El gobierno suspendió el principio de neutralidad de red en Colombia frente a la pandemia de COVID19. La Directora de Fundación Karisma, Carolina Botero, advierte que con esta emergencia se otorgó un gran poder a las empresas para definir cómo harán la priorización.
El Decreto 464 de 2020 estableció en su artículo 4 que “los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, que prestan servicios de conexión a Internet podrán, con sujeción a las necesidades que se generen por aumentos del tráfico que cursa sobre las redes y las mayores demandas del servicio, priorizar el acceso del usuario a contenidos o aplicaciones relacionados con los servicios de salud, las páginas gubernamentales y del sector público, el desarrollo de actividades laborales, de educación y el ejercicio de derechos fundamentales, únicamente durante la ocurrencia de pandemias declaradas por la Organización Mundial de la Salud”.
Luego, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) definió las condiciones de priorización mediante la Resolución 5951 de 2020. En el artículo 2 establece que las empresas deberán informar al regulador 24 horas antes de iniciar la priorización, que tendrá lugar “cuando se evidencien incrementos muy altos y recurrentes en la demanda de tráfico comparados con periodos similares de referencia; cuando se evidencie una degradación recurrente de la calidad del servicio ofrecida a los usuarios a nivel nacional o regional por efecto de haber superado la capacidad máxima de uno o más elementos de red; cuando el proveedor del servicio de acceso a Internet haya realizado las demás acciones de gestión de tráfico …sin que sea posible solucionar la degradación de calidad experimentada por los usuarios”.
En su nota publicada en El Espectador, Botero explica que la propuesta de la CRC estableció un modelo de revisión posterior basado en exigencia de transparencia a los operadores. Es decir, el regulador no dice a las compañías qué hacer sino que les exige información para controlar su accionar, a partir de un modelo de reporte en tres partes: en uno se establecerá la línea base con datos de tres meses antes de la pandemia, otro será para ver el tráfico de internet en hora pico y en el tercero los operadores definen cómo hacen la priorización y explican su decisión.
La Directora de Fundación Karisma advierte que la solución de la CRC da lugar a dos grandes aspectos, por un lado el enorme poder que se otorga a las empresas para definir la priorización y, por el otro, la importancia de promover medidas para el acceso a la información por parte de la ciudadanía.
“Las empresas reciben un poder enorme con la posibilidad de decidir cómo van a priorizar los datos.. La gran pregunta será ¿cuáles son los criterios que van a usar para, efectivamente, favorecer servicios de salud, páginas gubernamentales y del sector público, desarrollo de actividades laborales, educación y ejercicio de derechos fundamentales?”, señala Botero.
Además destaca la centralidad del entretenimiento para la salud emocional durante el aislamiento y se pregunta “si vamos a discriminar tráfico, acaso ¿no podemos priorizar entretenimiento local que apoye ingresos económicos para nuestros vecinos?”.
El segundo aspecto que pone en discusión Botero son las dificultades del acceso a la información y la necesidad de crear un mecanismo de control donde participen múltiples partes.
“Tener acceso a la información es importante para entender dónde están los cuellos de botella y cuáles serán las medidas que tomen. Se necesita para ver si son coherentes. El acceso a los datos no debe ser solo para la autoridad, sino para cualquier persona. Por eso, más allá de las preguntas, y con el escenario que dejan las decisiones en manos de los operadores de la infraestructura, la CRC debe crear un mecanismo de múltiples partes interesadas para acompañar esa evaluación posterior, comprometerse a publicar los datos que reciba y facilitar iniciativas académicas y ciudadanas de veeduría”, concluye.
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