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Ante la CIDH, organizaciones de sociedad civil advierten sobre riesgos para la moderación de contenido y presentan soluciones

En histórica audiencia temática de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre Moderación de Contenidos en Internet y Libertad de Expresión con representación multisectorial, representantes de asociaciones de derechos digitales destacaron la oportunidad que la Comisión plantee parámetros para que la moderación de contenido en línea sea compatible con estándares de derechos humanos.

Aunque no todos los participantes comparten cómo debería ser la solución -regulación pública, autorregulación o corregulación- hubo consenso que la situación que nos encontramos, con gran poder de agentes privados en definir qué circula en las redes, no es sostenible y que son necesarios cambios en el ecosistema a partir, incluso, de la acción de la CIDH.

La presidenta de la Comisión, la chilena Antonia Urrejola dijo, en la apertura de la audiencia de oficio, que «el hemisferio se encuentra en un punto de inflexión caracterizado por el deterioro generalizado del debate público», a que el Oficial Senior de Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Scott Campbell, añadió que vivimos un proceso, sin vuelta ,de migración de las plazas públicas para el medio digital. Para ello, en este escenario, las empresas no pueden estar solas para definir las reglas, afirmó, aunque las regulaciones estatales deben ser hechas con mucho cuidado para que no impacten negativamente la libertad de expresión.

Campbell presentó seis puntos que deben orientar el proceso regulatorio, entre los cuales la necesidad de enfocarse en los procesos de plataformas, y no en los contenidos, y exigir que la revisión de moderaciones se haga por personas, una vez que  es necesario tomar en cuenta los contextos en que los contenidos son creados.

El representante de Naciones Unidas  también defendió mayor transparencia de plataformas acerca de la moderación de contenidos y llamó a los Estados a ampliar las informaciones disponibles a la población acerca de los pedidos de remoción de contenido. Además, señaló que las plataformas deben ofrecer instrumentos de apelación, pero que la palabra final debe ser de una Corte independiente.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), por su parte, defendió «la autorregulación de las empresas informativas privadas y, por extensión, también de las plataformas digitales» sin embargo, indicó que estas «deben crear mecanismos más eficientes de rendición de cuentas sobre moderación de contenidos, cancelaciones y buenas prácticas» y frisó que las regla de moderación sean sometidas a controles previos de cumplimiento de estándares de derechos humanos.

Partidario de que las empresas no pueden ser agentes de censura o de violación al derecho a la libertad de expresión, Eduardo Bertoni, Representante de la Oficina Regional para América del Sur del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), consideró que es necesario cambiar la llave de discusión de “más moderación” para “más información y educación mediática”. El ex Relator para la Libertad de Expresión de la CIDH sugirió que la Comisión haga un esfuerzo de formulación de parámetros para la moderación de contenido de acuerdo con los principios de derechos ya establecidos en la región.

Gustavo Gomez, Director Ejecutivo de OBSERVACOM, destacó el escenario distinto que tenemos hoy, en que las acciones de empresas privadas pueden afectar a la libertad de expresión como nunca antes, lo que trae nuevos desafíos a los defensores de derechos humanos. “Algunas empresas, además de intermediarios, se convirtieron en gatekeepers. Algunas empresas controlan el acceso a la conexión Internet, a despecho de la neutralidad de red, por ejemplo, y lo mismo pasa en la capa de plataformas de contenidos”. Según Gómez, la humanidad nunca tuvo un problema como éste. Así que no basta la  autorregulación. Para un control democratico y garante de derechos de las personas, es necesario también una regulación pública. “Elaboramos una propuesta que no obliga a las plataformas a moderar contenidos. No queremos que los Estados obliguen a las plataformas a ser policías, pero tampoco que ellas sean policías privadas por decisión propia. Así que proponemos una regulación centrada en procesos”, dijo, haciendo referencia al documento “Estándares para una regulación democrática de las grandes plataformas que garantice la libertad de expresión en línea y una Internet libre y abierta”.

Desde México, Luis Fernando García, de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), destacó que la CIDH está en condiciones de crear estándares que puedan superar la dicotomía entre una posición de Estados autoritarios y la negación del impacto que las empresas con poder dominante en Internet tienen sobre los derechos humanos. Para que podamos avanzar en un escenario de control a estas plataformas con mucho poder es necesario tener medidas obligatorias de interoperabilidad y tener el cuidado de que una regulación no consolide posiciones de dominancia de algunos actores privados, agregó.

A pesar que el centro de la audiencia de moderación se enfocó en los intermediarios de la capa de contenidos, Agustina del Campo, recordó que, además de redes sociales, proveedores de infraestructura para telecomunicaciones también son considerados intermediarios y pueden moderar lo que se ve en la red. “Debemos recordar que la Sección 230 se aplica ampliamente a los intermediarios”, dijo. La Directora del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE) también señaló que “los estándares internacionales de derechos humanos están pensados ​​desde la perspectiva estatal, por lo que la traducción a prácticas privadas no es sencilla”. Y, por fin, destacó que la CIDH tiene la oportunidad de ofrecer estándares para abordar la cuestión de la moderación de contenido en línea.

Para añadir informaciones acerca de las experiencias en curso con objetivo de desarrollar modelos de moderación que estén en harmonía con la legislación internacional de derechos humanos, Catalina Botero presentó el funcionamiento del Consejo Asesor de Contenidos de Facebook, del cual es integrante, e hizo un llamado para aproximación de interlocutores externos como OBSERVACOM, la CIDH y la Relatoría de Libertad de Expresión de ONU y -si son creadas iniciativas semejantes de otras empresas – también con ellas. “Con este diálogo vamos a poder transitar por el camino adecuado para tener un buen modelo”.

También participaron de la audiencia los representantes de las empresas Google, Facebook y Twitter, que presentaron algunas de sus iniciativas para mejorar la respuesta a las presión por una moderación de contenido adherente a los principios de derechos humanos.

Al cierre, el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Pedro Vaca, retomó el tema del debate público y agregó la alfabetización digital y moderación de contenidos en el internet, como parte de la agenda a futuro. Vaca será quien conducirá el proceso de consulta que la Comisión ha iniciado con esta audiencia convocada de oficio.

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