisual.

En dicho Comité participaron desde asociaciones defensores de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, de la libertad de expresión, representantes académicos, sindicatos de técnicos y periodistas, hasta miembros de las distintas cámaras empresariales. La discusión abarcó de manera amplia los temas relacionados con la regulación de servicios de comunicación audiovisual, y el documento final elaborado por el CTC, entregado el 10 de diciembre del 2010 al Ministro de Industria Roberto Kreimerman sentó las bases de lo que posteriormente sería el Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que el PE remitiera al parlamento.

Si bien en dicho documento se observaban algunas diferencias importantes entre distintos actores de la sociedad civil, en general y con esas excepciones, la propuesta final fue aprobada por consenso.  Los miembros de las cámaras empresariales discreparon en tres temas con el resto de los integrantes de dicho Comité, la concesión y duración de las licencias, las tasas y precios que se impondrían a los usuarios de servicios de comunicación audiovisual, y las obligaciones de emitir contendidos de producción nacional. En ningún caso dichos representantes de las cámaras se opusieron a las normas propuestas y surgidas en el documento final sobre libertad de expresión, derechos civiles de la infancia, y distintas minorías, diversidad,  concentración, ni tampoco sobre la propuesta de conformación de un nuevo diseño institucional.

Es importante recordar este proceso, ya que los mismos y sus formas definen a veces los resultados finales de las leyes, máxime cuando estas acotan y restringen el poder de los más importantes medios de comunicación.

Como se puede observar, desde la entrega de este documento por parte del CTC al PE, hasta la promulgación de la Ley transcurrieron cuatro años.

En este sentido, es bueno tener presente que este proceso de discusión al interior del PE, ya luego de finalizada la labor del CTC, coincidió con otro proceso de democratización de los servicios de comunicación audiovisual, e independiente jurídicamente al proceso de discusión del Proyecto de Ley, que fue la asignación de licencias para operar frecuencias de Televisión Digital Terrestre (TDT). Esta coincidencia que ponía en discusión grandes poderes mediáticos y fácticos en cuestión, dificultó claramente la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Los decretos 153 de mayo del 2012, que estableció las condiciones para organizar la licitación para la concesión de frecuencias de TDT; el 437 de diciembre del 2012 que definió el pliego de condiciones hacia la licitación de las frecuencias de la TDT, pero que al mismo tiempo flexibilizó y disminuyó los requisitos a los grupos de comunicación para presentarse a dicha licitación; y finalmente el Decreto 028 de enero del 2013  que suspendió transitoriamente el llamado a licitación para otorgar dichas licencias, fueron un claro ejemplo de las idas y venidas del PE, de los complejos procesos de negociación del PE con los grupos mediáticos, y también de la discusión y contradicciones al interior de la fuerza política que gobierna, y decide el destino de la regulación de este importante sector.

Finalmente, se levantó la suspensión transitoria del llamado a licitación de frecuencias para TDT con el Decreto 145 del 9 de mayo del 2013, y el 21 de mayo siguiente el PE remitió el Proyecto de Ley de SCA al Parlamento. Había terminado la primera parte de las negociaciones con los grupos de comunicación más importantes, donde el gobierno, finalmente, estableció las reglas definitivas para presentarse al llamado para obtener las nuevas frecuencias, y al mismo tiempo se había dado un importante paso para la aprobación de la Ley.

En el proceso de discusión desde que ingresó el primer borrador del Proyecto de Ley al PE hasta que este remitió el proyecto final al Parlamento, se registraron varias modificaciones producto de estas negociaciones y o contradicciones. La pérdida más importante en este sentido, fue la reducción del ámbito de competencia de la Ley, en donde se especifica en el artículo 1º “que no será objeto de regulación de la presente Ley los servicios de comunicación que utilicen como plataforma la red de protocolo internet”; generando un anacronismo importante, además de un trato desigual a operadores que utilicen diferentes plataforma. Por ejemplo, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual del año 2010 aprobada en España incluye en la definición de servicio de comunicación audiovisual cualquier soporte electrónico ; y la Directiva de la Unión Europea 2007/65  que actualiza otras directivas relacionadas, integra a la definición de servicios de comunicación audiovisual aquellos que funcionan a demanda (como por ejemplo los diferentes OTT de video a demanda como Netflix).

También en este proceso, y en relación al documento final aprobado por el CTC, el Proyecto remitido por el PE al Parlamento disminuyó los niveles de capacidad de decisión y autonomía –ahora en las decisiones más importantes esencialmente como un consejo asesor, del Consejo de Comunicación Audiovisual y de los servicios de comunicación audiovisual públicos relativos al PE. También se registraron algunas modificaciones que favorecieron a los grupos privados de comunicación.

Entre que el PE remitió el Proyecto de Ley al Parlamento, y finalmente dicha ley se promulgó, pasaron más de 18 meses. La participación de la sociedad civil tanto en la Comisión de Industria de la Cámara de Representantes, como en la de la Cámara de Senadores, abarcó el más amplio espectro.

Dicho proceso posicionó al proyecto en la agenda política, donde recibió ataques por representantes de los diferentes medios. Desde las críticas que quizás se puedan considerar más fundadas desde una perspectiva liberal, como las realizadas por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), hasta las más, además de ideologizadas, desinformadas, como la de la Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos (ANDEBU), acusando al gobierno nacional de aprobar una Ley con características de los regímenes más autoritarios (“fascistas, musolinistas, y stalinistas”) (10).

Sin embargo, y quizás como una buena síntesis, Edison Lanza, Relator para la libertad de expresión de la OEA, y pocos días antes de aprobarse la Ley, manifestó en entrevista a una medio local  que el Proyecto de ley de SCA cumple con todos y cada uno de los estándares de libertad de expresión construidos por el derecho internacional de los derechos humanos.

Según Lanza, internacionalmente, el caso uruguayo es visto como un modelo equilibrado, que dota de transparencia al sistema de medios, fija reglas equitativas y claras para acceder a los medios, promueve la producción nacional, respeta los derechos adquiridos pero permite el ingreso de nuevos actores a la comunicación y promueve los derechos de diversos grupos discriminados a la comunicación sin interferir con los contenidos informativos.

Por ejemplo, y según la opinión del Relator, el diseño del Consejo de Comunicación Audiovisual da garantías de independencia y autonomía del gobierno, ya que este organismo estaría integrado por cinco miembros, uno de ellos designado por el PE y los cuatro restantes nombrados por la Asamblea General con mayorías especiales. Además, la Ley prevé que en caso de disputa vinculados a la regulación de contenidos -que se limitan a la prohibición de la discriminación, la definición de la programación que no puede emitirse en el horario de protección al menor y una regulación muy general en materia de publicidad infantil- se dirimirán directamente en la Justicia, para lo cual se prevé crear juzgados especializados

 

 *Periodista independiente.