Entrevista a Oscar Pérez, Presidente-Director de la Fundación Comunicándonos y representante de la Junta Ciudadana por el Derecho Humano a la Comunicación.
– ¿Cuáles son los aspectos positivos del fallo de la Sala Constitucional en relación a la Ley de Telecomunicaciones?
R/ Me gustaría contestar siendo positivo, pero en la medida en que uno lee y relee la Sentencia de la Sala de lo Constitucional (http://voces.org.sv/wp-content/uploads/2015/07/Sentencia-Sala-de-lo-Constitucional.pdf) me preocupa y nos preocupamos más, ya que le ha faltado a los magistrados una mirada de derechos humanos y no tengo ninguna duda, a la Sala de lo Constitucional le faltó valor para enfrentarse al poder de los oligopolios mediáticos comerciales en El Salvador.
Para contestar con mayor precisión sus preguntas voy a utilizar como base el comunicado público que hemos dado a conocer recientemente como Junta Ciudadana por el Derecho Humano a la Comunicación (http://voces.org.sv/wp-content/uploads/2015/08/Aclaracion-inconstitucionalidad-65-2012-36-2014.pdf), esfuerzo social del que somos parte.
Quizás lo positivo de la Sentencia pueden ser tres cosas: la primera que respondió a las demandas de inconstitucional de la Ley de Telecomunicaciones presentadas por la ciudadana, tarde, pero respondió; la segunda, que deja abierta varias rendijas para que desde el gobierno, y sobre todo desde la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), se le pueda presentar a la Asamblea Legislativa caminos posibles para que antes del 31 de diciembre de 2015 –fecha tope que también dan los magistrados- pueda garantizar un marco jurídico donde se puedan contemplar los tres sectores de la comunicación: público, comercial y comunitario; y, tercero, que nos facilita el camino a las organizaciones defensoras de los derechos humanos para exponer a la Sala de lo Constitucional ante organismos internacionales, pues la Sala vulneró el derecho a la libertad de expresión consagrado en nuestra Carta Magna, no incorporó el reconocimiento de los tres sectores de la comunicación y su funcionamiento para la construcción de una sociedad democrática; no alzó su mirada a instrumentos que desarrollan este derecho como los Estándares Internacionales de Libertad de Expresión para una Radiodifusión Libre e Incluyente, ni los Estándares para la Transición a una Televisión Digital Abierta, Diversa, Plural e Inclusiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y, por el contrario, continúa con la visión de que el uso del espectro radioeléctrico es exclusivo para fines lucrativos.
– ¿Cuáles son los aspectos negativos del fallo?
R/ La valoración que hacemos desde la Junta Ciudadana por el Derecho Humano a la Comunicación es que este fallo solamente favorece la concentración de medios en pocas manos, en otras palabras viene a fortalecer a los oligopolios mediáticos comerciales del país. Es un fallo que no favorece la lucha por la democratización de las comunicaciones, pues sigue considerando la comunicación como una mercancía y no como un derecho humano. Esto hay decirlo clarito, pues este fallo no contribuye a la calidad de nuestra democracia que venimos construyendo desde que firmamos los Acuerdos de Paz (1992).
Por ejemplo, el fallo de la Sala tiene una exigencia hacia la Asamblea Legislativa para que elabore una normativa que regule las concesiones antes del 31 de diciembre de este año, valoramos que se trata de una petición que generará peligros, pues la receta que le ha dado al legislador es para que consolide la concentración del espectro radioeléctrico en quienes tradicionalmente lo han acaparado y no orienta al legislador hacia el reconocimiento de los tres sectores de la comunicación. Por ello, es necesario que se den reglas claras para el reordenamiento previo sobre todo ahora que estamos hablando de la transición a lo digital.
Otro aspecto negativo del fallo y con el cual manifestamos nuestro desacuerdo es sobre la renovación automática de la concesión de frecuencias para quienes obtuvieron la concesión antes de emitida la resolución, ya que este componente permite la eternización de las frecuencias de radio y Tv concentradas en los oligopolios mediáticos comerciales del país.
También, cuestionamos el atrevimiento que se tomó la Sala al ordenar que en la implementación del sistema de radiodifusión digital, los concesionarios mantengan el mismo ancho de banda, sin valorar que con esta disposición, se cierra la oportunidad para que nuevos actores puedan acceder a una frecuencia a través de los beneficios del dividendo digital. Con este fallo la digitalización de las comunicaciones se puede convertir en un peligro para la democracia salvadoreña, ya que el dividendo digital servirá ahora para fortalecer solamente al sector comercial, negando así un sistema mediático plural, libre, incluyente y democrático.
Nuevamente la Sala de lo Constitucional ha decepcionado jurídica y éticamente a la población salvadoreña, ya que se le presentó una oportunidad única e irrepetible para dar muestras de su compromiso con la ciudadanía y la democracia al desarrollar categorías jurídicas como el orden público y garantizar el derecho humano a la comunicación, que implica abrir los instrumentos para la emisión de ideas y pensamientos a la más amplia variedad de expresiones y visiones de la sociedad salvadoreña, como parte ineludible de la construcción de un país democrático donde todas la voces deben ser escuchadas. Pero simplemente le faltó valor para enfrentar a oligopolios mediáticos comerciales.
– ¿Que van a hacer ustedes ante el fallo de la Corte? ¿Cuáles son los siguientes pasos?
R/ Ahora trabajamos sobre tres escenarios: el primero, ya los ciudadanos demandantes han presentado y solicitado a la Sala un recurso de aclaración sobre el contenido del fallo, buscando así puedan corregir o aclarar parte del contenido de la sentencia; segundo, acompañar y buscar trabajar de cerca con el gobierno y la SIGET para que pueda elaborar y presentar ante la Asamblea Legislativa un anteproyecto de Ley de Telecomunicaciones que sea respetuosa de los Estándares Internacionales sobre Libertad de Expresión, sobre todo para garantizar que la digitalización de las comunicaciones venga a fortalecer la democratización de las comunicaciones y la calidad de la democracia salvadoreña; y, tercero, las organizaciones defensoras de la comunicación como un derecho humano también acudiremos a todas las instancias internacionales, para ello ya hemos solicitado audiencia ante la Comisión Interamericana.
– ¿Que debería de hacer el gobierno con el fallo de la Corte?
R/ Dejarse acompañar no solo por las organizaciones salvadoreñas que trabajamos por un sistema de medios más plural y democrático, sino también aceptar y dejarse acompañar y asesorar por organizaciones internacionales conocedoras del tema y personalidades como el Relator Especial para la Libertad de Expresió