La Cámara de Diputados aprobó la modificación de la Ley de Telecomunicaciones, que renueva automáticamente el plazo de las licencias de radiodifusión hasta 2019, y permite una prórroga posterior por otros 15 años a los prestadores. También determina que aquellos que tengan más de una licencia dentro de la misma área de servicio y en la misma banda de frecuencia deben optar por una para acceder a estos beneficios.
“Se amplía, sin trámite alguno, hasta el 30 de noviembre de 2019, la vigencia de las licencias de radiodifusión que caduquen en las gestiones 2016, 2017, 2018 y 2019. Las licencias que hubieran vencido en la gestión 2016, antes de la promulgación de la presente Ley, podrán acogerse a esta disposición”, establece el decreto.
Además indica que “los operadores de radiodifusión que hubieran migrado al nuevo régimen, podrán renovar por única vez su licencia por quince (15) años sin necesidad de licitación pública, para lo cual deberán cumplir los requisitos técnicos y de contenido educativo, cultural, producción nacional y de derechos fundamentales a ser reglamentados mediante Decreto Supremo”.
El Vicepresidente del país, Álvaro García Linera, había señalado en declaraciones públicas que quienes tuvieran más de una frecuencia dentro del mismo área de servicio debería devolver al Estado las restantes para licitar dichos espacios para el despliegue de la televisión digital terrestre (TDT). Sin embargo, la normativa no lo menciona el destino de las frecuencias ni especifica explícitamente que deban retornar a manos del Estado.
Los cambios en la normativa surgen a partir del reclamo de la Asociación Boliviana de Radiodifusoras (ASBORA), que impulsó el acuerdo entre radiodifusores y el gobierno, en el contexto del vencimiento de las licencias de unas 500 radios que, según empresarios del sector, involucran a 2.500 trabajadores.
El Anexo del Decreto Supremo 1391, que establecía los mecanismos de renovación de radio y TV, estipulaba que para la renovación de las licencias, las empresas deben presentar un pedido ante la autoridad regulatoria un año antes. Dado que las 500 radios no lo hicieron oportunamente, siguiendo lo establecido por la Ley de Telecomunicaciones deberían participar de un proceso de licitación para poder operar. Con la modificación de la Ley, se pone fin al reclamo de radiodifusores privados.
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