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Contrarreforma legal en México

por Aleida Calleja, coordinadora OBSERVACOM.

En la madrugada del 6 de julio el Senado en México aprobó la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que, de acuerdo a sus críticos, debilita la autonomía del órgano regulador creado por la Constitución, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Esta autonomía se perdería en beneficio de entidades dependientes del Ejecutivo Federal. En materia de regulación contenidos será el gobierno quien sancione a los medios, quedando en el IFT la capacidad de supervisión, tanto en el caso de la publicidad engañosa y como de protección a la infancia. Aunque dejan la supervisión y sanción al IFT, los derechos de las audiencias el catálogo son limitados y sólo quedarán consignados en los códigos de ética de los medios.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones no podrá emitir Normas Oficiales para regular a las empresas, como tampoco será necesario que pueda opinar o emitir autorizaciones para que empresas que no sean preponderantes en televisión de paga puedan fusionarse lo cual también contradice la Constitución, que establece que el IFT será quien regule los mercados del sector.

Uno de los temas de mayor oposición a la ley es si la determinación de los agentes económicos se debe realizar por sector o por mercado o servicio, tanto en telecomunicaciones como en radiodifusión. Sin ninguna definición específica el Congreso determinó transcribir literalmente lo establecido en la Constitución a fin de que sea el IFT quien determine según su criterio, sin embargo, ya en marzo pasado ese órgano hizo una Declaratoria de preponderancia que fue sumamente criticada por haber determinado a los agentes económicos por sector, con lo cual Televisa evadió ser declarado como preponderante en televisión de paga, mercado en el que tiene una participación nacional de más del 60%.

El dictamen aprobado, que esta semana será discutido en la Cámara de Diputados, contiene condiciones sumamente discriminatorias para los medios comunitarios e indígenas al obligarlos a acceder a las peores frecuencias de las bandas de AM y FM. Además se les obliga a depender del gobierno al sólo permitirles el acceso a recursos económicos vía la publicidad oficial con el 1% del gasto que hace el gobierno federal en ese rubro.

Otras medidas que diversos sectores rechazan la propuesta de ley refiere a la neutralidad de la red y al capítulo de colaboración con la justicia que permite la geolocalización en tiempo real, por parte de cualquier autoridad de seguridad, sin que medie orden judicial u otras salvaguardas que impidan que sea utilizado indebidamente. De acuerdo a organizaciones defensoras de derechos humanos la redacción ambigua y poco clara de estos artículos viola el derecho a la privacidad y abre condiciones para serias violaciones a los derechos humanos.

Legisladores opositores al paquete de leyes secundarias han anunciado la posibilidad de interponer una acción de inconstitucionalidad al considerar que contravienen lo establecido en la reforma constitucional aprobada en junio del 2013 en la materia.

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