En medio de un fuerte lobby de la industria del copyright, de las empresas periodísticas y de las plataformas globales, se“cayó” el proyecto de ley sobre responsabilidad de intermediarios en Argentina, que ya tenía media sanción en el Senado.
“El Senador Pinedo [del PRO, autor del proyecto junto con Liliana Fellner del Justicialismo] manifestó públicamente que no es necesario tratar este proyecto, que ya está próximo a vencer en febrero de 2019. Por eso proponemos empezar a pensar otras perspectivas para más adelante… queremos trabajar en una nueva redacción que priorice al ciudadano en su nuevo rol de protagonista de la información… Vamos a empezar de nuevo, porque este es un tema sobre el que hay q regular”, aseguró la diputada por la Unión Cívica Radical -Cambiemos, Karina Banfi, en una audiencia que tuvo lugar ayer en la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados.
En esta línea también se sumaron diputados de otros bloques como Pablo Carro (Frente para la Victoria – FpV) y Fernando Brügge (Unidos por una Nueva Argentina – UNA).
En la reunión convocada por la Comisión parlamentaria se invitó a representantes de la industria gráfica, audiovisual (radio, TV y productores) y del libro, que se manifestaron en contra del proyecto bajo el argumento del no respeto a los derechos de autor por parte de los intermediarios y los desequilibrios competitivos que esta norma generaría.
Recientemente, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) había manifestado su rechazo a la normativa porque considera que el proyecto exime “de cualquier tipo de responsabilidad -hasta por derechos intelectuales- a los intermediarios tecnológicos por los contenidos que circulan por sus plataformas, incluso cuando obtienen beneficios económicos a partir de los mismos”.
“Es una falacia q los intermediarios no puedan hacerse responsables de los contenidos que publican… no podemos desconocer que los intermediarios posicionan, priorizan, ocultan e incluso fabrican contenidos propios y ello también acarrea responsabilidades”, señaló en la reunión de ayer en la cámara de Diputados el representante de ADEPA, tal como se desprende del hilo de twitter de una asesora del Senado.
Por su parte, el empresario de medios dueño de la editorial Perfil, Jorge Fontevecchia, aludió a la posición económica de los intermediarios. “El problema que nosotros aquí tenemos es el de un nuevo colonialismo económico… nuestra posición es que no debe haber ningún monopolio en ningún ámbito, y en este caso nos oponemos a un monopolio de Google y Facebook”.
Desde la Asociación de Televisoras Argentinas (ATA) y de la Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas (ARPA) indicaron que el proyecto “avala el uso indiscriminado de contenidos periodísticos generados por terceros por parte de empresas que no pagan impuestos en nuestro territorio y cuando lo hacen las sumas son irrisorias, que no asumen responsabilidades frente al uso de esos contenidos.”
Distintas organizaciones de derechos digitales emitieron una carta apoyando el proyecto de Ley y solicitando su aprobación en la Cámara de Diputados.
“El régimen de responsabilidad de intermediarios propuesto en el proyecto tiene un impacto positivo directo en el ejercicio de derechos como la libertad de expresión, el acceso a la información, la privacidad, el derecho de asociación, entre otros derechos… (por lo que) solicitamos sea tenida en cuenta esta nota, que se suma a la de los Relatores y organizaciones internacionales que siguen con atención este asunto de fundamental trascendencia para la libertad de expresión en Argentina”, señala la carta firmada por Access Now, Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC), Centro de Estudios de Libertad de Expresión (CELE) – Universidad de Palermo, Centro de Estudios de Tecnología y Sociedad (CETyS) – Universidad de San Andrés, y Fundación Vía Libre.
También manifestaron su apoyo a la iniciativa las gremiales de la industria de Internet como la Cámara Argentina de Internet (CABASE), la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), la Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA), la Cámara de Cooperativas de Telecomunicaciones (CATEL), la Cámara de Informática y Comunicaciones de la República Argentina (CICOMRA) y la asociación de la industria móvil, GSM Association.
“Las contadas voces que se oponen a la sanción de esta propuesta normativa pretenden que derechos de propiedad intelectual como otros intereses económicos estén por encima del derecho a la libertad de expresión de los individuos… la sanción de este proyecto colocará a la Argentina a la vanguardia regional y global en legislación de Internet, siguiendo los mejores estándares internacionales y contribuyendo al mismo tiempo al desarrollo de la economía digital en nuestro país, promoviendo la innovación local y facilitando la inversión, es por ello que solicitamos que acompañe el proyecto con su apoyo”, indica la nota enviada porm estas empresas a distintos bloques de la Cámara de Diputados.
El proyecto había obtenido media sanción en el Senado a fines de 2016 y en noviembre de 2017 haber obtenido dictamen por parte de las Comisiones de Comunicaciones e Informática; de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia; y de Justicia.
La iniciativa retoma en términos generales los principios internacionales en la materia plasmados en los Principios de Manila y los estándares interamericanos en la materia, de forma de proteger a los intermediarios de presiones de autoridades estatales y otros actores privados. Reconoce que los ISP no son responsables por contenidos generados por terceros, estableciendo la obligación de cumplir con la remoción o bloqueo de contenidos siempre que medie una orden judicial, así como también determina que los ISP no están obligados a monitorear o supervisar los contenidos generados por terceros.
Sin embargo, plantea un controvertido artículo sobre “autorregulación” (art. 7) que se aleja de los Principios de Manila al habilitar la censura privada, ya que reconoce que cualquier empresa intermediaria podrá realizar el bloqueo y la remoción de contenidos así como la eliminación de perfiles y cuentas de usuarios, sin exigir orden judicial ni poner otras condiciones (transparencia, etc).
Al respecto, en mayo de este año, los Relatores para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de Naciones Unidas enviaron una carta al gobierno en la que, si bien manifestaron su apoyo general al proyecto, advirtieron sobre posibles riesgos para la libertad de expresión al consagrar la autorregulación si no se establecen condiciones para las corporaciones privadas.
Trasla decisión en la reunión de ayer en la Comisión de Comunicacionesde no presentar la discusión del proyecto en el orden del día parasu tratamiento en el recinto, el proyecto de ley de intermediariosquedaría archivado.
Foto de Wally Gobetz bajo una licencia (CC BY-NC-ND 2.0)
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