Por Ana Bizberge (*)
El aislamiento social como medida para intentar frenar una mayor expansión del COVID-19 ha generado un impacto directo sobre las redes, que vieron un gran crecimiento del tráfico de datos, motivado por el teletrabajo y la educación a distancia pero, principalmente, por el uso de redes sociales para comunicaciones en tiempo real y el consumo de entretenimiento audiovisual.
En la semana del 17 de marzo, el tráfico IP creció 25% en promedio en los países de la región: mientras que en Argentina el crecimiento fue del 25%, en Ecuador se reportó un incremento del 30% en la demanda de Internet; en Chile, entre el 26% y 30%; en Perú, entre el 30% y 60% para servicios fijos y del 9% al 21% en móviles. En tanto en países de Europa como España y Reino Unido el tráfico de datos creció un 40% y 60%, respectivamente.
Esta situación se produce en un escenario regional caracterizado por condiciones desiguales de acceso a los servicios de telecomunicaciones y conectividad. Según datos del Observatorio del Ecosistema Digital de CAF (CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, conocido anteriormente como Cooperación Andina de Fomento), poco más de la mitad de la población de América Latina y el Caribe accede a Internet (54,42%) y, aunque la penetración de telefonía móvil supera el 100% de la población (109,78%), poco más de la mitad accede a banda ancha móvil (57,41%) -muchos a través de planes de prepago-. Menos de la mitad de la población (40,57%) posee conexión de banda ancha fija, pero las conexiones de fibra óptica representan solo el 6,39% del total.
En este escenario, como ya hemos publicado en OBSERVACOM, desde el ámbito internacional, los Relatores de Libertad de Expresión de Naciones Unidas, de América y de Europa emitieron una declaración conjunta exhortando a los gobiernos a proteger y promover el libre acceso a la información. Entre otras cuestiones, los relatores señalaron que, en tanto el acceso a Internet es crítico en un momento de crisis, los gobiernos deben abstenerse de bloquear el acceso a Internet.
En este sentido, por ejemplo en Brasil, el Colectivo Intervozes formalizó una petición a ANATEL para que, siguiendo el decreto que en el país declara los servicios de telecomunicaciones e Internet como esenciales, prohíba la suspensión de servicios de conexión a Internet fija y móvil por 90 días para minimizar los daños causados por el aislamiento.
“Necesitamos entender la realidad de gran parte de los brasileños que gana menos de mil reales [US$ 197] mensuales y también desea informarse, trabajar y seguir estudiando. La suspensión de la navegación que no sea por falta de pago es ilegal, según el Marco Civil de la Internet. En este momento de pandemia, necesitamos una decisión contundente de la ANATEL, a través de una orden judicial. El tráfico de datos no genera más costos a las operadoras y no daña a la infraestructura. El modelo de negocios basado en la franquicia es una estrategia de generación artificial de escasez. No es aceptable que las empresas utilicen este momento crítico para elevar sus lucros”, declaró Marina Pita, coordinadora ejecutiva de Intervozes y representante del colectivo en el Comité de Defensa de los Usuarios de los Servicios de Telecomunicaciones (CDUST) de la ANATEL.
En la región, gobiernos, reguladores, operadores de TV paga y de telecomunicaciones y plataformas digitales anunciaron distintas medidas en relación al acceso a telefonía e Internet y a la gestión de redes de telecomunicaciones.
Iniciativas de los gobiernos y reguladores: TIC y telecomunicaciones servicios esenciales
Los gobiernos y reguladores de distintos países han adoptado medidas para garantizar el acceso y continuidad de servicios TIC y de telecomunicaciones (telefonía fija y móvil, acceso a Internet) e incluso de TV paga (cable y satelital).
En Argentina, el gobierno prohibió durante 180 días la suspensión o el corte por mora o falta de pago de los servicios telefonía fija o móvil e Internet, así como los de TV cable o satelital.
Del mismo modo, en Brasil, el Decreto 10.282/2020 estableció que los servicios de telecomunicaciones e Internet son esenciales y debe garantizarse su funcionamiento durante la pandemia.
Desde la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (ANATEL) de Brasil se firmó un compromiso (abierto a nuevas adhesiones) con distintas empresas para “mantener Brasil Conectado”, lo que incluye continuidad en el funcionamiento de los servicios y brindar información a la población, entre otros aspectos.
Por su parte en Bolivia, la Autoridad de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) emitió un comunicado en el que señala estar en “coordinación permanente con los operadores, con la finalidad de solucionar cualquier tipo de problema respecto a cortes de servicio de internet y/o telefonía móvil. De esta manera, velaremos por los derechos de la población y garantizaremos la continuidad de los servicios de telecomunicaciones, en el marco de la Ley General Nº164 de Telecomunicaciones Tecnologías de Información y Comunicación”.
En Colombia, el gobierno emitió el Decreto 464 de 2020, en el que definió a los servicios de telecomunicaciones como esenciales por lo que no se puede suspender su prestación por falta de pago. En relación a los planes móviles de prepago, al finalizar el saldo, el proveedor tiene la obligación de permitir envío de mensajes de texto.
Además se estableció la flexibilización de normas relativas al cumplimiento de régimen de calidad y los aportes que hacen los proveedores al Fondo Único de TIC, entre otros aspectos. En particular, el artículo 4 del Decreto dispone que los servicios de reproducción de video bajo demanda sobre Internet priorizarán la transmisión de sus contenidos en formato de definición estándar, pero sin limitar la elección por parte del usuario de definiciones superiores.
En Ecuador, el Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información emitió un Acuerdo Ministerial, a través del cual el regulador ARCOTEL prohibió a las operadoras suspender servicios de telefonía móvil e internet por falta de pago. Previamente, la empresa estatal de telecomunicaciones CNT Ecuador ya había anunciado que no suspendería sus servicios por falta de pago.
