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Venezuela: La reforma de la LOTEL queda en suspenso

Académicos, periodistas y representantes de medios universitarios han mostrado preocupación acerca de la amplitud de la reforma de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, que los diputados de la mayoría opositora presentan como una modificación “puntual y de urgencia”.

Jesús Urbina Serjant*/ Venezuela/ Septiembre 2016.

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Por causa de una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), todos los actos legislativos de dos sesiones de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela quedan suspendidos. La decisión judicial afecta el proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (LOTEL), aprobado en primera discusión el 28 de abril de este año.

Dos días antes del fallo, que fue motivado por un recurso de nulidad con amparo cautelar que presentó la bancada del oficialista Bloque de la Patria, la Comisión Permanente del Poder Popular y Medios de Comunicación del parlamento había aprobado el informe para la segunda discusión de la ley.

Se ejecuta la sentencia en atención al “incumplimiento” de la Asamblea Nacional de otra decisión del TSJ emitida el 21 de abril, en la que se decreta una medida cautelar contra la mayoría opositora por no convocar las sesiones del 26 y 28 de ese mes de acuerdo con los parámetros de tiempo que dispone el Reglamento Interior y de Debates.

La reforma de la LOTEL se aprobó en primera fase con la derogación de un artículo, la modificación de otros 19 y de cuatro disposiciones adicionales. La normativa vigente, sancionada y promulgada en diciembre de 2010, es producto de una reforma general de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones del año 2000.

La reforma ahora suspendida restituye el principio de actividad de interés general de las actividades de telecomunicaciones (artículo 5), que fue una de las novedades de la ley original desconocidas en la modificación firmada por el presidente Hugo Chávez. El texto presentado por la mayoría opositora en la Comisión de Medios suprime la condición de “servicio e interés público” para las redes de telecomunicaciones, para establecer una regulación que frene el control creciente y arbitrario que el gobierno central ha ejercido sobre el espectro radioeléctrico en el último lustro.

La nueva reforma amplía a 20 años el término de las concesiones y habilitaciones administrativas, cinco años por encima de la ley actual. Asimismo, elimina el decaimiento de dichos títulos por pérdida de condiciones que dieron lugar a su otorgamiento y controla el silencio administrativo del órgano regulador en lo concerniente a las solicitudes de licencias.

La reforma acordada en primera discusión en la AN, plantea la redefinición de las normas sobre el regulador, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), para asegurar su autonomía frente al poder Ejecutivo. La Asamblea tendrá un papel importante en la designación de su directorio y se inhabilitará a los militantes partidistas para ocupar puestos en el mismo. Se procura prevenir el reiterado hecho de la ocupación de esos cargos por parte de miembros de organizaciones políticas afines al gobierno, como ha ocurrido en los casos de todos los funcionarios de jerarquía nombrados por los mandatarios Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

El artículo 60 de la ley, introduce una nueva obligación de transparencia para el regulador, cuyos informes anuales deberán hacerse públicos luego de una auditoría independiente. La lista de los operadores de telecomunicaciones habilitados, que hoy es un misterio, también tendrá que ser pública. Se limita la potestad sancionatoria del director general de CONATEL, así como la ratificación del Consejo Directivo de los procedimientos administrativos que imponga en el ejercicio de sus competencias, según se prevé en el artículo 39 de la propuesta parlamentaria.

La reforma de la LOTEL planteada en la AN introduce atenuantes para la imposición de multas por infracciones de los operadores y el condicionamiento de algunas causales de sanción, como en lo relativo a la reincidencia (artículo 170). El uso clandestino o no autorizado del espectro queda considerado entre los susceptibles a comiso de equipos de transmisión, de acuerdo con el proyecto de cambio de la LOTEL.

TV digital: una deuda del gobierno y también del parlamento.

La “despolitización de CONATEL”, en palabras del diputado Tomás Guanipa, presidente de la comisión a cargo de la reforma, es el objetivo central de la iniciativa que ha quedado en suspenso con la sentencia 797 del 19 de abril. Y lo es también la protección de los derechos de los concesionarios, que según el parlamentario están sujetos “a la arbitrariedad del gobierno en el tiempo de duración” de las licencias.

Durante dos meses y medio la Asamblea Nacional sometió a consulta pública  el proyecto de reforma, para lo cual se dispuso un mecanismo de recepción de aportes de ciudadanos y organizaciones, a través del portal web del poder legislativo.

Al aprobarse el informe final para la segunda discusión de la ley otro miembro de la comisión, el diputado José Gregorio Correa, aseguró que se consideraron “todas las observaciones”. Sin embargo, el texto definitivo aún no es público.

Académicos, periodistas y representantes de medios universitarios han mostrado preocupación acerca de la amplitud de la reforma de la LOTEL, que los diputados de la mayoría opositora presentan como una modificación “puntual y de urgencia” para resolver los problemas más sensibles del actual régimen jurídico de las telecomunicaciones en Venezuela.

El limitado alcance de los cambios propuestos posterga necesidades importantes, como lo es la digitalización de los usos el espectro radioeléctrico, tema que apenas se menciona en el proyecto legislativo. En marzo de 2016, la Comisión Permanente del Poder Popular y Medios de Comunicación recibió un informe de la Cámara Venezolana de las Telecomunicaciones (CAVETEL) sobre el estatus de la política gubernamental en el terreno de lo que debe conducir al apagón analógico, una deuda que arrastra el Estado desde el 2007 cuando fue anunciado por primera vez.

Del informe se deduce que no existe claridad sobre planes nacionales para una transición definitiva al estándar de TDT elegido hace ya una década, por lo que la existencia de la TV digital es un experimento poco transparente y políticamente sesgado que tiene muy bajo impacto.

La reforma de la LOTEL que está en el limbo sólo se anima a proponer que el Estado “promoverá el desarrollo de la radio y la televisión digitales” (disposición octava). Para un país en el que se ha hecho una gigantesca inversión oficial en la TDT, sin resultados claros ni avances significativos, un enunciado de ley así no responde a las expectativas, ni de los usuarios ni de los operadores.

*Investigador en regulación de medios y Académico de la Universidad del Zulia, Venezuela.

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