La Comisión Sexta (Transporte y Comunicaciones) aprobó el primer debate el proyecto de Ley que busca declarar a los servicios de Internet fijo como servicio público domiciliario.
Como hemos publicado en OBSERVACOM, el Decreto 464/2020 había declarado como servicio esencial a las telecomunicaciones (incluido el acceso a Internet) durante la pandemia de COVID-19. Con este proyecto se busca extender la clasificación en forma permanente, más allá del contexto sanitario entendiendo que en este periodo se ha mostrado de modo claro la centralidad del acceso a Internet para el ejercicio de derechos fundamentales.
En particular, la iniciativa votada “tiene por objeto establecer la prestación del servicio de internet fijo como un servicio público domiciliario”, según establece el artículo 1 del proyecto. Dicho servicio se define como aquel “cuya finalidad es la conexión permanente de los datos de Internet a través de red de fibra óptica, coaxial, o similares con ancho de banda” (art. 5).
En su exposición de motivos se indica que si bien la Ley 1341 de 2009 define Internet fijo como servicio público, no lo encuadra dentro del concepto domiciliario. De este modo, la iniciativa de León Freddy Muñoz Lopera (Partido Verde), quien lo presentó junto a los representantes María José Pizarro y Oswaldo Arcos, plantea reformar la Ley 142 de 1994 “por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”, para clasificar al servicio de Internet fijo como “domiciliario”. Así se le otorgaría el mismo estatuto que los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de gas combustible, telefonía pública básica conmutada y telefonía local móvil en el sector rural.
El proyecto se fundamenta en la pandemia de COVID-19, que obligó a la transición de distintas tareas al entorno virtual.
En este sentido se sostiene que “se hace necesario elevar a la categoría de servicio público domiciliario la prestación del servicio de internet, toda vez que ese cumplen las características propias de un servicio que se presta por el Estado, o un particular que cumple las funciones estatales de llevar los servicios de calidad hasta las residencias colombianas. Pues el mismo se presta a través de una red que llega a los hogares y domicilios de los residentes; es un bien de propiedad pública, es decir, un bien común del cual deben gozar todos los colombianos tal y como sucede con el servicio público domiciliario de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de gas combustible, telefonía pública básica conmutada y la telefonía local móvil en el sector rural”.
El documento también explica que uno de los principales problemas de conectividad en el país radica en la concentración empresarial y la realización de despliegues en zonas más rentables. “El sector de las telecomunicaciones se ha visto abocado a pugnas por la posición dominante que ha ejercido uno de los operadores en el país, y a la concentración del mercado y el despliegue de las tecnologías en los centros urbanos, relegando con esto a las zonas rurales (donde la desconexión es del 77%), al igual que a los centros poblados, resguardos indígenas y comunidades negras”, sostiene.
“El hecho de que el internet fijo no sea catalogado dentro del marco normativo colombiano como un servicio público domiciliario, ha conllevado a que la creación de beneficios para las empresas de telecomunicaciones que prestan este servicio, no tenga una incidencia directa y un beneficio directo a los usuarios, pues todo se somete a las leyes del mercado, las que en ocasiones no tiene en cuenta la realidad de miles de familias colombianas que no pueden acceder a este servicio que ya no es un lujo, sino un producto de primera necesidad”, detalla.
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