El oficialismo consiguió girar al recinto la iniciativa de ley de telecomunicaciones con las modificaciones acordadas tras las jornadas de audiencias públicas. Entre los cambios, se decidió que las telefónicas no estén autorizadas a brindar servicio de TV satelital y que deban ajustarse a una serie de «zonas de exclusión» en las que no podrán brindar servicios audiovisuales de modo inmediato.
ARGENTINA | 20 de noviembre de 2014
En la reunión de la Comisión de Sistemas, Medios y Libertad de Expresión, los miembros de la oposición, entre ellos Gerardo Morales y Norma Morandini, se retiraron del salón en disconformidad con algunos puntos del articulado, pero el oficialismo logró pasar a la firma el dictamen, por lo que la iniciativa quedó en condiciones de ser tratada en el recinto la semana próxima.
Ayer por la noche, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y el secretario de Comunicaciones, Norberto Berner, se reunieron con los legisladores del Frente para la Victoria para indicar cuáles serían los cambios aceptados en la norma.
- En relación con las cooperativas, pymes y cableoperadores, quedará explicitado que la finalidad de la ley es la defensa de estos actores. Estos actores serán mencionados como empresas claves para el desarrollo de las economías regionales.
- Para potenciar su desarrollo, el Poder Ejecutivo diseñará créditos subsidiados en base al concepto de Servicio Universal. Es decir, que se contribuirá al financiamiento de la red para estos actores.
- Uno de los aspectos más referenciados durante las audiencias públicas fue la necesidad de segmentar el mercado de los operadores para evitar las asimetrías. Por eso, quedará escrito en el proyecto que, si existiese alguna asimetría, la reglamentación deberá actuar en consecuencia.
- Otro de los aspectos cuestionados por los cableoperadores fue la posibilidad de que empresas como Telefónica ofrezcan televisión directa al hogar (TDH) desde sus satélites de comunicaciones, similar al servicio que ofrece DirecTV. Según la modificación del Ejecutivo, las empresas que tengan una licencia TIC no podrán ofrecer TDH.
- La neutralidad de la red es mencionada en el artículo 1 del proyecto. Para especificar su alcance, el oficialismo incluirá como un capítulo específico el contenido de un dictamen ya aprobado por la Comisión de Sistemas, Medios y Libertad de Expresión, que definió la neutralidad como la posibilidad de “asegurarles a los usuarios de Internet el derecho a acceder, utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación, servicio o protocolo a través de Internet, sin ningún tipo de restricción ni discriminación”. Este es uno de los aspectos más combatidos por Telefónica. Su presidente global, César Alierta, sostuvo que la neutralidad era un “concepto inventado por quienes no tenían redes”.
- En cuanto a los derechos de los usuarios, serán incluidos en la norma los alcances del “reglamento del usuario” aprobado recientemente para la telefonía móvil, que ahora será extensivo, en sus principios, a todos los licenciatarios TIC.
- La norma establece que todas las comunicaciones TIC serán consideradas de “interés público”. Esto incluye la telefonía fija, móvil, Internet y las transmisiones por cable. La oposición cuestionó que la telefonía fija dejase de ser un servicio público. Por eso el Ejecutivo aclarará en el proyecto que este servicio seguirá siendo un servicio público, es decir que el Estado continuará regulando su tarifa. Por otro lado, la norma establece que las comunicaciones TIC entre empresas serán definidas como “servicios públicos en competencia”. En este sentido, el Estado podrá intervenir en la regulación de las tarifas entre operadores para que exista una real segmentación de mercado.
- Todos los operadores que en la actualidad tengan una licencia de telecomunicaciones pasarán a tener una licencia TIC, para lo cual no deberán realizar ningún trámite. Aquellos cableoperadores que también ofrecen en la actualidad servicios de telefonía, pero que están en una situación de irregularidad en cuanto a su licencia de telecomunicaciones, tendrán un plazo específico para que puedan regularizar su situación y adquirir la nueva licencia TIC.
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