A mediados de mayo, a través de la Oficina de Comercio de Estados Unidos, la administración de Donald Trump notificó al Congreso su interés en renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que involucra a Estados Unidos, México y Canadá, a partir del 16 de agosto de 2017.
“Notamos que el TLCAN fue negociado 25 años atrás, y mientras nuestra economía y negocios han cambiado considerablemente en ese período, el Tratado, no. Muchos capítulos están desactualizados y no reflejan estándares actuales”, señaló el embajador Robert Lighthizer, representante de la Oficina de Comercio, en la carta enviada al Congreso.
En la misiva ya se adelantaba que, entre los principales temas de interés para la renegociación, se encontraban el comercio electrónico, nuevas disposiciones relativas a la propiedad intelectual, prácticas regulatorias y servicios, entre otros asuntos.
Las metas de la renegociación aparecieron más detalladas un mes más tarde, el 17 de julio. En el documento “Resumen de los objetivos para la renegociación del TLCAN” se explicitan los objetivos vinculados a los bienes industriales, medidas sanitarias, aduanas y facilitación del comercio, barreras técnicas al comercio, buenas prácticas regulatorias, comercio de servicios (incluidos los de telecomunicaciones y financieros), comercio digital y flujo internacional de datos, inversiones, propiedad intelectual, transparencia, previsiones para las compañías controladas por el Estado, política de competencia, trabajo, medio ambiente, anti-corrupción, “remedios” al comercio, compras del gobierno, pequeñas y medianas empresas y energía, entre otros.
En relación a los bienes industriales, entre los que podrían incluirse los bienes culturales, los objetivos de Estados Unidos contemplan mantener el acceso a los mercados sin impuestos así como también eliminar las barreras tarifarias a las exportaciones de Estados Unidos a los demás países del Tratado y promover la compatibilidad regulatoria en sectores de bienes claves.
En relación al comercio de servicios de modo general, incluidos los de telecomunicaciones, el documento señala que se busca “asegurar el compromiso de los países de TLCAN para proveer condiciones justas y abiertas para el comercio de servicios a través de reglas que aplique a todos los sectores de servicios, incluso reglas que prohíben”. En este sentido, se menciona la discriminación en contra de los proveedores de servicios extranjeros; restricciones al número de servicios en el mercado; y el requisito de que los países extranjeros que ofrecen servicios primero deban establecer presencia local.
Estos puntos son de gran importancia ya que al aplicar las mismas reglas a todos los servicios, se diluye la especificidad de los servicios culturales, se habilita el ingreso irrestricto a jugadores extranjeros, en particular norteamericanos teniendo en cuenta su incidencia en el mercado audiovisual mundial. A su vez se plantea que no deberían instalarse en el país donde prestan servicios, de modo que quedan por fuera de la potestad regulatoria del país que los recibe.
Para los servicios de telecomunicaciones específicamente se propone una regulación transparente y la existencia de reguladores independientes para facilitar el ingreso al mercado de los servicios de telecomunicaciones. También se plantea “asegurar compromisos para proveer acceso razonable a las redes para las proveedores de telecomunicaciones a través de la interconexión y el acceso a facilidades físicas y recursos escasos”, así como se postula la importancia de proteger la elección tecnológica de los proveedores.
Otro de los puntos que marca la agenda norteamericana para la renegociación del TLC se refiere al comercio electrónico de bienes y servicios y los flujos de datos transfronterizos. Al respecto se postula que no se impongan impuestos a los productos digitales como software, música, video, ebooks, entre otros, así como que se asegure un trato no discriminatorio para los productos digitales transmitidos electrónicamente y que los países del TLC no restrinjan el flujo de información y no requieran el uso o instalación de facilidades locales, entre otras cosas. Una vez más, esto no resulta un dato menor considerando las asimetrías en el tráfico de contenidos.
En materia de propiedad intelectual se propone, entre otras cosas, la protección de la propiedad intelectual con el surgimiento de nuevas tecnologías y nuevos métodos de transmisión y distribución de productos para asegurar que quienes detentan los derechos puedan controlar el uso de su trabajo a través de Internet.
Por su parte y de cara a la renegociación, Canadá ha planteado cinco objetivos, entre los que se destaca “promover la innovación y el comercio digital a través de la creación de un capítulo específico en el acuerdo dedicado al comercio electrónico, mientras que se mantenga la regla de excepción cultural prevista en el actual TLCAN”.
La Ministra de Relaciones Exteriores, Chrystia Freeland, aseguró que Canadá buscará un pacto “progresista”, que incluya protección para los trabajadores, para el medio ambiente, un nuevo capítulo sobre igualdad de género, un capítulo dedicado a la población indígena y la reforma del acuerdo de disputa entre inversores estatales para asegurar que los gobiernos puedan sancionar regulaciones a favor del interés público sin tener que enfrentar acciones legales, según informó el portal CBC News.
En el caso de México, se desconocen por el momento los objetivos para la renegociación. “Las estrategias de negociación no se comparten”, aseguró el Secretario de Economía Ildefonso Guajardo de acuerdo con El Universal. En este sentido, en una columna publicada por El Economista, el analista Jorge Bravo señaló “sabemos que Estados Unidos quiere sacar más ventaja de su posición de por sí ventajosa. Lo que no sabemos es qué quiere México. ¿Queremos regalar la interconexión a operadores con enormes ingresos? ¿No queremos que plataformas digitales tributen al país? ¿No queremos más IXP ni centros de datos en México? ¿No queremos que se reduzca el costo de las transacciones financieras y electrónicas? Si no queremos eso —que Estados Unidos sí quiere—, digamos qué queremos, para no sólo reescribir sobre las demandas de la USTR [Oficina de Comercio de Estados Unidos]”.
El proceso de negociación no será fácil y podría llevar años ya que, como señaló el diario Washington Post, por un lado, en 2018 habrá elecciones presidenciales en México y legislativas en Estados Unidos, y por el otro, tendrá que considerar los escenarios políticos tan diferentes de los tres países así como el lobby de las empresas, que buscarán modificaciones favorables a sus intereses.
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