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Bolsonaro avanza con la privatización de los medios públicos en Brasil. Incluye a EBC en el Programa Nacional de Desestatización

El Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, avanza en la privatización de la Empresa Brasil de Comunicaciones (EBC) al incluirla oficialmente en el Programa Nacional de Desestatización (PND), mediante el Decreto 10.669/2021.

A mediados de marzo de este año, Bolsonaro había anunciado que impulsaría la privatización de EBC junto con otras entidades como el Correo y la empresa de energía eléctrica. A su vez, desde el Ministerio de Comunicaciones habían adelantado la inclusión de la empresa de medios públicos en el PND, lo cual se oficializa ahora con el nuevo decreto.

En ocasión de aquellos anuncios, el Frente de Defensa de EBC y de la Comunicación Pública -que reúne a organizaciones de sociedad civil y trabajadores/as de EBC- habían alertado sobre la gravedad de la situación y convocaron a una campaña de repudio en redes sociales.

A través de una carta pública explicaron que “la decisión (del Ministerio) parece ser una respuesta de sectores de prensa ligados al sistema financiero, reproduciendo la lógica de dependencia de los mercados de la propia comunicación privada”. “Los argumentos (para la privatización) van desde un supuesto déficit que la empresa daría al gobierno hasta el valor de gasto con salarios y bajas audiencias”, indica la carta.

“La EBC no genera perjuicio o déficit. Es una empresa pública dependiente y no autosuficiente como el Correo o el Banco de Brasil. Aún si consiguiera recursos con patrocinios y prestación de servicios, sus fuentes de financiamiento no sirven y nunca servirán para que sea autónoma, ya que ello no debe convertirla en rehén del propio mercado para garantizar aún más su autonomía… Este modelo de negocio no es innovación de EBC, ocurre en el mundo entero. Solo consiguen autonomía financiera empresas financiadas a partir de impuestos, como la BBC del Reino Unido, o la RAI en Italia, no es el caso de Brasil”, explica el Frente de Defensa de EBC.

Las organizaciones sostienen que «los artículos de prensa reproducen el argumento del gobierno, afirmando que el presupuesto de 550 millones de reales al año (US$ 98 millones) es «mucho». Y siempre destacan las cantidades gastadas en salarios. No se mantiene una empresa que tiene dos televisores, ocho radios, dos agencias nacionales, produce contenidos y brinda servicios al gobierno federal sin recursos. Tampoco la comunicación se hace sin personas, que deben ser contratadas según la ley, y no violar la ley con la contratación por una persona jurídica (PJ)”.

“Es necesario restablecer la información ante una campaña de ataque que esconde la relevancia social de la empresa. Si es un hecho que el actual gobierno ha estado editorializando y desmantelando muchos programas y servicios, la solución no puede ser extinguir o privatizar, sino corregir errores y dar la estructura adecuada para que la empresa pueda, de hecho, cumplir con su misión constitucional de hacer comunicación pública”, concluyen.

 

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