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Sobre el marco legal uruguayo

UruguayBanderaLa legislación de Uruguay para los servicios de radio y televisión aún se mantiene basada en una ley de la dictadura militar, el Decreto-Ley N°14.670 de 1977 o Ley de Radiodifusión [1], y su reglamento, aprobado también en ese período mediante el Decreto N°734 de 1978 [2]. Desde 2007, una ley especial sobre medios comunitarios regula estos servicios, siendo considerada un referente en la región. Se trata de la Ley N°18.232 o Ley de Radiodifusión Comunitaria [3].

Finalmente, deben incluirse varios decretos reglamentarios entre los cuales se destaca el Decreto N°374 de 2008 [4] que modificó los procedimientos de acceso a las frecuencias de uso comercial y el Decreto N°153 de 2012 [5] que aprobó el plan de implementación de la televisión digital y realizó ajustes a la regulación vigente en materia de televisión abierta.

La legislación uruguaya reconoce la existencia de tres sectores de la radiodifusión: comercial, pública y comunitaria, todos considerados como necesarios y complementarios. Las concesiones para prestar servicios de radio y televisión necesitan de autorización previa del Poder Ejecutivo, la cual se obtienen mediante concursos abiertos, transparentes y públicos donde los criterios comunicacionales, aporte a la diversidad, la producción local de contenidos y la creación de empleos son fundamentales [6]. La capacidad económica y la propuesta técnica de los interesados no son variables de evaluación de las solicitudes y se realizan audiencias públicas en la localidad donde se pretende brindar el servicio.

En el caso de las radios comunitarias se seleccionará a quien reúna más puntaje respecto al plan de servicios a la comunidad, los mecanismos previstos para asegurar la participación ciudadana en la gestión y programación de la emisora, los antecedentes de trabajo social y comunitario en la zona de cobertura solicitada y el apoyo social que tenga la propuesta [7]. En el caso de los medios comerciales, se autorizarán los proyectos que mejor cumplan con  los siguientes criterios: los provenientes de personas físicas o jurídicas que no tengan aún autorizaciones, los que aporten programación distinta a la oferta existente en la localidad, los que ofrezcan mayor cantidad de producción local propia o independiente, que brinden la mayor cantidad de empleos directos y aquellos que contemplen espacios gratuitos para organizaciones sociales [8].

Los concursos son diferenciados para iniciativas comerciales y comunitarias [9] para atender sus especificidades, pero ambos cuentan con fiscalización de organismos integrados por diversos sectores empresariales, académicos y sociales, quienes tienen opinión preceptiva en todos los procedimientos de otorgamiento de frecuencias [10].

Las autorizaciones para medios comunitarios se otorgan por 10 años, renovables por períodos de 5 años siempre que no haya otros interesados [11]. Hasta el momento no existen plazos para la radio y televisoras comerciales analógicas. Los permisos se otorgan con carácter temporal y revocable [12], aunque los nuevos contratos para emitir señales de televisión digital (para operadores nuevos y actuales) serán otorgados por 15 años, con opción a renovación de 10 años [13].

El organismo regulador y de fiscalización en materia de gestión del espectro, telecomunicaciones y servicios de radiodifusión es la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC)[14], un órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo con autonomía técnica pero que mantiene dependencia del gobierno tanto por el nombramiento de su Consejo Directivo como por el hecho de que el Poder Ejecutivo se reserva el derecho de revocar cualquier resolución de la entidad en caso de discrepancia. Aunque su mandato supera el período de gobierno, los tres integrantes del Consejo Directivo son elegidos y removidos directamente por el Poder Ejecutivo [15].

Las competencias para definición de políticas públicas para el sector recaen en el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Industria, Energía y Minería, y es éste, en acuerdo con el Presidente de la República, quien otorga y revoca las autorizaciones para servicios de radio y televisión [16].

En materia de otorgamiento de uso de frecuencias, no obstante y aunque no tienen opinión vinculante, la creación de dos organismos con participación ciudadana da mayor transparencia a este aspecto de la regulación. La Ley 18.232 creó el Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria (CHARC)[17], competente en los procedimientos para este sector, mientras que mediante el Decreto 374/008 se instaló la Comisión Honoraria Asesora Independiente (CHAI) para el sector comercial [18]. Aunque algunas instituciones y organizaciones están representadas en ambos organismos, tales como la asociación de periodistas, o las universidades públicas y privadas, en el primero se integran representantes de los gremios de medios comunitarios y en el segundo diversas asociaciones empresariales vinculadas a la radiodifusión y la producción audiovisual.

Como se ha mencionado, los medios comunitarios tienen una ley específica que reconoce su existencia y obliga al Estado a promover su desarrollo[19], siendo reconocida como una referencia para la región por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA.

La definición de los objetivos y características de las emisoras comunitarias son adecuados y compatibles con los estándares internacionales: entidades sin fines de lucro, de propiedad colectiva y participación comunitaria en la gestión de la emisora [20]; con acceso permitido tanto a radio AM y FM como a televisión analógica y digital; el uso de todas las fuentes de financiamiento legales, siempre que los ingresos se reinviertan íntegramente en la emisora y no se genere lucro alguno [21]; y sin limitaciones previas de potencia, cobertura o cantidad de emisoras, salvo por limitaciones fundadas de espectro y de acuerdo al proyecto comunicacional de la emisora [22].

Uruguay innovó en la región al establecer que al menos un tercio de las frecuencias de todas las bandas de radiodifusión deberían ser reservadas para este sector, aunque sin definir qué porcentaje corresponde a los sectores público y comercial [23].

 



[1] www.parlamento.gub.uy/leyes/ley14670.htm

[2] http://www.ursec.gub.uy/scripts/locallib/imagenes/DECRETO%20734-78%20AL%2006-2012.pdf

[3] http://200.40.229.134/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=18232

[4] http://www.ursec.gub.uy/scripts/locallib/imagenes/DECRETO%20374_008%20MODIFICA%20%20DEC%20734_978.pdf

[5] http://www.ursec.gub.uy/scripts/locallib/imagenes/DEC%20153-012%20TDV.pdf. Fue modificado parcialmente por el Decreto N°437 de 2012 (http://www.miem.gub.uy/c/document_library/get_file?uuid=f7385796-9205-4824-a306-1838bb4ca494&groupId=49884)

[6] Art. 7, Ley 18.232. Art. 10, Decreto 374/008

[7] Art. 8, Ley 18.232

[8] Art. 13, Decreto 374/008

[9] Art. 7, Ley 18.232

[10] Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria (CHARC) y Comisión Honorara Asesora Independiente (CHAI)

[11] Art. 9, Ley 18.232

[12] Un proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual enviado por el gobierno este año incluye plazos de 10 años para radios y 15 años para televisión abierta.

[13] Art. 8 lit i), Decreto 153/012

[14] Art. 70, Ley 17.296 de 2001

[15] Arts. 75 y 76, Ley 17.296

[16] Art. 3, Decreto N°155 de 2005

[17] Art. 15, Ley 18.232

[18] Art. 19, Decreto 374/008

[19] Ley N°18.232 de 2007

[20] Art. 4, Ley 18.232

[21] Art. 10, Ley 18.232

[22] Art. 4, Ley 18.232

[23] Art. 5, Ley 18.232