“Hemos decidido que vamos a estar elaborando una serie de estrategias legales para exigir al gobierno que regule en materia de radio y TV y no descartamos recurrir a vías internacionales de derechos humanos”, aseguró Andrea Alvarado, representante de la Red de Iniciativas de Medios de Comunicación Alternativa (RedMICA) en el marco de la conferencia de prensa para dar a conocer la acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Radio presentada el 7 de marzo ante la Sala Constitucional en forma conjunta con la organización Nuestras Voces.
En la acción se denuncia que la Ley de Radio presenta vacíos legales que lesionan la libertad de expresión y la protección de bienes públicos como el espectro radioeléctrico. Además, se impugna el Reglamento de Transición a la Televisión Digital Terrestre.
“La Ley de Radio y Televisión de Costa Rica es obsoleta. Establece discriminación al acceso a distintos sectores sociales”, denunció Alvarado, quien además señaló que “la ausencia de una legislación de radiodifusión plural e inclusiva” violenta los estándares internacionales de libertad de expresión.
La representante de RedMICA indicó que a pesar de que la Contraloría de la República emitió informes vinculantes destacando la necesidad de una nueva normativa para el sector en general y para la transición a la TV digital en particular, “el gobierno de Costa Rica ha pedido prórrogas para alargar un tema que es urgente de legislar, que es el acceso a los medios de comunicación”.
Por su parte, la asesora legal de la organización, Mónica Granados, explicó que los objetivos de la acción presentada en la Sala Constitucional son “lograr que el acceso y uso de la radio y la TV deje de regularse de manera antojadiza por medio de decretos, que se promueva una legislación de radio y TV tal como lo recomiendan organismos internacionales en materia de libertad de expresión y que se reconozcan de manera expresa a las radios y televisoras comunitarias”.
Granados señaló que espera que “la Sala Constitucional reconozca que la regulación (actual) es una no regulación y que con sus omisiones conlleva a una violación sistemática de libertad de expresión”.
Por último, Catalina Montenegro, por la comunidad académica como representante del Consejo Nacional de Rectores (CONARE) aseguró que comparten las preocupaciones de las organizaciones, que “es necesario asegurar la pluralidad y diversidad en concordancia con los estándares de libertad de expresión” y que “se están lesionando intereses individuales y corporativos” al no haber en la ley mecanismos establecidos para acceso a las licencias a las radios comunitarias.
Foto tomada de: Voces Nuestas
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