Los partidos de derecha en la oposición al gobierno de Gabriel Boric lograron una mayoría en el Senado que les permitió aprobar una declaración institucional buscando que la Comisión sea declarada inconstitucional
La Comisión contra la Desinformación -comisión compuesta por representantes de la academia y la sociedad civil- que fue convocada para asesorar al gobierno sobre el impacto de la desinformación en la democracia, efectuar recomendaciones de políticas públicas y sugerir lineamientos para regular las plataformas digitales para afrontar este problema-, tuvo su primera jornada de trabajo el pasado 11 de julio.
En esa primera instancia participó Irene Khan, relatora especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión de la Organización de Naciones Unidas (ONU), afirmó que es positivo que la Comisión esté conformada por académicos, expertos y voces de la sociedad civil, ya que “hacer frente a la desinformación requiere respuestas multidimensionales y multipartitas, que estén bien fundamentadas en el marco de los Derechos Humanos”. Khan ya brindó aportes e informes a la Comisión y expresó que tiene interés en escuchar las conclusiones y resultados.
A su vez, Julio Bacio Terracino, jefe de la División de Integridad del Sector Público de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), también mostró su conformidad con el funcionamiento de esta Comisión y sostuvo que es necesario que los gobiernos aborden el fenómeno de la desinformación e intenten contrarrestar los efectos negativos.
Bacio entiende que el trabajo de la Comisión “ayudará a analizar el fenómeno de la desinformación, entender su magnitud y evolución, además de asesorar y formular recomendaciones para empoderar a las personas y la sociedad”.
Contrariamente a estos respaldos de organismos internacionales, el pasado 19 de julio el Senado de Chile aprobó una declaración institucional -proyecto de acuerdo- impulsado y votado por los legisladores de la oposición que busca declarar inconstitucional la Comisión contra la Desinformación.
En la declaración se argumenta que el decreto por el cual se conformó la Comisión es inconstitucional, sosteniendo que se incidió y decidió en una materia que es competencia del Congreso Nacional. A partir de este acuerdo, el Senado solicitó formalmente al Tribunal Constitucional que analice la posible inconstitucionalidad.
El presidente de la Comisión Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Carlos Jornet, si bien manifestó que se han despejado dudas con respecto al alcance del análisis de la comisión -se informó que no se abordará la prensa-, sostuvo que aún existen “luces de alarma” sobre la Comisión contra la Desinformación, ya que “podría caer en la tentación de instaurar mecanismos de censura”, y que si bien es importante abordar el tema “no cree que regular sea el camino”.
“Los gobiernos muchas veces comienzan con acciones como las que se están planteando aquí y luego van virando rápidamente a medidas que generan censura y resuelven qué es real y qué no es verdad”, afirmó Jornet.
La ministra de la Secretaría General del Gobierno de Chile (Segegob), Camila Vallejo, sostuvo que las comisiones que el Ejecutivo crea para recibir asesoramiento son muchas, diversas y no vinculantes con las políticas públicas y su vez, tampoco tienen el estándar jurídico para generar normas, por lo que la Comisión “no puede vulnerar un derecho fundamental”.
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