“En Centroamérica el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la comunicación se enfrentan a un marco jurídico insuficiente y que avanza en sentido contrario a la tendencia democrática que se experimenta hoy día en muchos países del continente Americano.”
Oscar A. Pérez (*)/ Centroamérica, abril 2015
No existe duda que la concentración de la propiedad de los medios de comunicación en oligopolios mediáticos comerciales en Centroamérica solamente ha sido posible gracias a que existen marcos jurídicos que la han facilitado y promovido. Dejar pasar y hacer sigue siendo la constante que predomina en los Estados de la región, de cara a la administración de un bien que es patrimonio de la humanidad: el espectro radioeléctrico.
Peor aún, el reconocimiento del derecho a la libertad de expresión como derecho humano y que es asumido por cada una de las constituciones políticas en Centroamérica, es negado de forma clara por las leyes secundarias de los países de la región. Situación que avanza en sentido contrario a la calidad de nuestras democracias.
Estas conclusiones forman parte del análisis que se ha realizado de la situación actual de las políticas públicas y los marcos jurídicos en Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador, y que tiene como objetivo ayudar a promover la democratización de las comunicaciones y la reivindicación del derecho a la comunicación, fundamentalmente desde la perspectiva de las radios comunitarias de la región.
“Poder y Medios en Centroamérica. Construyendo políticas públicas ciudadanas”, es el nombre del libro que –se puede descargar en www.voces.org.sv- tiene como objetivo general “promover e incidir en políticas públicas y marcos jurídicos que faciliten la participación ciudadana en la reivindicación del Derecho Humano a la comunicación, como condición fundamental para contribuir a la calidad de la democracia en la región, por medio de procesos que complementen el trabajo de los defensores/as de derechos humanos y periodistas comunitarios”. Ha sido posible gracias a los auspicios de la Fundación Comunicándonos, con recursos financieros del Fondo Holandés de Derechos Humanos, administrado por ICCO Cooperación de Holanda, apoyado por la Embajada del Reino de los Países Bajos en Costa Rica.
Debe destacarse en los cuatro casos analizados, la carencia de estudios sobre la radiodifusión y el poder estatal en la región centroamericana, al menos desde la perspectiva de la política y las leyes y, que a diferencia de los estudios previos, los ensayos realizados en los cuatro países realizan un acercamiento a los efectos y problemas generados por las leyes en materia de radiodifusión y las políticas realmente adoptadas en este ámbito, más allá de declaraciones o publicaciones oficiales. Se trata de ir más allá del texto frío de la ley y de promesas establecidas en documentos de políticas públicas.
Las conclusiones recogidas en el libro nos indican que en Centroamérica, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la comunicación se enfrentan a un marco jurídico insuficiente y que avanza en sentido contrario a la tendencia democrática que se experimenta hoy día en muchos países del continente Americano. A la base de esta deuda con el respeto de los derechos humanos está el secuestro de la palabra, el sonido y la imagen que ha prevalecido inalterablemente a lo largo de la historia regional y que ha permitido que los oligopolios mediáticos comerciales –ahora con mucho poder político y económico-, exploten comercialmente y con mucha libertad los recursos que hacen posible el disfrute del derecho a la libertad de expresión y el derecho a la comunicación, como el espectro radioeléctrico. Tampoco existen normas secundarias sobre la adjudicación de la publicidad oficial, ni el reconocimiento de la radiodifusión comunitaria, ni un régimen de protección para las y los periodistas.
Estos oligopolios mediáticos comerciales que mantienen claros vasos comunicantes y un cruce de intereses con los grupos de poder político y económico dentro y fuera de la región, se han dedicado a fabricar y difundir credos para que sean socialmente asimilados como verdades inapelables; uno de ellos es que la libertad de expresión no requiere de regulaciones normativas, puesto que ello iría en contra del sistema de libertades, propio de una sociedad que se adhiere a un modelo de economía de mercado. Este argumento tiende a mimetizar la libertad empresarial con el derecho humano a la comunicación bajo la lógica del mercado. Bajo esta lógica comercial, no es difícil explicar que en Centroamérica las normas jurídicas no regulan a la comunicación como un derecho humano; lejos de ello, el marco jurídico se ha puesto al servicio de los oligopolios mediáticos comerciales, afectando ostensiblemente la pluralidad de voces en la región.
