«En el informe sobre Chile que se presentó en la Asamblea se señaló que la principal amenaza a la libertad de expresión en el país se encontraba en legislaciones recientemente aprobadas o en proceso de serlo…»
Chiara Sáez Baeza*/Chile, noviembre 2014.
En el ámbito de la implementación de la ley de Televisión Digital en Chile (TVD), la obligación de las 4 horas de programación cultural a la semana sigue despertando las críticas de la industria, pese a que el reglamento respectivo generado por el Consejo Nacional de TV (CNTV) contiene una serie de tecnicismos que permiten suavizar la exigencia a los canales. Por ejemplo, el nuevo reglamento de programación cultural señala que un microprograma cultural que dura de uno a cinco minutos, contará como parte de las horas de programación cultural exigidas a los canales, incluso hasta su quinta repetición
Asimismo, el documento final del Plan Técnico de TV digital enviado por el Ministerio de Transportes a la Contraloría de la República ha generado una polémica para organismos representantes de la sociedad civil, debido a la filtración del documento a agentes interesados que no forman parte del Consejo de la Sociedad Civil de la Subsecretaría de Telecomunicaciones -órgano formal de participación ciudadana en estas materia- mientras a este último se le ha negado el acceso oficial al texto. Lo cual no deja de ser paradójico, cuando la solicitud de elaboración de una consulta pública del reglamento surgió desde este Consejo.
En este mismo sentido, resulta preocupante el programa del seminario “Pluralismo en la Sociedad y en la TV”, organizado por el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) y Televisión Nacional (TVN) el 19 de noviembre, en el cual los panelistas invitados dan cuenta de una noción de pluralismo que con la incorporación de académicos apenas se sale de la lógica de la democracia de partidos (en términos de pluralismo social), mientras en términos de pluralismo televisivo, solo incorpora como panelistas a representantes de los canales agrupados en la Asociación Nacional de Televisión (ANATEL), agrupación que representa los grandes canales nacionales de TV abierta y a la TV pública -autofinanciada- que existe en el país (TVN). Considerando la relevancia que otorga la nueva ley al pluralismo, al vincularlo al correcto funcionamiento -es decir, al mandato constitucional del CNTV- y al exigir que exista un reglamente específico para regular el pluralismo de opiniones en programas informativos, resulta preocupante que el primer evento público que realiza el CNTV en esta materia tras la promulgación de la ley, se resista a pensar el pluralismo en los términos que la propia ley señala [1].
Por otro lado, entre el 17 y el 21 de octubre se realizó en Santiago la 70° Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que agrupa propietarios, editores y directores de diarios, periódicos y agencias informativas de América.
En el informe sobre Chile que se presentó en la Asamblea se señaló que la principal amenaza a la libertad de expresión en el país se encontraba en legislaciones recientemente aprobadas o en proceso de serlo. Entre las primeras, la ley de TV digital, acusada de influir en los contenidos (argumento que fue denegado por el Tribunal Constitucional ante la impugnación a la ley que se hizo al respecto, antes de su promulgación) y ampliar las facultades del Consejo Nacional de Televisión. Entre los proyectos aún no aprobados , se mencionó la ley de 20% de música chilena en las radios, la ley de protección de datos personales y ley de derecho al olvido.
Por medio de la Presidenta del Colegio de Periodistas, Javiera Olivares, diversos académicos, profesionales de la comunicación, representantes de instituciones, organizaciones y medios de la sociedad civil hicieron llegar a la presidenta de la SIP una carta manifestando su preocupación por el estado de la libertad de expresión y el derecho a la información en Chile, pero no en el sentido de las razones presentadas en el informe del capítulo chileno de la organización, sino denunciando el alto nivel de concentración de la propiedad de los medios, el oligopolio de estaciones televisivas de alcance nacional, el 45 del mercado radial en manos del grupo PRISA (España) y el duopolio de medios impresos, sosteniendo la necesidad de “un nuevo marco legal que garantice adecuadamente la libertad de expresión y el pluralismo informativo”.
Entre las falencias observadas en el proceso de implementación de la ley de TVD y las otras problemáticas puestas de relieve a propósito de la asamblea de la SIP, parte de las organizaciones integrantes de la Mesa de Ciudadanía y TV Digital (Plataforma por una TV Educativa, Universidad de Chile, Colegio de Periodistas, Sidarte), así como otras organizaciones que portan experiencia o conocimientos en el ámbito de la democratización de la comunicación (Conadecus, Observatorio de Medios UCV, sindicatos de trabajadores de medios de comunicación, ONG ECO, entre otras) se encuentran trabajando de manera sistemática desde hace unos meses, bajo la idea de conformar un referente amplio por los derechos comunicacionales en el país. Para eso se ha programado un primer encuentro programático el día 29 de noviembre, cuyo objetivo es invitar a otras organizaciones sociales y sindicales, medios alternativos y universidades, a sumarse a este referente en proceso de construcción, a partir de un proceso abierto y participativo, con el propósito de comenzar a exigir el cumplimiento de las promesas de campaña del actual gobierno respecto de políticas de comunicación y telecomunicaciones (apertura plural del espectro; ampliar las facultades de TVN para un cumplimiento efectivo de los objetivos asociados con la misión pública que la ley le entrega; financiamiento público – privado para TVN, conectividad), así como visibilizar aquellos elementos que aún no se encuentran adecuadamente abordados por organismos estatales y gubernamentales (agenda digital, en general).
- Socióloga, Doctora en Comunicación, Post-doctorada en Gobierno y Políticas Públicas y Profesora Asistente del Instituto de la Comunicación e Imagen (ICEI) en la Universidad de Chile.
Enlaces Relacionados:
New law requires Chilean TV to feature more cultural programs
VTR no podrá transmitir la versión HD del canal público TVN sin autorización
Libertad de expresión: Revisa el informe de Chile para Asamblea General de 2014
[1] “Para efectos de esta ley, se entenderá por pluralismo el respeto a la diversidad social, cultural, étnica, política, religiosa, de género, de orientación sexual e identidad de género, siendo deber de los concesionarios y permisionarios de servicios de televisión, regulados por esta ley, la observancia de estos principios” (texto del artículo primero, inciso cuarto de la nueva ley).