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Piden que Defensoría del Público de Uruguay asuma un mayor protagonismo en la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual

OBSERVACOM participó de una mesa redonda organizada por la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) de Uruguay, el organismo que tiene competencias como Defensoría del Público a partir de la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA). Junto a otras organizaciones de la sociedad civil y un representante de UNESCO se planteó la necesidad que la INDDHH asuma un papel protagónico en la aplicación de la denominada Ley de Medios y desarrolle, entre otras de sus competencias, una política para la educación sobre medios de comunicación.

Guilherme Canela, Consejero en Comunicación e Información de UNESCO destacó la importancia de que la INDDHH fomente planes de educación para los medios, basado en los resultados de la investigación Kids Online Uruguay, realizada por UNICEF y UNESCO. Además, según La Diaria, señaló que la Defensoría debe trabajar de forma estrecha con el Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA) –cuando esté conformado-, con la sociedad civil organizada, con el Poder Judicial, los dueños de los medios y los trabajadores, para proteger la libertad de expresión.

El Director Ejecutivo de OBSERVACOM, Gustavo Gómez y Lilián Celiberti, integrante de la Coalición por una Comunicación Democrática, coincidieron sobre el rol de la Defensoría para la promoción de la educación sobre medios. “Estamos lejos de que la gente denuncie; nosotros estamos pidiendo que la gente se queje. Lo más terrible de la no aplicación de la ley es que ni siquiera el gobierno difundió que existe”, aseguró Gómez, quien consideró en este sentido, que la INDDHH debería adoptar un rol protagónico en la aplicación de la Ley.

OBSERVACOM señaló que si bien el Poder Ejecutivo es un actor clave en las demoras en la aplicación de la LSCA, vigente desde enero de 2015, la INDDHH también ha avanzado muy poco. Desde su perspectiva, la Defensoría podría desarrollar un plan nacional de educación para la comunicación, promover los derechos de las audiencias y elaborar un protocolo de actuación de oficio.

Recientemente, el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, señaló que la LSCA “ha sido la ley con mayor impugnación de la historia”, no obstante, superó el “test de constitucionalidad” en más del 95% de los recursos y que, cuando comience a funcional el Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA, el nuevo organismo regulador), Uruguay se convertiría en el primer país de América del Sur en contar con un organismos con tantas garantías de autonomía e independencia del poder político y económico.

A fines del 2017, la Institución Nacional de Derechos Humanos emitió un informe en el que expresaba su preocupación por “prolongadas demoras” en la implementación de la LSCA, porque “afectan directamente la protección y promoción de los derechos humanos reconocidos por la LSCAV (…) pues dificultan su real ejercicio por parte de las personas”.

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