Expertos de organizaciones sociales, sector empresarial y comunidad técnica de Internet plantearon sus opiniones y recomendaciones para reforzar la transparencia de las plataformas en línea durante su participación en el Foro Regional para América Latina y el Caribe «Promoción de la información como un bien común”, evento organizado por UNESCO y PNUD.
“Tenemos capacidad en América Latina para avanzar en un esquema que vaya más allá de regulación abusiva y la autorregulación… Nosotros creemos que podemos avanzar en propuesta de regulación de procesos para dar garantías a los usuarios en la moderación de contenidos que hacen las grandes plataformas de Internet, que sean compatibles con los estándares de derechos humanos”, aseguró Gustavo Gómez, Director Ejecutivo de OBSERVACOM.
Gómez explicó que pedir transparencia a las plataformas es importante pero no suficiente. “No alcanza con saber cómo moderan sino que tiene que haber reglas claras sobre el procesos de moderación que utilizan”, dijo.
Planteó que “la transparencia no puede quedar librada a la decisión de las empresas. La transparencia y la rendición de cuentas tiene que ser una obligación, se tienen que generar mecanismos para que sea efectiva… se deben considerar otros aspectos como la elaboración de los términos de servicio en línea con los derechos humanos, el debido proceso y las garantías de derecho de defensa”.“Desde la sociedad civil creemos que se necesita más y mejor transparencia. Por ejemplo, mayor desagregación de las acciones sobre remoción de contenidos que hacen las plataformas para que los usuarios puedan reaccionar ante lo que consideren injusto. También necesitamos transparencia algorítmica. Conocer las acciones de las plataformas para empoderar al usuario. Necesitamos información sobre remoción de contenidos y cómo priorizan los contenidos… la indexación es un aspecto de mucha importancia para deliberación pública y el ejercicio de derechos”, concluyó.
En el panel, que contó con la moderación de Martha Tudón (Artículo 19 México), Gómez estuvo acompañado por Natalia Zuazo (Asociación por los Derechos Civiles, ADC, de Argentina), Raúl Echeverría (Asociación Latinoamericana de Internet, ALAI), Diego Canabarro (Internet Society, ISOC), y Jessica Mathus (Datos Protegidos de Chile).
La investigadora Natalia Zuazo coincidió con Gómez en que las acciones de transparencia de las plataformas bajo sus propias reglas no son suficientes. “Hay que recuperar nuestra propia soberanía de la transparencia (y recuperar) derechos de las personas han quedado subsumidos”, afirmó.
Frente a esta situación destacó que hay que “generar más evidencia de la transparencia de los métodos de las plataformas, plantear regulaciones en distintos sentidos y generar innovación desde los Estados… los Estados son capaces de asumir un rol productivo para recuperar lo que se les quitó a las personas”.
Zuazo planteó que necesidad de recuperar la transparencia económica y algorítmica. Sobre lo primero señaló que hay que hay que conocer cómo se construye la economía de las plataformas. “Creo en la regulación estatal, creo que las compañías tienen que probar cómo generan valor”, sentenció. Sobre la transparencia algorítmica señaló que los “algoritmos deben estar auditados, se debe ver que no discriminen, que hagan una buena gobernanza de datos, que sean comprensibles para las personas a priori de usarlos, que tengan buenas reglas de seguridad… Esto debe ser una norma y hay que priorizar algoritmos que inciden en vida de personas como aquellos que tienen que ver con la salud y educación”.
Por su parte, Raúl Echeverría de ALAI coincidió con Zuazo sobre la necesidad de innovación: “Busquemos mecanismos innovadores de desarrollo de nuevas formas de políticas que sean adoptadas masivamente y representen los consensos de múltiples partes”, señaló.
Desde su perspectiva hay que “salir de dicotomía de autorregulación y sobre-regulación… Necesitamos nuevas formas de políticas que no sean necesariamente leyes… por ejemplo, retomar las buenas prácticas surgidas de procesos de multistakeholders, que hagan que sean adoptadas ampliamente por las plataformas”.
Desde la comunidad técnica, Diego Canabarro de ISOC planteó que “un requisito esencial antes de pensar cómo regular a las plataformas es la idea de evaluación de impacto, similar a lo que se hace en temas de medio ambiente”.
“Hay que reconocer la complejidad del ecosistema de Internet. Tiene que haber evaluación del impacto que cualquier medida va a generar en el ecosistema”, explicó. Para eso contó que en ISOC están desarrollando un “kit de herramientas” para pensar las evaluaciones sobre distintos aspectos de Internet, entre ellos el filtrado de contenidos.
Canabarro señaló que la intervención que se haga sobre el ecosistema de Internet debe ser multidimensional, involucrar a múltiples partes y que se base en principios generales, más que en reglas puntuales centradas en el diseño de una plataforma particular.
Por último, Jessica Mathus de la Fundación Datos Protegidos de Chile planteó que “necesitamos que las plataformas puedan y deban estar obligadas a proteger el interés público… Deben incorporar en sus normas comunitarias los principios internacionales de derechos humanos”.
Además de la exigencia de transparencia, explicó que “la rendición de cuentas es un mecanismo necesario para el funcionamiento de la democracia”.
Por último indicó que la discusión sobre transparencia tiene incluir también el análisis de las violencias digitales. Por ejemplo, ¿cómo podrían transparentar procedimientos internos a las personas que denuncian vulneración de derechos o acoso cibernético?, concluyó
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