Durante todo el 2016, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) dictó sentencia sobre 28 de los 29 recursos de inconstitucionalidad interpuestos por distintas empresas privadas de radio, TV abierta y paga contra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA). De los más de 130 artículos impugnados (la norma tiene 200), la Corte determinó la inconstitucionalidad solo de dos artículos y fragmentos de otros seis que, de acuerdo con abogados expertos en derecho constitucional consultados por el diario El Observador, no implican cambios sustanciales a la ley y su modelo de regulación.
La nota de El Observador recoge las opiniones de especialistas que, a pesar de haber estado en contra de la normativa reconocen que los fallos de la SCJ no afectan sustancialmente al corazón de la ley. El constitucionalista Martín Risso, asesor de varios de los denunciantes y quien aparece citado en varias sentencias de la Corte, señaló que “me sorprendió los pocos artículos que fueron declarados inconstitucionales”. Por su parte, el abogado Diego Gamarra sostuvo que en los dictámenes de la SCJ “no se afectó en lo sustancial el modelo de regulación y control de servicios de comunicación establecido por la ley porque no se trata de los artículos medulares del sistema”.
También cabe recordar que durante el 7° Congreso de Reguladores del Audiovisual de Iberoamérica realizado en octubre en Chile, el propio Presidente de la SCJ señaló que “de unos 200 artículos (que tiene la ley) hemos declarado inconstitucionales unos pocos artículos, y esos artículos no hacen a lo que es la estructura de la ley. Es decir, la estructura en cuanto a derechos de los usuarios, la estructura en cuanto a la creación de un organismo independiente y con integración multisectorial… ha superado el test de constitucionalidad, así como la gran mayoría de la norma”.
Desde la asunción de Tabaré Vázquez como Presidente, la postura oficial ha sido esperar la resolución de los recursos por parte de la Corte para aplicar integralmente la ley. Recientemente, Vázquez aseguró que “en el primer trimestre del año próximo seguramente” se reglamente la normativa.
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