Censura de Twitter y Facebook a Bolsonaro y una inédita colisión de derechos: oportunidad para hablar de regulación

Por João Brant*

Me resultó abusiva la decisión de Twitter y de Facebook de censurar los posts del Presidente Bolsonaro. No es un caso fácil. La protección de la salud pública es una de las razones que da la Convención Americana de Derechos Humanos para justificar la responsabilidad a posteriori de los ciudadanos, y las palabras del Presidente tenían una información errada sobre la cloroquina. Por su parte, Bolsonaro alentó a los ciudadanos a no seguir las recomendaciones del aislamiento, aun cuando son palabras de él, por las que puede ser responsable moral y civilmente.

Al censurar este tipo de mensaje de una autoridad pública, las plataformas afectan el derecho de acceso a la información de los brasileños, que deben tener derecho a saber la posición de su más alta autoridad sobre la crisis, lo que implica también un problema de soberanía. Además, soy de los que creen que Stuart Mill tenía razón al defender que la verdad viene de un debate libre y democrático de ideas. Las posiciones de Bolsonaro pueden estar siendo deconstruidas científicamente. Personalmente encuentro su línea impropia, pero creo que censurar su visión no es la mejor manera de que la sociedad llegue a conclusiones sanas sobre la verdad.

El debate del papel de las plataformas en la moderación de contenidos y en el control sobre la desinformación viene calentando desde la elección de Trump. Personalmente el tema me mueve desde 2015, cuando el Ministerio de Cultura de Brasil, tuvo ese post de la foto histórica de una india eliminada por Facebook. 

Después de cinco años dando seguimiento a este tema, mi lectura es que las plataformas tienen un papel clave – no se puede contar solo con el sistema de justicia – y tienen una gran responsabilidad en esta historia, después de todo una esfera pública en la que la información no es confiable afecta directamente la democracia. Pero deben hacer esto bajo criterios definidos de forma pública, alineados con los estándares internacionales y supervisadas por agencias independientes. 

Esa es la posición que hemos defendido en la iniciativa que el OBSERVACOM impulsa con Intervozes, IDEC y otras cinco entidades de Argentina, Paraguay, Ecuador, Uruguay y Costa Rica. En el sitio web de OBSERVACOM tiene la primera versión del documento que describe la propuesta, y la versión final deberá ser publicada este mes.

Algunas personas creen que la discusión no corresponde porque se trata de plataformas privadas. Yo diría que esta visión podría incluso justificarse en el debate en 2016, pero ya no se justifica en 2020.

En los últimos años se ha vuelto cada vez más evidente la centralidad de las plataformas en la organización del debate público. Algo que, combinado con su penetración y poder de mercado, y con la obligación de empresas de proteger derechos humanos, hace que sea totalmente razonable el tratamiento de estas grandes plataformas como parte central de la esfera pública. Ya estamos en un punto en el que el propio Facebook demanda que haya regulación pública sobre él.

Este no es el primero ni el más grave caso en la crisis del coronavirus. Desde el inicio de los procesos de aislamiento, las plataformas anunciaron que tendrían que reemplazar la moderación humana por moderación automática. Para tener una idea, sólo Facebook tiene 35 mil personas trabajando con revisión y moderación, que por la necesidad de aislamiento y de seguridad de la información no pueden actuar en este período. 

Este problema generó un a necesidad de ajustarse los cinturones frente a una ¨desaparición virtual¨ del piloto: una serie de casos de eliminación indebida de contenido, incluso de medios periodísticos. OBSERVACOM, entidad con la que he colaborado desde 2016, está haciendo una campaña para denunciar y reunir los casos de censura por bots.

Pero tal vez el aspecto más importante aquí es constatar que el debate sobre criterios y procedimientos públicos de supervisión de la moderación privada se ha convertido en inaplazable. Hoy hay varias organizaciones en el mundo dedicadas a estudiar este tema, hay propuestas de regulación en el Reino Unido y en Francia, y hay iniciativas de las propias empresas. Mi sensación es que el debate está caliente en Europa y en los Estados Unidos, y que en América Latina todavía tratamos las plataformas con mucha deferencia. Hay que aprovechar estos episodios que surgen de esta crisis de COVID19 para impulsar el debate de una vez.

* João Brant es brasileño y ha trabajado como investigador asociado de OBSERVACOM. Se desempeñó como Jefe de Gabinete en el Ministerio de Cultura de Brasil durante la Presidencia de Dilma Rousseff.