La falta de cumplimiento de la decisión de la Contraloría sobre la necesidad de hacer un análisis caso por caso de la las 221 frecuencias asignadas en los concursos de radio y TV de 2016, le costó el puesto al Ministro de Telecomunicaciones Guillermo León, cuya renuncia fue aceptada por el Presidente del país Lenin Moreno.
“No se ha efectuado el análisis caso por caso de los 221 títulos habilitantes, ni se han adoptado las decisiones correspondientes, por parte de los Miembros de los Directorios de ARCOTEL y CORDICOM… [que] incumplieron lo dispuesto en los artículos 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y 28 de su Reglamento General… la falta de revisión de los 221 títulos habilitantes ocasionó que no se hayan adoptado las decisiones que en derecho corresponden respecto a dichas concesiones, por lo que la recomendación 5 no fue cumplida”, concluye el informe de seguimiento de la Contraloría.
En junio de 2018, la Contraloría emitió un informe con 15 recomendaciones obligatorias, entre las cuales se indicaba la anulación de adjudicaciones, así como la revisión caso por caso de 221 frecuencias. En el documento, el organismo advertía que irregularidades en la asignación de puntajes, así como en la reclasificación y descalificación de postulantes, y concentración en la asignación de frecuencias en manos del legislador de Alianza País, Jorge Yunda; del mexicano norteamericano Ángel González y el empresario Lenin Andrade, Presidente de Capital TV.
En febrero de 2019, la Contraloría aprobó el informe de seguimiento para evaluar el cumplimiento de lo dispuesto anteriormente y concluyó el incumplimiento de una recomendación (revisión caso por caso de las frecuencias asignadas) y la falta de implementación de otras siete por no haber realizado el nuevo llamado a concurso público para la adjudicación de frecuencias de radio y TV.
Según el comunicado de la Contraloría, la entidad sancionó a León, quien además presidía el Directorio de la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones (Arcotel), con una multa por US$ 7.720 por incumplir con las recomendaciones obligatorias emitidas por el organismo en relación a la revisión de asignación de frecuencias y realización de nuevos concursos.
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