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América Latina y el Caribe: libertad de los medios

En general, en los últimos seis años América Latina y el Caribe ha cumplido con las condiciones básicas que garantizan la libertad de expresión y la libertad de los medios, aunque la situación no ha sido homogénea en los 33 países que conforman la región…

UNESCO*/ Regional, agosto 2014

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 Panorama

En general, en los últimos seis años América Latina y el Caribe ha cumplido con las condiciones básicas que garantizan la libertad de expresión y la libertad de los medios, aunque la situación no ha sido homogénea en los 33 países que conforman la región (1). Incluso en aquellos países que cuentan con fuertes marcos legales para regular este ámbito, la implementación todavía constituye un desafío.

Varios países latinoamericanos han aprobado nuevas leyes sobre los medios de comunicación: para algunos, esto representa una oportunidad para transformar el paisaje mediático en un ámbito más plural y menos concentrado; para otros es una oportunidad para que los gobiernos actúen contra los medios críticos de sus gestiones. Este debate también se ha reflejado en aquellos casos donde se han tomado medidas para revisar leyes obsoletas, como las heredadas de las dictaduras militares. También se ha registrado la tendencia, por parte de funcionarios públicos, a iniciar acciones penales contra periodistas y medios de comunicación, aunque en la mayor parte de los casos estas no han prosperado. Los países que históricamente han mantenido los estándares internacionales de libertad de expresión y acceso a la información mantuvieron esta tendencia.

Contexto legal/reglamentario

A excepción de un solo país, todos los países de la región disponen de garantías constitucionales o de leyes que protegen la libertad de expresión en tanto que derecho fundamental. Asimismo, los casos de censura previa han sido poco frecuentes. En los últimos años se ha observado una tendencia hacia la reformulación de la normativa existente o creación de nuevas leyes y normas sobre los medios de comunicación. Al menos 19 países han llevado a cabo estas acciones, o han anunciado la intención de hacerlo. En algunos casos estas reformas se han realizado en contextos de conflicto abierto entre el gobierno y los medios, frente a las cuales la opinión pública ha estado dividida. Los críticos sostienen que en algunos países la nueva normativa está siendo crecientemente utilizada para restringir las voces opositoras a través de la clausura de medios de comunicación, al tiempo que las autoridades afirman que estas clausuras responden a la falta de cumplimiento de las normas de transmisión por radio y televisión, como el hecho de operar sin licencia o por la falta de pago de las tarifas correspondientes.

En los últimos años la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de los Estados Americanos (OEA), ha recomendado la derogación o la enmienda de aquellas leyes que criminalizan el desacato, la difamación, el libelo y las injurias, y ha instado a los estados a adaptar su legislación a fin de garantizar el acceso a la información pública. Una propuesta de reforma de la CIDH, apoyada por algunos países y que podría haber debilitado la Oficina de la Relatora Especial para la Libertad de Expresión, fue rechazada por la Asamblea General de la OEA.

En toda la región se ha registrado una tendencia a la descriminalización de la difamación, y tres de los siete países que han realizado este cambio en los últimos años son caribeños. Asimismo, hoy existe una tendencia hacia la abolición de las leyes contra el desacato que se refieren especialmente a la difamación de funcionarios públicos. Sin embargo, en este mismo período no se han registrado cambios importantes en cuanto a la utilización de otros cargos, como la difamación civil y el libelo, por parte de funcionarios o de ciudadanos poderosos para restringir la información sobre cuestiones de interés público. La Relatora Especial de la OEA ha expresado su preocupación sobre el uso de los delitos de “terrorismo” y de “traición”, dado que viola el derecho a la libertad de expresión de quienes critican a los gobiernos.

Los medios que requieren de licencias para operar enfrentan una situación de vulnerabilidad, dado que su vencimiento y renovación han servido potencialmente para presionar políticamente, una tendencia especialmente destacada en una pequeña cantidad de países. En el caso de la prensa escrita, se han registrado acciones que podrían utilizarse para limitar la libertad de prensa. Así, en algunos países se han aprobado nuevas normas relativas a la importación, venta y/o distribución de papel prensa que, según algunos críticos, abren la posibilidad de intervención indirecta del gobierno en la prensa escrita. Las radios comunitarias han tenido importancia en algunos países debido a que transmiten noticias y programas locales en las lenguas vernáculas, pero solo en los últimos años han comenzado a beneficiarse con los marcos legales-regulatorios.

Internet se ha transformado de manera creciente en el foco de atención de diversas iniciativas legislativas, tanto a través de medidas específicas para esta plataforma como para todas las plataformas de medios. En muchos casos también se ha interpretado que la legislación existente cubre los casos relativos a Internet. Estas tendencias pueden observarse en los proyectos de ley que buscan proteger los derechos de autor a través de la eliminación de determinados contenidos, en las solicitudes realizadas por los gobiernos para que se eliminen esos contenidos, y en las acciones judiciales que limitan y restringen el acceso a contenidos considerados ofensivos o que imponen penas de prisión a periodistas o blogueros por obtener y publicar información “secreta”. Estas podrían ser señales de la emergencia de una tendencia hacia la censura de la información publicada en línea.

