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Brasil: resistencia de la ley actual, que ya cumplió 50 años.

«Cuando quedó claro que el gobierno no pondría en marcha una consulta pública, los sectores de la sociedad civil organizada en favor de una nueva ley han adoptado una nueva estrategia…»

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Abril, 2014

En los últimos cinco años, varios países de América Latina han adoptado nuevos marcos legales para la comunicación, o por lo menos empezaron a discutir oficialmente proyectos de ley. En Brasil, en cambio, la idea de un nuevo marco regulatorio para la radiodifusión quedó fuera de la agenda  oficial del gobierno.

Al término de la Primera Conferencia Nacional de Comunicación, en 2009, la apertura de un debate público sobre la nueva ley parecía cuestión de tiempo. Cinco años más tarde, esta hipótesis parece cada vez más lejana. Al mismo tiempo, las organizaciones de la sociedad civil tratan de llenar el vacío de la acción del gobierno con un proyecto de iniciativa popular, que tiene como objetivo reunir 1,3 millones de firmas.

La inactividad de la Presidenta en este tema tiene su base en  un conjunto de factores. En primer lugar, la fricción política para cambiar la ley actual (que es de 1962) no sería pequeña. El sector de la radiodifusión comercial está bien organizado, tiene fuertes relaciones políticas y una gran capacidad de influir en el debate público. Intentos sencillos para discutir el tema han sido considerados por este sector como amenazas a la libertad de expresión.

En segundo lugar, muchos de los temas polémicos en el sector de las comunicaciones fueron dirimidos por la Ley 12.485, de 2011, que establece normas para la televisión de paga. La ley abrió el camino para la entrada de empresas de telecomunicaciones en el servicio de televisión por cable, pero limitó su participación en las actividades de programación, por lo que es difícil completar la integración vertical. Al mismo tiempo, la Ley estableció cuotas para fomentar los contenidos nacionales e independientes, lo que generó una explosión de la demanda por nuevas producciones brasileñas.

Otro factor que puede haber influido en la congelación del debate es la lectura de que el eventual cambio provocado por un nuevo marco regulatorio no es todavía necesario en un escenario de diversificación de las fuentes en Internet, o de que, en resumen, ello es muy costoso frente a los avances que podría traer. Es posible dilucidar el siguiente razonamiento por el gobierno: para cambiar realmente el escenario en el área de las comunicaciones, se requiere de un enfrentamiento que el gobierno no está dispuesto a hacer, ya que, aún con parte de los medios que cumplen con su papel de la oposición crítica, el  gobierno actual continúa con altos índices de popularidad. Es decir, aunque se avance en el proceso de cambios ocasionales, todavía habrá desgaste y el resultado será de poca transformación efectiva. Hechos todos los cálculos, se prefiere dejar todo como está.

Necesidad real

La pertinencia de una nueva ley es defendida por grupos de diferentes matices ideológicos. Incluso grandes medios de comunicación, como el diario O Estado de S. Paulo y TV Bandeirantes, se han pronunciado a favor de los cambios en el marco legal actual. La Constitución aprobada en 1988 establece importantes medidas como la prohibición de monopolios y oligopolios, fomento a la programación regional e independiente y la complementariedad de los sistemas públicos, privados y estatales. Sin embargo, el texto nunca ha sido reglamentado.

La ley actual tiene algunas medidas contra la concentración horizontal, pero es superada en términos de tecnología y arreglos empresariales. Al mismo tiempo, los índices de concentración son fuertes: la televisión abierta aún representa casi dos tercios de los ingresos de publicidad del país, con más del 70% de este valor se queda TV Globo, que tiene un promedio de 41% de participación en la audiencia nacional.

Desde el comienzo del gobierno de Lula, en el 2003, se esperaban cambios en el sector de las comunicaciones.  Pero las decisiones tomadas a lo largo del camino fueron tímidas. El gobierno aprobó la creación de una televisión pública de carácter nacional en 2007; en el mismo año, se enfrentó a un gran debate público en el proceso de implementación de la clasificación indicativa de los programas de televisión, que mostró la fuerza de las emisoras en agendar sus posiciones en el debate público.

Dos años más tarde, fue realizada la Conferencia Nacional de Comunicación, a la que asistieron más de 20 mil personas. A partir de ahí, parecía posible la idea de una nueva ley general de comunicaciones. En 2012, el gobierno llegó a marcar una fecha determinada para publicar una consulta pública sobre la nueva ley, pero una crisis política de grado bajo (referida a la Comisión Parlamentaria de Investigación) terminó suspendiendo el objetivo trazado. Desde entonces, el Ministerio de Comunicaciones sólo se apartó de la propuesta de consulta pública. Aunque el actual ministro de telecomunicaciones Paulo Bernardo ha dado declaraciones en favor de un nuevo marco regulatorio en la práctica no hay ningún avance y todas las acciones del Gobierno van en la dirección opuesta.

La sociedad se organiza

Cuando quedó claro que el gobierno no pondría en marcha una consulta pública, los sectores de la sociedad civil organizada en favor de una nueva ley han adoptado una nueva estrategia. Varias organizaciones, encabezadas por el Foro Nacional para la Democratización de la Comunicación, organizaron la campaña ‘Para expresar la libertad’, y comenzaron a construir un proyecto de ley de iniciativa popular.

En Brasil, todo proyecto que cuenta con el apoyo de más del 1% del electorado nacional, siempre que cumpla cuotas estatales, puede ingresar de forma automática iniciativas al Congreso. Pero más que asegurar el debate del proyecto de ley en el Congreso (que podría hacerse por cualquier parlamentario), iniciativas como esta sirven para garantizar el debate del tema entre la sociedad. Es, por lo tanto, más una estrategia para incidir en  la sociedad que en el campo político.

El proyecto de iniciativa popular, llamado “Ley de los Medios Democráticos” establece medidas que regulen los principios de la Constitución, y que se aplicarían a todos los medios electrónicos. Entre las medidas previstas están la reserva de al menos el 33 % del espectro para el sistema público, la regulación del sector por dos órganos, la prohibición de licencias a los políticos con mandato y una serie de medidas que buscan frenar las estructuras y prácticas anticompetitivas y el abuso de poder en el mercado. Hasta febrero de 2014, el proyecto había recogido poco más de 50 mil firmas, que deben ser entregadas en papel al Congreso.

Es difícil predecir cuando la situación podría cambiar en Brasil. Por un lado, la sociedad civil parece estar lejos de la meta de recoger 1,3 millones de firmas. Por otro , el gobierno, sin duda se quedará en silencio en un año electoral. En el caso que la presidenta Dilma Rousseff sea reelegida,  es posible que cambios en el ministerio de comunicaciones vuelvan a poner el tema en la agenda. Pero aún así la oportunidad de que un proyecto se desarrolle en el Congreso parece hoy más bien lejana. Todo parece indicar que Brasil seguirá siendo uno de los pocos países en América Latina que no cuenta con una nueva ley de comunicación en el horizonte político.

 Joao Brant.  Maestro en Regulación y Políticas de Comunicación por la London School of Economics and Political Science y miembro del colectivo Intervozes, Brasil.

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