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Ministerio Público de Brasil se pronuncia en contra de que legisladores tengan medios de radiodifusión

La Procuradora General Federal, Raquel Dodge, envió su posicionamiento ante el Supremo Tribunal Federal en el que se manifestó en contra de que los diputados y senadores dirijan o sean accionistas de empresas de radiodifusión, tal como lo dispone la Constitución.

Ante la importancia de la radiodifusión como vehículo de comunicación, su explotación legítima es esencial para concretar preceptos fundamentales, notablemente, la libertad de expresión, el derecho a la información… y normas esenciales que se desprenden del principio democrático. Estos preceptos constitucionales son irrespetados cuando el servicio de radiodifusión no es prestado en forma adecuada, lo que ocurre cuando titulares de mandato electivo figuran como socios u asociados de personas jurídicas que explotan esos servicios. El potencial riesgo de que se utilicen los canales de radiodifusión para la defensa de intereses propios o de terceros, en perjuicio de la transmisión de informaciones constituye una grave lesión a la Constitución brasileña”, señala el documento del Ministerio Público difundido por TelaViva.

El pronunciamiento del Ministerio Público surge a partir de la apertura por parte del ex Presidente Michel Temer de una “Acción de Descumplimiento del Precepto Fundamental (ADPF). Con esta acción, según el portal brasileño TelaViva, el ex mandatario buscaba obtener una medida cautelar y el pronunciamiento del Supremo Tribunal Federal en contra de una decisión adoptada en primera instancia a partir de acciones promovidas por el Ministerio Público en base a cuestionamientos de la sociedad civil sobre el control de emisoras por políticos.

La relatora del proceso, la magistrada Rosa Weber, ya había recusado el pedido de la medida cautelar de Temer pero el juicio de mérito aún dependía de la manifestación del Ministerio Público Federal. El pronunciamiento de esta institución pública enfatiza sobre el conflicto de intereses motivado por la existencia de parlamentarios- radiodifusores.

Ante la previsión constitucional, la participación directa o indirecta de diputados y senadores como socios u asociados de personas jurídicas concesionarias, permisionarias u autoritarias de radiodifusión provoca inaceptable y antijurídico conflicto de intereses, pues rompe la exención e independencia de los parlamentarios. En el análisis de asignaciones y renovaciones es razonable suponer que diputados y senadores radiodifusores estarán propensos a votar por la aprobación, para no perjudicar futuros análisis de sus propios procesos”, sostiene la manifestación del Ministerio Público.

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