De manera particular es concluyente para el caso salvadoreño que lo primordial es adoptar una Política Nacional de Comunicación y adecuar las leyes sobre radiodifusión, en particular la Ley de Telecomunicaciones, con una perspectiva de derechos humanos, con el objetivo de contribuir a la construcción de una democracia de calidad sobre la base de los estándares internacionales presentados y ya reconocidos por los mismos gobiernos de la región. Con relación a Guatemala la necesidad de emprender procesos de concertación local, departamental y nacional que permitan respetar al máximo las actuales coberturas de las radios comunitarias, sin que lleguen a interferir con las emisoras legalmente constituidas; como también la necesidad urgente de establecer por medio de ley una reserva del espectro radioeléctrico para uso comunitario. Mientras en Honduras, la deuda del Estado y la democracia, en la falta de reconocimiento del derecho a la comunicación en su Carta Magna, que se traduce en falta de acceso a la comunicación y a la discriminación de los sectores sociales, comunitarios y pueblos indígenas y negros, de este derecho. Finalmente Nicaragua si bien cuenta con una política pública de comunicación, la realidad del sector permite deducir que su implementación ha sido muy limitada y esa no se ha aprovechado para el desarrollo de las comunicaciones, ni para consolidar su democracia.
El libro “Poder y Medios en Centroamérica. Construyendo políticas públicas ciudadanas” recoge con mucha preocupación la firme tendencia que existe en Centroamérica hacia una mayor concentración de la propiedad de los medios de comunicación en los oligopolios mediáticos comerciales. Preocupación que se vuelve más fuerte cuando los procesos de digitalización de las comunicaciones, ya emprendidos en Centroamérica, apuntan a generar más concentración de medios en pocas empresas o familias, afectando directamente a la calidad de nuestra democracia.
Los resultados que presenta este importante libro no brindan un panorama alentador para la sociedad centroamericana, sobre todo porque las autoridades encargadas de conducir este proceso de transformación o convergencia tecnológica buscan digitalizar la radio y la televisión con los mismos marcos jurídicos que llevaron a la concentración de la propiedad de frecuencias en pocas manos.
Por ello, es urgente que los gobiernos y legisladores/as de cada país en la región enfoquen y le den un nuevo rumbo a la digitalización de las comunicaciones, que no es un asunto meramente técnico,sino profundamente político, que tiene ver con el futuro de las nuevas generaciones en Centroamérica. Todavía estamos a tiempo de modificar este camino, amañado por las asociaciones y cámaras de radio y televisión, pues la multiplicación de canales o las frecuencias resultantes del dividendo digital deben ayudar a modificar el actual mapa de medios en la región. La digitalización de las comunicaciones es una gran oportunidad tecnológica para nuestros pueblos, pero también se puede convertir en una terrible pesadilla para nuestra gente si dejamos que se continúe legislando a favor de los intereses de los oligopolios mediáticos comerciales.
Por la salud y calidad de nuestras democracias es imperativo que clase política y la sociedad civil de la región trabajen por un mapa de medios más plural, donde podamos fortalecer y promover la libertad de expresióncon los tres sectores que hacemos comunicación: público, comercial y comunitario, y gozar así de la comunicación como un derecho humano. Solamente es cuestión de voluntad política para iniciar con la democratización de las comunicaciones en la región.
(*) Presidente-Director de la Fundación de la Comunicación para el Desarrollo (Comunicándonos), Representante de AMARC para Centroamérica y miembro de la Junta Ciudadana por el Derecho Humano a la Comunicación de El Salvador.
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