La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México, organismo autónomo que protege a los derechos humanos, presentó ante la Suprema Corte de Justicia una acción de inconstitucionalidad contra las reformas a la Ley Federal de Derechos de Autor (LFDA).
La LFDA, recientemente aprobada en el marco del Capítulo de Propiedad Intelectual del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), había sido fuertemente resistida por más de 30 organizaciones de la sociedad civil por considerar que promueve la censura digital y criminaliza la violación a los derechos de autor.
A través de un comunicado, las organizaciones habían planteado que con las modificaciones a las leyes nacionales para poner en práctica el Tratado se establecía un mecanismo de “notificación y retirada” que permitiría a cualquier persona que alegue una infracción a derechos de autor censurar expresiones en Internet, sin necesidad de pruebas y sin que sea determinado por un juez.
Además, las organizaciones explicaban que las reformas normativas contemplan hasta 10 años de cárcel para quienes eludan “medidas tecnológicas de protección”.
Señalaban que estas medidas es lo que se conoce como «candados digitales”, promovido por fabricantes o desarrolladores de hardware y software para impedir el acceso o copia de la información en equipos y sistemas, con el pretendido objetivo de impedir infracciones a sus derechos de autor. Según las críticas, los candados digitales obstaculizan el ejercicio de derechos y el desarrollo de actividades que benefician el interés público.
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