Con los votos de los diputados de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la plenaria de la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión el proyecto de Reforma de la Ley de Telecomunicaciones, uno de cuyos ejes principales modifica el actual organismo regulador. Desde el oficialismo se lo acusa de intento privatizador, mientras que para la mayoría opositora en el legislativo se busca democratizar el espectro radioeléctrico. El proyecto de ley será enviado a la Comisión de Medios para que prepare el informe que será utilizado para la segunda discusión.
El proyecto de reforma de Ley de Telecomunicaciones, establece que la autoridad de aplicación es la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), que contará con un Consejo Directivo conformado por 5 miembros: 1 director general y 4 directores, todos ellos designados por el Presidente del país y ratificados por la Asamblea por un período de 3 años.
Entre las funciones del Consejo Directivo se encuentran: elaborar el Plan Nacional de Telecomunicaciones, autorizar la suspensión de contratos, dictar reglamento interno de funcionamiento, aprobar el presupuesto, establecer sanciones, elaborar normas técnicas, entre otras cuestiones. Los miembros del Consejo Directivo tendrán responsabilidad civil, penal y administrativa de las decisiones que se tomen en las reuniones de Directorio.
El nuevo texto normativo declara a las telecomunicaciones como actividad de interés general, sujeto a metas de calidad y cobertura. También determina que la duración de las licencias es de 20 años con posibilidad de prórroga por el mismo período.
En relación a la renovación de las licencias, cabe recordar que en el caso Granier (RCTV) vs. Estado Venezolano, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó el restablecimiento de la concesión del canal 2 para los operadores de Radio Caracas Televisión (RCTV). Esto no significa la perpetuidad de las licencias de radiodifusión para sus titulares, sino que la medida afirma la reparación del daño «sin que ello implique un reconocimiento de la propiedad de la concesión por parte de RCTV» (párrafo 380).
En las disposiciones transitorias del proyecto se alude a que el Estado promoverá la existencia de estaciones de radio y TV comunitarias “como medios para la comunicación y actuación, democrática, plural, transparente y no proselitista, de las comunidades organizadas en el ámbito parroquial”. A su vez se indica que el Estado promoverá el desarrollo de la radio y la televisión digital.
En relación al uso de cadenas oficiales, se permite la emisión de mensajes “referidos a circunstancias de orden social, económico, político y natural que afecten la seguridad de la Nación o sus habitantes, la prevención y atención de desastres naturales, alertas epidemiológicas y sanitarias, e informaciones sobre interrupciones de servicios públicos. Queda prohibido y será sancionado el uso de las alocuciones y mensajes oficiales previstos en éste artículo para fines partidistas, proselitistas y de propaganda”.
El proyecto de reforma de Ley fue entregado por el diputado José Gregorio Correa del partido Primero Justicia a la Comisión de Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional. Tomás Guanipa (Unidad, distrito Capital), presidente de dicha comisión fue el encargado de presentarlo y aseguró que esta reforma de la Ley de Telecomunicaciones busca democratizar el espectro radioeléctrico del país. Manifestó que en los últimos años el espectro radioeléctrico ha sido administrado con criterios políticos, por ello aseguró que urge una CONATEL cuyas decisiones sean apegadas a criterios técnicos y no políticos.
Los diputados del oficialismo rechazaron la propuesta de reforma al considerar que no beneficiará a los usuarios. William Castillo, director general CONATEL, calificó al proyecto como una propuesta de la “derecha”, que busca privatizar el espectro radioeléctrico. Además aseguró que ningún funcionario de la entidad fue invitado a debatir el proyecto a la Comisión de Medios.
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