La administración de Mauricio Macri aplazó la fecha de finalización de las emisiones analógicas de la TV abierta (apagón analógico) hasta el 31 de agosto de 2021 mediante el Decreto 173/2019. Así, se postergó por dos años el proceso previsto originalmente para 2019.
A través de la misma normativa también se plantearon algunos cambios institucionales en relación a este tema. El Consejo Asesor del Sistema Argentino de TV Digital, por ejemplo, pasó a la órbita del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), cuya máxima autoridad, Silvana Giudice, también lo presidirá.
De acuerdo con el Decreto 1148/2009, el Consejo Asesor fue creado en la órbita del Ministerio de Planificación. Tras la asunción de Macri como presidente, el organismo pasó a depender primero del extinto Ministerio de Comunicaciones y luego del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos (Jefatura de Gabinete de Ministros). A partir de ahora quedaría en la órbita de ENACOM, regulador “convergente” de medios y telecomunicaciones.
Éste, a su vez, será el encargado de elaborar las modificaciones al Plan Nacional de Servicios de Comunicación Audiovisual Digitales en un plazo de 90 días, que luego deberá ser aprobado por la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Dicho Plan había sido elaborado y aprobado en 2014, durante el gobierno de Cristina Kirchner, por la ex Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA). Pero el año pasado, ENACOM realizó una consulta pública para modificar el documento. Entre otras cuestiones, la propuesta del regulador incluía la posibilidad de que los radiodifusores comerciales utilicen el canal completo de 6 Mhz para sus emisiones digitales.
En los considerandos, el decreto que prorroga el apagón analógico señala que la decisión está motivada en la necesidad “de permitir el desarrollo de adecuadas políticas que incentiven la culminación exitosa de dicho proceso, garantizando el acceso de las audiencias a la televisión abierta y gratuita”, así como que “las medidas que se adopten en dicho proceso deben responder a un análisis completo y transversal que vincule a la administración eficiente e inclusiva del espectro radioeléctrico con la protección de derechos de raigambre constitucional vinculados a los medios de comunicación audiovisual, tanto del sector público como del sector privado, atendiendo a las particularidades de cada uno de los servicios y áreas del país”.
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