Algunos países han incluido disposiciones relativas al uso y el acceso a Internet en sus leyes generales para los medios de comunicación. En la mayoría de los países de la región se ha debatido la inclusión de legislación que permita la posibilidad de filtrar contenidos, aunque al momento se ven favorecidos los grupos que aspiran a obtener mayor apertura. En la región persiste la tradición de filtrar contenidos relacionados con la pornografía infantil. En aquellos casos que podrían ser incompatibles con los estándares internacionales, los principales motivos invocados a la hora de eliminar contenidos han sido cuestiones políticas, de difamación y de derechos de autor, a pesar de la ausencia generalizada de normativa que permita estas acciones. Por otro lado, ha surgido una tendencia compensatoria hacia la adopción de una legislación proactiva para la codificación de derechos en Internet. Así, en 2010 Chile fue el primer país de la región en aprobar disposiciones legales para garantizar la “neutralidad en la red”, y Brasil desarrolló un Marco Civil de Internet que presentó ante el Congreso.

Los medios de América Latina y el Caribe llevan a cabo periodismo de investigación, aunque existe una gran variedad en cuanto a la calidad y el impacto del trabajo, de acuerdo al tamaño de los medios de comunicación y al lugar de producción. Este tipo de periodismo ha sido más frecuente en empresas de medios localizadas en grandes capitales, en parte debido a la falta de entrenamiento formal de los periodistas que trabajan en áreas rurales y remotas. En general, en la región continúa habiendo medios con capacidad suficiente para llevar adelante periodismo de investigación sobre intereses privados y públicos. En años recientes las asociaciones dedicadas a este tipo de periodismo se han transformado en organizaciones clave en el esclarecimiento de historias de interés público y para facilitar recursos a los periodistas. (2)

A lo largo de toda la región se ha reconocido el derecho a la protección de las fuentes, fomentado asimismo por la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, de la CIDH, y la Declaración de Chapultepec de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). La mayoría de los países de la región dispone de protección legal para las fuentes, y seis de ellos incluyen este derecho en sus constituciones nacionales. Sin embargo, este tipo de leyes no existen en los países del Caribe.

Por otra parte, se ha registrado una fuerte tendencia hacia una mayor transparencia en la región. En los últimos seis años se ha promovido la elaboración de leyes de libertad de información (LdI) de manera sostenida, y en seis países estas leyes han sido aprobadas, lo cual hace que el total regional hoy ascienda a al menos 18 países, incluyendo 5 países del Caribe. Pese a que en muchos países existían mecanismos legales que garantizaban este derecho, las nuevas leyes contribuyeron a incluir estos mecanismos bajo un único paraguas, otorgándoles coherencia y ampliando su alcance. La OEA ha elaborado una ley modelo sobre el acceso a la información, con el objeto de “proporcionar a los Estados los fundamentos legales necesarios para garantizar el derecho al acceso a la información”. Asimismo, la región ha mostrado su apoyo a la Alianza para el Gobierno Abierto, una estrategia global que cuenta con apoyo gubernamental, dirigida a fomentar una cultura de la transparencia. Desde el año 2011 hasta hoy, un total de 15 países de la región han dado su respaldo a esta iniciativa. Las leyes e iniciativas de transparencia han generado mayores oportunidades para llevar a cabo periodismo de calidad en la región.

Gráfico 1

Proporción de Estados Miembros con leyes de libertad de información (LdI): América Latina y el Caribe

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Fuentes: Consensus list of 93 countries with freedom of information laws or the equivalent, www.freedominfo. org (marzo de 2013); Fringe Special: Overview of all FOI laws, Vleugels, R. (30 de septiembre de 2012); List of Countries with Access to Information (ATI) Provisions in their National/Federal Laws or Actionable Decrees, andDates of Adoption & Significant Amendments, Open Society Justice Initiative (marzo de 2013).

Sin embargo, se ha registrado una brecha entre las leyes de libertad de información y su implementación. Así, parece surgir una tendencia de parte de los gobiernos a adoptar LdI o leyes de acceso a la información, para luego intentar diluir o debilitar esas medidas. En términos generales, esta situación ha sido desigual a lo largo de la región. En 2012, Colombia se transformó en el primer país que se otorgó una calificación a sí mismo, a través de la creación del Índice de Libertad de Expresión y Acceso a la Información.

*Fragmento del informe Tendencias mundiales en libertad de expresión y desarrollo de los medios: situación regional en América Latina y El Caribe. UNESCO, 2014.

 

Notas
  1. Según un análisis longitudinal elaborado a partir de datos de encuesta de Freedom of the Press, en los últimos seis años se ha reducido la cantidad de países de la región con sistemas de medios de comunicación “Libres” y “Parcialmente libres”, mientras que ha aumentado la cantidad de países con sistemas de medios clasificados como “No libres”.
  2. Por ejemplo, la Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, creada en Brasil en 2002; el Centro de Investigación e Información Periodística, creado en Chile en 2007; la Fundación MEPI, creada en México en 2010; y Plaza Pública, creada en Guatemala en 2011.
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