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Análisis - México

La red compartida mayorista: un experimento made in México

“México es el único país de Latinoamérica que ha optado por este esquema para la jugosa banda de 700 MHz, el resto de los países se han ido a la manera tradicional de asignación del espectro: licitarlo a operadores privados”.

 Irene Levy*/ México, junio 2015

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México inició a finales de 2012 un acuerdo político para llevar a cabo reformas en diversas materias clave para el desarrollo de la sociedad y de actividad económica nacional: educativa, energética, política, telecomunicaciones, a las que llamaron “reformas estructurales”. Así, la de telecomunicaciones se concretó el 11 de junio de 2013, día en que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Reforma Constitucional en Materia de Telecomunicaciones, Radiodifusión y Competencia Económica (“Reforma”).

¿QUÉ ES LA RED COMPARTIDA MAYORISTA?

Una de las figuras que se incluyó en la Reforma, y que ha causado una gran polémica, es la llamada “red compartida mayorista de servicios” (“la Red”) a la que se refiere el artículo décimo sexto transitorio de la Reforma y que dispone que el Estado, a través del Ejecutivo Federal, en coordinación con el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL), garantizará la instalación de una red pública compartida de servicios inalámbricos al mayoreo, que impulse el acceso efectivo de la población a la comunicación de banda ancha y a los servicios de telecomunicaciones. Según la Constitución, esta red mayorista tendrá las siguientes características:

-Iniciará la instalación antes de que concluya el año 2014, y estará en operación antes de que concluya el año 2018;

-Contemplará el aprovechamiento de 90 MHz en la banda 700 MHz, de los recursos de la red troncal de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de cualquier otro activo del Estado que pueda utilizarse;

-Podrá contemplar inversión pública o privada;

-Asegurará que ningún prestador de servicios de telecomunicaciones tenga influencia en la operación de la red;

-Operará bajo principios de compartición de toda su infraestructura y prestará exclusivamente servicios a las empresas comercializadoras y operadoras de redes de telecomunicaciones, bajo condiciones de no discriminación y a precios competitivos, y

-Promoverá que la política tarifaria de la red compartida fomente la competencia y asegure la reinversión de utilidades para la actualización, el crecimiento y la cobertura universal.

EL OBJETIVO DE LA RED MAYORISTA.

Con la asignación de todo el bloque de 90 MHz a una sola red, se busca optimizar el uso del espectro y minimizar el costo de operación; disminuir precios a los usuarios; lograr cobertura en el 98% de la población, incluyendo zonas rurales; hacer disponible su capacidad a todos los operadores, incluyendo los virtuales, con el propósito de multiplicar la competencia en servicios finales. Se ha estimado que se requiere una inversión de 10 mil millones de dólares en 10 años para lograr el objetivo.

DESARROLLO DEL PROYECTO

México es el único país de Latinoamérica que ha optado por este esquema para la jugosa banda de 700 MHz, el resto de los países se han ido a la manera tradicional de asignación del espectro: licitarlo a operadores privados. Discutir sobre las ventajas y desventajas del esquema propuesto versus la licitación a 3 ó 4 operadores pareciera ya resultar estéril, pues la red mayorista es un mandato constitucional, aunque no sabemos aún cómo se implementará este proyecto; de hecho, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (“SCT”) ya ha incumplido el plazo fijado en la Constitución, pues no se inició su construcción en 2014.

La realidad es que la mala redacción constitucional no ayuda a la implementación. Nadie sabe cómo hacerlo aunque todo indica, con base en lo planteado por diversos estudios y la propia Reforma, que la nueva red podría operar a través de una Asociación Público Privada (APP). A la sociedad que se constituya, el Estado aportaría el espectro radioeléctrico y otros insumos esenciales para su operación, y los particulares que ganen la licitación respectiva, invertirían en la infraestructura que se requiera para la construcción y operación de la red, y prestarían los servicios. Con los datos que tenemos podemos suponer que ningún concesionario móvil actual podrá participar en la licitación, y que el Estado no operará directamente la Red. De cualquier forma, deberá asegurar la neutralidad competitiva, a fin de garantizar para que no se cree una estructura de mercado que dañe la competencia, algunas reglas sobre esto están incluidas en la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio de 2015.

Hace unos meses, la SCT lanzó una solicitud de Manifestación de Interés (“MDI”) que pretende, por un lado, despertar la creencia a nivel internacional de que ahora sí va en serio este proyecto y que no hay vuelta para atrás. La realidad es que van 18 meses tarde. Este ejercicio establece 5 etapas para la licitación de la Red, que se desarrollarán en 30 semanas y que terminarán con la publicación de las bases en noviembre de 2015:

  1. Solicitud internacional de MDI, para confirmar el interés de posibles participantes en la licitación. Esta parte es poco clara porque por un lado parece una consulta abierta a todos los que quieran opinar y por otro parece que la limita a participantes potenciales en la licitación.
  2. Sesiones informativas para retroalimentación y aclaraciones sobre el proyecto.
  3. Consulta pública de las pre-bases de licitación.
  4. Sesiones informativas otra vez.
  5. Publicación de la Licitación Pública (sic). No dice que se tata de las bases, pero supongo que a eso se refiere.

Veremos si este ejercicio funciona, lo cierto es que cada vez hay más dudas sobre si realmente esta es la mejor forma de utilizar el escaso y valioso espectro de la banda de 700 MHz. El problema es que para cambiar el esquema de asignación de este espectro sería necesario modificar la Constitución. Así, la SCT está concentrada en el diseño del proyecto y el Instituto Federal de Telecomunicaciones prepara ya las obligaciones específicas que deberá contener el título de concesión. Por lo pronto, varias voces ya se han pronunciado sobre el tema. Al respecto, vale la pena leer la opinión emitida por el Consejo Consultivo del IFETEL.

Este experimento mexicano está en la lupa de otros reguladores y, desde luego, de la industria, de resultar positivo podría cambiar el ecosistema de las telecomunicaciones en este país y disminuir los altos niveles de concentración, de lo contrario, habremos perdido tiempo, recursos y credibilidad.

*Presidenta de Observatel y profesora de la Universidad Iberoamericana. Esta columna refleja la posición personal de la autora twitter @soyirenelevy

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