Impulsado por los diputados del oficialista Frente de Todos, Pablo Carro y Blanca Osuna, 29 diputados presentaron un proyecto de Ley para que el acceso a servicios de Internet de banda ancha fija, móvil y satelital sea considerado como derecho humano y un servicio universal.
El proyecto conceptualiza el derecho de conectividad e Internet como derecho humano, siguiendo pronunciamientos en este sentido de las Naciones Unidas y la obligación de garantía de universalidad establecida en la Ley 27.078 Argentina Digital.
La iniciativa propone crear un Plan Nacional de Conectividad para coordinar y ejecutar las políticas y recursos públicos en materia de conectividad. El objetivo del plan es “garantizar la maximización de la cobertura geográfica, la accesibilidad a toda la población, la inclusión digital y la asequibilidad de paquetes de servicios esenciales determinados por la autoridad de aplicación”, según establece el proyecto.
De acuerdo con el diputado Pablo Carro, el proyecto se basa en «la necesidad de contar con un instrumento legal que garantice la posibilidad de acceder a un servicio fundamental en general y con más razón en situación de pandemia para todas y todos, cualquiera sea su situación o condición socio-económica.”
En los fundamentos de la iniciativa se alude a los efectos de la pandemia de COVID-19: “la salida de la pandemia COVID 19 ha intensificado y priorizado en la agenda del desarrollo sostenible con equidad distributiva y oportunidad para todos y todas, la necesidad de superar las desigualdades estructurales y los problemas fácticos de conectividad y uso de Internet con una mínima calidad de servicio y tarifas justas y razonables”, señala el proyecto.
El proyecto retoma, según sus impulsores, “el camino de mayor capacidad, autonomía, federalismo e inclusión social en materia de telecomunicaciones iniciado por el plan de conectividad Argentina Conectada de 2010”. Asimismo, plantea que “aún con dificultades para viabilizar financiamientos genuinos y operativos, el Estado nacional dispone de una cantidad de iniciativas cuyos formatos están en revisión para ser potenciados en cada repartición: el Plan Nacional de Conectividad Escolar en el Ministerio de Educación, el Programa Conectividad del Ente Nacional de Comunicaciones y “País Digital” en Jefatura de Gabinete, además de las gestiones de la empresa pública ArSat son ejemplos de importantes esfuerzos en marcha”.
La propuesta del Plan Nacional de Conectividad contempla “el despliegue de puntos de wifi de acceso gratuito, de gestión pública o privada, que funcionarán en las oficinas públicas y/o los lugares de interés público a determinar en cada ciudad o localidad del país”, así como en establecimientos educativos, bibliotecas públicas, centros culturales, museos, organizaciones sociales y medios de comunicación públicos, universitarios y de gestión social.
El proyecto de ley restablece potestades regulatorias al regulador en materia de tarifas que habían sido suprimidas por el DNU 267/2015. A su vez propone que los ISP cuenten con un “plan inclusivo con tarifa diferenciada”.
“Hemos tenido diálogos informales con muchos referentes del sector y vemos la necesidad agudizada por la pandemia, y la viabilidad de un proyecto de estas características, focalizándonos en el acceso a Internet como servicio universal. El proyecto no varía el encuadre de la telefonía móvil ni de los servicios audiovisuales…Ya la Ley Argentina Digital declara a los servicios TIC como servicio universal, por ello el servicio de acceso a Internet se remite ahí. Por otra parte se retoman los fundamentos del plan de conectividad Argentina Conectada”, dijo a OBSERVACOM Diego Rossi, asesor del diputado Carro.