En Perú, el Organismo Supervisor de la Inversión Privada de Telecomunicaciones (OSIPTEL) también dispuso que los operadores de telecomunicaciones no pueden suspender o dar de baja dichos servicios por falta de pago mientras dure el Estado de Emergencia decretado por el Gobierno y señala que las empresas deben realizar la gestión de tráfico que sea necesaria para priorizar el funcionamiento de las aplicaciones orientadas a teletrabajo o trabajo remoto, teleeducación y telesalud, siguiendo lo establecido en el Reglamento de Neutralidad de Red para situaciones de emergencia.
Por su parte, en Chile, la Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL) requirió a distintas empresas información sobre el comportamiento de sus redes a raíz del aumento de tráfico y planes de trabajo en un plazo de 24 horas.
En tanto en El Salvador, la Asamblea Legislativa aprobó diferir el pago de servicios de telecomunicaciones como telefonía, TV por cable e Internet en las facturas de marzo, abril y mayo en un máximo de 24 cuotas en los recibos que se emitan a partir de junio de 2020.
En Uruguay, el gobierno anunció que la empresa estatal ANTEL ofrecerá a partir de abril 50 Gb gratis para los usuarios del Plan Universal Hogares.
“El Plan Universal Hogares es un servicio de acceso gratuito a Internet de ANTEL iniciado en 2011 como servicio universal para garantizar que todos los hogares tengan acceso mínimo a Internet sin costo. El data cap era de 1 Gb y admite recarga prepago. Ahora será de 50 Gb”, explicó Gustavo Gómez, Director Ejecutivo de OBSERVACOM, a través de su cuenta de Twitter.
Además de las medidas señaladas hasta aquí, otras iniciativas gubernamentales incluyeron modificaciones en la gestión de espectro. De acuerdo con Telesemana, la Autoridad Nacional de Servicios Públicos de Panamá (ASEP) anunció que dará a cada operador móvil 30 MHz adicionales en la banda AWS por un período de 90 días para que cuenten con más capacidad para hacer frente a la demanda de tráfico. Este tipo de medidas se encuentra bajo estudio en el caso de México.
Acciones de las empresas: reducción de calidad, tarifa zero y acceso a contenido Premium gratis
A fin de evitar la saturación de la red, distintas empresas del mundo digital y medios tradicionales en Internet propusieron -a veces de forma voluntaria y otras, a partir de acuerdo con los reguladores- reducir la calidad de las transmisiones de video.
Esta tendencia se inició en Europa a partir de un acuerdo de la Unión Europea con Netflix para reducir un 25% su tráfico. Luego se sumaron Amazon Prime Video y YouTube, así como Facebook e Instagram.
En la región, estas empresas adoptaron la misma lógica. En particular, en Argentina, Netflix acordó con el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) la disminución en la definición de sus contenidos.
“Luego de evaluar la situación, la compañía decidió comenzar a reducir los bitrates en todas las transmisiones en el país, lo cual reduciría la cantidad total de ancho de banda utilizada en un 25%. El compromiso es mantener está condición durante 30 días, volviéndose a evaluar pasado ese período de tiempo”, afirmó Paula Pinha, Directora de Política Pública de Netflix para Latin America.
De modo similar, ENACOM de Argentina reconoció las acciones realizadas por YouTube en el país.
En Perú, Facebook envió una comunicación oficial a OSIPTEL informando que reducirá la resolución de videos en plataformas Facebook e Instagram, del mismo modo que prevé hacerlo en toda América Latina.
Este tipo de acciones no solo atañe a las plataformas digitales, también fue adoptada por grupos de medios tradicionales que ofrecen servicios audiovisuales a través de Internet. Tal es el caso de Grupo Globo en Brasil, que eliminó la opción de reproducción de videos en Full HD y en 4K y solo permite reproducciones en HD en todos los sitios web del Grupo como Globoplay (el OTT Audiovisual de Grupo Globo) y los portales de las señales G1, GloboEsporte y GShow.
Además de la reducción de la calidad del video, otra estrategia desplegada por parte de las empresas tradicionales de TV paga ha sido liberar contenido Premium de las programadoras sin costo para el usuario. Esta modalidad fue adoptada por Net, Claro, Sky, Oi y Vivo en Brasil, así como por DirecTV a nivel regional, Cablevisión de Argentina, Movistar en Perú y Chile, Cotas de Bolivia, y CNT y TV Cable, ambas de Ecuador.
La implementación de prácticas de zero rating (uso de aplicaciones sin consumir datos) también ha sido adoptado entre los operadores de la región.
Los clientes de Cablevisión de Argentina tienen acceso gratuito a la aplicación de Flow; en Chile, las empresas de telecomunicaciones ofrecen aumento de velocidades y liberan uso de redes sociales (Entel, Movistar, Claro y WOM); en tanto en México, los operadores acordaron con el IFT el acceso gratuito a contenidos oficiales sobre el coronavirus. En Perú, como explicamos más arriba, OSIPTEL autorizó a las empresas a realizar la gestión de tráfico necesaria para priorizar ciertas aplicaciones vinculadas a teletrabajo, educación y salud.
En cambio, en Uruguay, también se adoptaron medidas de este tipo. Como se mencionó más arriba, la estatal ANTEL incrementará los gigas para planes sociales, mientras que para servicios comerciales prepago o con tope de tráfico se aumentó 5 Gb de manera gratuita, lo mismo que 1 Gb para uruguayos en el exterior. Por su parte, Movistar anunció la duplicación de recarga de prepago y 3Gb diarios para roaming en el exterior.
(*) Editora de contenidos de OBSERVACOM.
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