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La crisis del acceso universal en tiempos de competencia

En los últimos días hemos visto declaraciones y acciones de líderes de opinión, presidentes de compañías de telecomunicaciones, columnistas e incluso parlamentarios señalando que la legislación secundaria del sector debe retrasarse el tiempo que sea necesario.

También hemos leído que deben imponerse tarifas asimétricas al incumbente, que deben desaparecer los cargos por larga distancia, que debe permanecer el formato de subasta en las licitaciones de espectro y que debe evitarse que Telmex realice movimientos corporativos en sus empresas, al tiempo que se celebra que otros operadores vendan activos de red como sitios, radiobases y antenas para efectos de eficientar costos, mientras esperan el momento de interconectarse a la infraestructura y a los elementos esenciales de la red del incumbente. También se festina la incorporación de Operadores Móviles Virtuales sólo para competir por servicios y en mercados rentables. Es decir, se avala que otros operadores desincorporen activos de red y sólo compitan por servicios, pero satanizan que el operador incumbente escinda sus redes y activos de la prestación de servicios. O bien, exigen acceso a la infraestructura esencial de telecomunicaciones, pero amagan con demandar por daños y perjuicios por tener acceso a las señales abiertas radiodifundidas.

Todas y cada una de las declaraciones han buscado defender una legítima posición que, a falta de regulación y política pública, los particulares buscan imponer. La consecuencia es un progresivo calentamiento mediático del sector, al estilo del sexenio anterior. En aquel momento, la ausencia de regulación, política pública y compulsivos cambios de funcionarios, era la causa. En estos momentos, la imprudente y lamentable falta de legislación secundaria es el equivalente.

La reforma constitucional en materia de telecomunicaciones establece objetivos tan ambiciosos, acciones tan precisas y al mismo tiempo tan ambiguas, que la regulación y el régimen jurídico todavía vigentes dejan desamparadas la acción pública y la iniciativa de negocios de los particulares. No existe congruencia ni racionalidad jurídica entre ambas.

Este vacío genera un espacio propicio para el debate emocional, sin contenido y con el clima que sólo la persuasión obtiene, a falta de argumentos técnicos o racionales. Por esa razón, no quiero patrocinar una reflexión emotiva, sino aportar elementos de análisis a la reflexión pública de las telecomunicaciones.

Nos encontramos ante fuertes paradigmas en transición. Conceptos como “concentración”, “competencia”, “propiedad cruzada” y “acceso universal” están en franco debate a nivel internacional. Acaba uno y se presenta otro nuevo. La realidad de ayer no es la de hoy, mucho menos la de mañana. Por esa razón, carecer de una visión estratégica nos acerca a lo parcial, dejando de ver el escenario completo y complejo.

Comienzo con una serie de análisis de temas vitales para integrar a la legislación secundaria, en este caso el acceso universal. México llega tarde a la feria de la regulación en este tema, porque perdimos 12 años de oportunidad en la transición de un modelo de acceso monopólico a uno incluyente; fue responsabilidad de los legisladores y del gobierno en turno la falta de objetivos y acciones que hoy en día no dejan de afectar.

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