Derecho a la comunicación y derechos digitales en la propuesta de Nueva Constitución para Chile

*Patricia Peña, académica Facultad de Comunicación e Imagen, Universidad de Chile

La entrega del texto de la Nueva Constitución para Chile, el pasado 4 de julio, incluye unos 20 artículos que se refieren al derecho a la comunicación y derechos digitales, en un proceso de discusión inédito y clave para el reconocimiento de garantías constitucionales que son estratégicos en la sociedad por su impacto en reforzar el valor de la libertad de expresión, la posibilidad de democratizar el sistema de medios y la centralidad que tienen las tecnologías digitales en la sociedad presente y futura.

El desafío de discutir el detalle de estas propuestas de artículos o normas en materia de comunicación y temas digitales, fue asumido por las y los convencionales de la Comisión 7 de Sistemas de Conocimientos, Culturas, Ciencias, Tecnologías, Artes y Patrimonio, en un ejercicio de aprendizaje, escucha y diálogo a través de los mecanismos que se propusieron para el proceso. Estos consistieron en: audiencias públicas, propuestas de iniciativas de normas populares y cabildos, además de las propuestas que fueron trabajadas y presentadas por los propios convencionales. Cada propuesta de norma fue votada en el pleno de la Convención Constitucional entre enero y mayo de este 2022, con un requisito de 2/3 del pleno para la aprobación para su inclusión en el texto final.

Es el artículo 83 en sus incisos 1 y 2 el que establece el derecho a la comunicación como aquel que permite que “toda persona tiene derecho a producir información y a participar equitativamente en la comunicación social. Se reconoce el derecho a fundar y mantener medios de comunicación e información. Además especifica que “el Estado respetará la libertad de prensa y promoverá el pluralismo de los medios de comunicación y la diversidad de información”. El artículo  84  señala que “el Estado fomenta la creación de medios de comunicación e información y su desarrollo a nivel regional, local y comunitario e impide la concentración de la propiedad de estos”. También se establece la existencia de un sistema de medios de comunicación e información públicos descentralizados e independientes (artículo 85). Estas garantías permitirán que se fortalezcan los proyectos e iniciativas para sacar adelante medios comunitarios como radios o televisoras locales, que si bien ya están reconocidas en la legislación nacional, aún con muchos desafíos para consolidarlos y darles sostenibilidad financiera.

El derecho a el acceso universal a la conectividad digital y tecnologías de información y comunicación, consolida en el artículo 86 una propuesta que eleva la exigencia al Estado para reducir y cerrar las brechas de acceso a la conectividad digital, cuando actualmente la Ley General de Telecomunicaciones (que data de la década de los 70s) no reconoce a Internet como un servicio público como la electricidad o el agua. Además esta es una garantía que reconoce finalmente lo establecido por Naciones Unidas al señalar que Internet es un derecho humano (en resoluciones de 2011 y 2016), y como tal se entiende que el acceso a la conectividad y tecnologías son claves para el ejercicio de otros derechos sociales (acceso a la información, educación, trabajo, servicios del estado, etc). Esto se complementa con el derecho a la educación digital, que implica la posibilidad de fortalecer políticas públicas e iniciativas como programas de alfabetización digital, educación tecnológica (ej: programación) y también otras competencias digitales a lo largo de la vida de una persona (artículo 90). Estas garantías son claves ya que a pesar de que Chile es conocido por su alta penetración de Internet, ha sido también durante este contexto de pandemia en que ha quedado en evidencia que tanto las brechas digitales de acceso como de competencias digitales están muy presentes en todo el territorio, como lo identifica un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo sobre inclusión digital en el país: la conexión a banda ancha (de mayor calidad y velocidad) en las zonas rurales sigue siendo baja en comparación a las zonas urbanas (40% vs 60%), y existen más de 30 comunas urbanas de sectores vulnerables en las que las condiciones de acceso y calidad de la conectividad son críticas, entre otras razones, por falta de prioridad de las empresas que prestan estos servicios.

La propuesta de nueva constitución también incorpora e incluye la protección de los datos personales, en todo el ciclo que va desde su recolección a su tratamiento, y en particular la autodeterminación informativa (artículo 87), que es un derecho derivado del derecho a la privacidad que reconoce la facultad que tenemos todas las personas para ejercer control sobre la nuestra información personal, y la creación de una Agencia Nacional de Protección de Datos Personales (artículo 376), que permite contar con una institucionalidad que se haga cargo de manera independiente y profesional de todo lo que implica el cumplimiento de estas garantías.

También están las garantías en materia de seguridad informática (artículo 88) y la garantía de una vida libre de violencias en los espacios digitales (artículo 89), porque también en los últimos años han aumentado las situaciones de hackeo o ataques a plataformas de instituciones públicas y privadas exponiendo información sensible (como salud, trayectorias de vida personal, etc) y por cierto en los casos de acoso, hostigamiento o ataques en plataformas y/o usando dispositivos tecnológicos, especialmente al colectivo de las mujeres y de la comunidad LGTBQI+.

Si bien no todas las propuestas -que llegaron tanto de las instancias de iniciativas populares de normas como de las audiencias públicas- fueron incluidas y recogidas en el texto, por ejemplo, el reconocimiento al sistema de medios comunitarios en particular, una institucionalidad para la convergencia tecnológica- medial, el derecho a la educación en medios (educación medial), la protección a la labor de periodistas y comunicadores o el reconocimiento de los “bienes comunes digitales”, entre otros, confiamos en que estos temas podrán ser retomados a futuro en la forma de proyectos de ley o políticas públicas.

La lista de temas de los artículos y garantías constitucionales incorporadas en el texto final, la hemos resumido en la siguiente tabla:

Derecho a la Comunicación Derechos Digitales
-Libertad de Expresión

-Derecho a la Comunicación social

– Pluralismo, diversidad de medios de comunicación e información y libertad de prensa

-Límites a la concentración de la propiedad de medios

-Promoción de la creación de medios a nivel regional, local y comunitaria

-Derecho a la rectificación

-Acceso a la información pública

-Reconocimiento al sistema de medios de comunicación e información públicos

-Reconocimiento de la infraestructura de telecomunicaciones (redes y conectividad) como de interés público

-Derecho al acceso a la conectividad digital y tecnologías de información y comunicación

-Principio neutralidad en la red

-Condiciones de calidad y velocidad adecuadas y efectivas de conectividad

– Educación digital

– Accesibilidad digital (en relación a personas de tercera edad y personas con discapacidad)

– Desconexión digital (en cuanto a derecho al trabajo)

– Participación política y social a través de en espacios y medios digitales

– Garantía de espacios digitales libre de violencias

-Seguridad informática

-Protección de datos personales, autodeterminación informativa y creación de una Agencia Nacional (autónoma) de Protección de Datos Personales

 

Durante el período de discusiones de estos temas en el pleno de la Convención, también se evidenció el desconocimiento, la confusión conceptual técnica y la falta de voluntad sobre la discusión de derechos o garantías que cambian la relación y del Estado y del sector privado en materia de comunicaciones, medios, telecomunicaciones, así como la visión en relación a la participación de otros actores y sectores como el tercer sector de las comunicaciones y telecomunicaciones o de elevar la presencia del Estado no sólo como un regulador del sector.

La próxima votación del plebiscito del 4 de septiembre de 2022 para aprobar o rechazar la Nueva Constitución podría ser un hito en el reconocimiento de estos derechos sobre comunicación y derechos digitales, que potencien tanto a la necesaria democratización de las comunicaciones y medios en Chile, como al reforzamiento de políticas públicas y nuevos modelos para una avanzar en una sociedad digital más inclusiva.

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