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La crisis del acceso universal en tiempos de competencia

Prolegómenos

En los últimos días hemos visto declaraciones y acciones de líderes de opinión, presidentes de compañías de telecomunicaciones, columnistas e incluso parlamentarios señalando que la legislación secundaria del sector debe retrasarse el tiempo que sea necesario.

También hemos leído que deben imponerse tarifas asimétricas al incumbente, que deben desaparecer los cargos por larga distancia, que debe permanecer el formato de subasta en las licitaciones de espectro y que debe evitarse que Telmex realice movimientos corporativos en sus empresas, al tiempo que se celebra que otros operadores vendan activos de red como sitios, radiobases y antenas para efectos de eficientar costos, mientras esperan el momento de interconectarse a la infraestructura y a los elementos esenciales de la red del incumbente. También se festina la incorporación de Operadores Móviles Virtuales sólo para competir por servicios y en mercados rentables. Es decir, se avala que otros operadores desincorporen activos de red y sólo compitan por servicios, pero satanizan que el operador incumbente escinda sus redes y activos de la prestación de servicios. O bien, exigen acceso a la infraestructura esencial de telecomunicaciones, pero amagan con demandar por daños y perjuicios por tener acceso a las señales abiertas radiodifundidas.

Todas y cada una de las declaraciones han buscado defender una legítima posición que, a falta de regulación y política pública, los particulares buscan imponer. La consecuencia es un progresivo calentamiento mediático del sector, al estilo del sexenio anterior. En aquel momento, la ausencia de regulación, política pública y compulsivos cambios de funcionarios, era la causa. En estos momentos, la imprudente y lamentable falta de legislación secundaria es el equivalente.

La reforma constitucional en materia de telecomunicaciones establece objetivos tan ambiciosos, acciones tan precisas y al mismo tiempo tan ambiguas, que la regulación y el régimen jurídico todavía vigentes dejan desamparadas la acción pública y la iniciativa de negocios de los particulares. No existe congruencia ni racionalidad jurídica entre ambas.

Este vacío genera un espacio propicio para el debate emocional, sin contenido y con el clima que sólo la persuasión obtiene, a falta de argumentos técnicos o racionales. Por esa razón, no quiero patrocinar una reflexión emotiva, sino aportar elementos de análisis a la reflexión pública de las telecomunicaciones.

Nos encontramos ante fuertes paradigmas en transición. Conceptos como “concentración”, “competencia”, “propiedad cruzada” y “acceso universal” están en franco debate a nivel internacional. Acaba uno y se presenta otro nuevo. La realidad de ayer no es la de hoy, mucho menos la de mañana. Por esa razón, carecer de una visión estratégica nos acerca a lo parcial, dejando de ver el escenario completo y complejo.

Comienzo con una serie de análisis de temas vitales para integrar a la legislación secundaria, en este caso el acceso universal. México llega tarde a la feria de la regulación en este tema, porque perdimos 12 años de oportunidad en la transición de un modelo de acceso monopólico a uno incluyente; fue responsabilidad de los legisladores y del gobierno en turno la falta de objetivos y acciones que hoy en día no dejan de afectar.

Seguimos actuando en el populismo de las telecomunicaciones y no en el diseño del modelo regulatorio y de política pública, mientras que el retraso de la legislación secundaria volverá más combativa la pelea mediática y abonará poco en el crecimiento del sector. En suma, de no contar con política pública y con un capítulo de acceso universal y obligaciones claras para los operadores en la legislación secundaria, retrasaremos la inversión, promoveremos litigios y acciones mediáticas de amplio impacto.

Este es el caldo de cultivo que intencional y artificiosamente se está configurando en el sector para 1) dar continuidad al conflicto, 2) demorar al infinito la aprobación de las leyes secundarias, 3) detener las inversiones que el sector necesita, 4) generar incertidumbre en la industria, 5) perpetuar intereses creados, 6) crear un halo de sospecha sobre la autoridad y la eficacia de sus políticas y 7) generar más confrontación entre los actores. Ante ello requerimos políticas y deliberación oportuna de las leyes secundarias.

Política pública de acceso universal 2.0

Este nuevo clima de confrontación y la continuidad en el estancamiento desde el sexenio pasado se debe, entre otras causas, a que México carece de una política pública de acceso universal y requiere una vez más del liderazgo suficiente y la visión de Estado para diseñar un modelo de acceso universal de nueva generación, con base en los postulados de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, firme desde su publicación el 11 de junio de 2013 en el Diario Oficial de la Federación. Y es que, como señala la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), el éxito de toda política relativa al acceso universal depende del apoyo político al más alto nivel que reconozca el papel de las telecomunicaciones y las TIC como factor de desarrollo.

El acceso universal consiste en que las comunidades tengan disponibilidad de acceso a precios asequibles a servicios básicos de telecomunicaciones mediante la instalación de líneas o casetas de telefonía pública, y más recientemente a Internet de banda ancha. En cambio, el servicio universal en los países desarrollados consiste en que toda la población tenga acceso a las tecnologías y los servicios de telecomunicaciones, mediante diversos programas de apoyo garantizados por el Estado y ofertados por los operadores. En países como México lo que se busca es que la población tenga acceso universal a los servicios, y para ello debe diseñarse una política con obligaciones claras para los operadores. El servicio público es el régimen de derecho público exorbitante que la Constitución garantiza y el acceso universal se ubica en el territorio de la política pública y la regulación secundaria.

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