En un informe sobre los principales avances y desafíos en términos de derechos humanos en el país, la Comisión Interamericana aseguró que las radios comunitarias hondureñas afrontan retos económicos y de acceso a frecuencias, y que es necesario “un marco jurídico adecuado que les permita su correcto funcionamiento”
Tras su visita “in loco” -mecanismo de dicho órgano para investigar y recoger insumos- a Honduras en 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó un informe con los principales avances y desafíos en términos de derechos humanos, donde se destacan las dificultades económicas que afrontan las radio comunitarias para funcionar, así como los retos en materia de acceso a frecuencias para el sector.
La CIDH resaltó el importante rol que las radios comunitarias cumplen para garantizar un pleno el ejercicio de la libertad de expresión, dándole voz a distintos sectores de la sociedad, y realizó un llamado al Estado hondureño para que adopte las medidas necesarias en busca de que las radios comunitarias “tengan un espacio en el espectro radioeléctrico, y cuenten con un marco jurídico adecuado que les permita su correcto funcionamiento”.
“Resulta necesario que los Estados reconozcan legalmente a las radios comunitarias y que contemplen reservas de espectro para este tipo de medios, así como condiciones equitativas de acceso a las licencias que diferencien las realidades distintas de los medios privados no comerciales”, sostuvo la Comisión.
En el documento también se enfatiza que los registros de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) -datos de 2022- dan cuenta de un total de 1075 estaciones de radio operando, tanto en frecuencia modulada (FM) como en amplitud modulada (AM), sin embargo, solamente hay 15 radios comunitarias que cuentan con licencia otorgada por CONATEL.
Por otro lado, se menciona la recepción de diversas denuncias de organizaciones de la sociedad civil, planteando la existencia de importantes barreras para la sostenibilidad de las radios comunitarias “debido al abandono del Estado”, algo que “se vio agravado debido a la crisis económica que prosiguió a la pandemia de COVID-19”.
En la sección de “Recomendaciones específicas”, la Comisión destaca que es necesario “garantizar la pluralidad y diversidad de voces en los medios”, mediante la asignación de frecuencias para los medios comunitarios y de “la eliminación de todo tipo de obstáculos legales y prácticos que impidan el pleno goce del derecho a la libertad de expresión de periodistas comunitarios”.
Destacamos el informe “Entorno regulatorio y políticas públicas para la sostenibilidad de los medios comunitarios en Honduras”, realizado por el investigador Carlos Enamorado en el marco de un proyecto de OBSERVACOM llevado a cabo con apoyo del Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación (PIDC) de UNESCO.
Dicho informe analiza las normativas del país y su impacto sobre la sostenibilidad de los medios comunitarios e indígenas, asegurando en sus conclusiones que “el marco legal de la radiodifusión comunitaria en Honduras, no cumple con gran parte de los estándares interamericanos”.
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