La Asamblea Nacional (Diputados) aprobó un proyecto de ley que exige a los gigantes de Internet que eliminen en 24 horas mensajes de odio relativos a raza, género, religión, orientación sexual o discapacidades. Si no lo hacen en ese plazo podrían recibir multas correspondientes al 4% de sus ingresos anuales.
El encargado de imponer sanciones a las plataformas sería el Consejo Superior Audiovisual (CSA), que podría establecer multas de hasta 1,25 millones de euros en caso de infracción grave.
La iniciativa, aprobada con 434 votos a favor, 33 en contra y 69 abstenciones, ahora deberá pasar por el Senado.
Este proyecto es similar a la solución regulatoria adoptada por Alemania para combatir los discursos de odio a través de la Network enforcement Act de 2017.
Como hemos señalado, este tipo de medidas constituyen una “mala práctica” que amenaza a la libertad de expresión al incumplir con uno de los criterios del test tripartito planteado por la Comisión Interamericana Derechos Humanos (CIDH). Las obligaciones de remover contenidos en tiempos perentorios, expuestos a multas excesivas en caso de incumplimiento, no resulta una medida proporcional y actúa como incentivo para que las plataformas monitores y remuevan contenidos de manera indiscriminada para evitar ser sancionadas.
Otro riesgo de iniciativas como las de Alemania y la que se discute en Francia, es que otorgan mucho poder a las empresas para definir lo que es legal y lo que no lo es, convirtiéndolas en “jueces de la verdad” y legitimando los mecanismos de regulación privada.
Desde OBSERVACOM cuestionamos el rol de las plataformas como “gatekeepers” privados en la circulación de discursos en línea por decisión propia (en aplicación de sus términos de servicio, por ejemplo), pero también rechazamos las iniciativas legales que las obligan a ser policías o jueces privados de los contenidos publicados por sus usuarios. En este sentido, destacamos la importancia de diseñar un entorno normativo “inteligente y democrático”, para trascender la opción dicotómica entre regulaciones abusivas por parte de los gobiernos y los actuales mecanismos de autorregulación corporativa.
Esta regulación deberá asegurar entornos adecuados para proteger a los usuarios del poder de las grandes plataformas y garantizar una Internet libre y abierta, una regulación respetuosa y compatible con los estándares internacionales de Derechos Humanos y que tome en cuenta las asimetrías existentes entre distintas plataformas y servicios. Un desarrollo de estas ideas puede verse AQUÍ:
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