El proyecto de Ley para reformar la Ley General de Telecomunicaciones (LGT) (PLC 79 de 2016) plantea un cambio en el régimen de prestación de servicio para los operadores de telefonía fija, que dejarán de tener obligaciones de servicio público y no tendrán que devolver los “bienes reversibles”, es decir, la infraestructura heredada de la privatización que de acuerdo con la LGT debía retornar a la Unión al finalizar las concesiones de telefonía fija en 2025. Como contrapartida, los operadores deberán invertir en redes de banda ancha de alta capacidad de acuerdo a montos que defina la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (ANATEL), privilegiando la instalación en áreas de escasa o nula competencia.
Por Ana Bizberge, editora de contenidos de OBSERVACOM
Uno de los aspectos más controvertidos es la cuantificación de los bienes reversibles, sobre la cual se determinarían las inversiones en banda ancha. El proyecto de Ley define que donde la infraestructura soporte más de un servicio, la valoración de los bienes a ser reinvertidos por las empresas será solo aquella dedicada al servicio público (telefonía fija), que fue objeto de concesión.
Esto representa una gran dificultad para identificar qué parte de la infraestructura corresponde a telefonía fija y cuál a banda ancha ya que buena parte de la infraestructura que soporta la banda ancha fue construida con subsidios públicos provenientes de las inversiones en redes de telefonía.
De acuerdo con estimaciones del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), los bienes reversibles tienen un valor de US$ 30 mil millones, en cambio ANATEL y las empresas de telecomunicaciones su valor es de US$ 5 mil millones ya que argumentan que la infraestructura adquirida durante la privatización se depreció y lo seguirá haciendo hasta 2025, cuando finalicen las concesiones. Esta diferencia es central ya que, en buena medida, de dichas estimaciones se desprenderían las obligaciones de inversión en banda ancha que impondría ANATEL a las operadoras.
El texto también introduce cambios en relación al tributo de los operadores para el Fondo de Universalización de Servicios de Telecomunicaciones (FUST), así como en materia de asignación de espectro y exploración de satélites. El proyecto amplía los plazos para el uso de espectro ya que determina que las licencias serán por 20 años, con posibilidad de prórroga por el mismo período. Asimismo se asegura que el derecho de explotación del satélite brasileño sea por un plazo de 15 años con posibilidad de prórroga (no se indica en el documento un plazo para dicha prórroga).
La tramitación del proyecto se aceleró después de que Michel Temer del asumiera la Presidencia. En diciembre de 2016, había sido aprobado en Comisión Especial del Senado y estaba listo para ser enviado para sanción presidencial. Pero distintos partidos (principalmente de izquierda) cuestionaron el proceso de tramitación ante el Tribunal Supremo Federal (TSF), que lo frenó hasta que se expidiera.
En octubre de 2017, el Tribunal determinó que el proyecto retornara al Senado y fuera remitido a la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado y de ahí al plenario para su votación final.
Así, luego de un impasse de más de un año, el proyecto de reforma de la LGT reingresó al Senado a través de la Comisión de Ciencia y Tecnología, que aprobó la realización de una consulta pública el 8 de mayo para debatir los cambios que introduce la propuesta, que busca flexibilizar las obligaciones de los operadores.
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